Provincia
30-05-2018
Saturación, receta conocida
Tras el desembarco de 200 efectivos federales, la ministra Bullrich volvió a ensayar un discurso bélico, validado por la idea de una supuesta ausencia del Estado en barrios populares: todo mientras el macrismo impulsa la actuación militar en seguridad interior
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Alberto Carpintero

"No puede haber un milímetro de esta ciudad que esté dominado por fuerzas que no sean del Estado, no pueden haber espacios copados por el narcotráfico, no pueden haber sicarios que anden por la ciudad". En el marco de la ofensiva del gobierno nacional por instalar una supuesta necesidad de que las fuerzas armadas vuelvan a tener injerencia en seguridad interior, tal como lo expresaron en estas horas el presidente Mauricio Macri y su ministro de Justicia, Germán Garavano, los dichos de la titular de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, no hacen más que abonar la misma idea. Fue este lunes, cuando la ministra anunció el desembarco de 200 gendarmes destinados a trabajar en Rosario, que se suman a los 180 ya enviados a la capital provincial y a los que seguirá otro centenar para la ciudad más poblada de Santa Fe desde el 1º de junio. El discurso de ausencia del Estado en barrios populares parece ir en sintonía con dichos de uno de los funcionarios de Bullrich, Gerardo Milman, quien hasta mencionó el llamado fallo Arriola de despenalización de la tenencia de drogas para consumo, dictado nueve años atrás en el marco de una causa iniciada en Rosario, como presunta traba para la labor de los federales, justo en el momento en que el ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, acaba de avalar el proyecto de desfederalización del narcomenudeo presentado por Cambiemos en la Legislatura. También justo cuando la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) insiste en que Latinoamérica debe plantearse la legalización de las drogas hoy ilegales, como una salida a la violencia cada vez más palpable.

Saturación multiagencial

Por si no quedara claro, también dijo Bullrich a los gendarmes: “Ustedes tienen un objetivo concreto y una clara tarea porque, en estos lugares en los que hay un dominio territorial de quienes trabajan en organizaciones narcocriminales, éstos no pueden existir más. El territorio debe ser manejado por el Estado legal de la Constitución y no por el Estado del narcotráfico”. El discurso aparece como paradójico en varios puntos. En febrero pasado, tras un enero sangriento, la novedad que propuso la ministra fue la creación de un “equipo multiagencial”, que según prometió funcionaría en paralelo con el Comando Unificado reuniendo información criminal a partir de analistas de las cuatro fuerzas federales. Sin embargo, desde la mañana de este martes quedó claro otro anuncio, más reciente: los agentes están afectados a los operativos conjuntos que ya desarrollaban fuerzas de ambos niveles del Estado en los barrios Tablada y Municipal, en una suerte de razzia para la que son convocados cronistas, fotógrafos y camarógrafos. El mismo sector sobre el que la ministra deja entrever que no es controlado por el Estado, pese a que los vecinos afirman que los jóvenes que transitan esas zonas son diariamente cacheados por los federales, mientras que otras personas –jóvenes y no tanto– que se dedican a actividades delictivas pasan sin problemas, tal como denuncian habitantes del Fonavi de Lola Mora e Hipócrates.

Antes, montada en el arresto de un hombre acusado de dos crímenes conmocionantes en el marco de la disputa Funes-Caminos, Bullrich había hablado en tono bélico: “Vamos a saturar los barrios más violentos”. Le contestó entonces el titular de Diputados, Antonio Bonfatti: “Se equivocan si creen que ese es el camino para solucionar este problema”. En sintonía, contra la militarización, se habían pronunciado legisladores opositores tanto al gobierno nacional como al provincial, e incluso el ministro de Gobierno Pablo Farías: “No se resuelve con enviar más fuerzas sino con políticas adecuadas”.

Mientras por estos días se anuncian recortes millonarios en los fondos públicos a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional; mientras la devaluación golpea sobre la recaudación fiscal de la provincia y mientras Nación no cumple con el fallo de la Corte que obliga a devolverle a Santa Fe fondos detraídos de manera ilegal, la ministra vuelve sobre recetas aplicadas en otros años, desde el primer desembarco liderado por el secretario de Seguridad Sergio Berni en 2014.

Desde entonces, los federales comenzaron a sumar denuncias por apremios y torturas en los barrios rosarinos, mientras que en cada rincón del país comenzó a quedar claro que no son sólo las policías provinciales las afectadas por el dinero narco: crece la cantidad de gendarmes, prefectos, policías federales y aeroportuarios involucrados con bandas de traficantes, casi en manera proporcional en los efectistas operativos en que se incautan miles de kilos de droga, especialmente marihuana, sin causas judiciales que puedan avanzar sobre los estamentos superiores de las estructuras criminales.

Acordes de la portuaria

Bullrich también anunció este lunes “un plan adicional en el río y en los puertos con Prefectura Naval Argentina. Para que las hipótesis que siempre se manejan respecto del río y los puertos la podamos manejar y concretar con la ayuda de la Aduana, para que no sea un lugar donde puedan ingresar estupefacientes a la provincia”.

La novedad no es noticia. En septiembre de 2016, un día después de que la propia Bullrich firmara un inaudito convenio con puertos privados locales por el cual el Estado federal fue “autorizado” a controlar la ribera de su principal río, el Paraná, o sea las cargas que llegan y salen del complejo oleaginoso más grande del mundo, la Justicia federal terminó por dejar asentado en forma oficial que un embarque con 762 kilos de cocaína incautado en Bilbao, España, el 2 de agosto de 2010, salió de Rosario y fue acondicionado en Villa Gobernador Gálvez.

Ya en marzo de 2016 Bullrich había hablado sobre “la incidencia de la zona portuaria en Rosario”, pero siempre con el eje puesto en el supuesto arribo de droga a la treintena de puertos de la región –en su abrumadora mayoría privados– y no sobre la actividad inversa. Lo había dejado bien claro su segundo, Eugenio Burzaco: “Rosario es un puerto crítico en la Argentina, un punto neurálgico; tenemos que colaborar para que no llegue tanta droga”. Sin embargo, y pese a las cada vez mayores incautaciones de marihuana que baja desde el Paraguay en la Hidrovía, siempre en zonas ribereñas, no hay antecedentes de secuestro de esta droga en estos puertos, sino de lo contrario: la salida de embarques de cocaína de buena calidad con destino a Europa.

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