Provincia
29-05-2018
El presupuesto invisible
Desde el gobierno nacional buscan negociar a la baja los 50 mil millones de pesos que deben a la provincia de Santa Fe, en concepto de detracción indebida de coparticipación. Macri ofrece bonos no negociables y obras, pero recién ejecutó el 10 por ciento del plan de infraestructura vigente según el presupuesto.
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Orlando Chircaz | Cruz del Sur

 

El gobierno del presidente Mauricio Macri pretende pagar mucho menos de lo que corresponde a Santa Fe por la deuda que mantienen por la retención indebida de coparticipación. El cálculo que hizo la provincia, después del fallo favorable de la Corte Suprema, es de 50 mil millones de pesos pero la Casa Rosada está dispuesta a desembolsar bastante menos.

 

A los activos habría que agregar un paquete de obras, cuyo monto se desconoce aún pero que la provincia considera porque ayudaría a no paralizar el ritmo de la construcción y los niveles de empleo. Ese aspecto se está trabajando, para garantizar que el flujo de financiamiento (y de promesas) no se corte y para evitar que los santafesinos paguen obras que corresponden a la Nación.

 

Sin embargo, el mayor conflicto y motivo de discusión tiene que ver con el monto reconocido y la forma de cancelación. El senador provincial del Frente Progresista, Felipe Michlig, señaló que hoy la deuda por coparticipación ascendería a 70 mil millones de pesos por efecto de la inflación y la corrida cambiaria. Y se quejó porque el Gobierno central quiere certificar solo 31 mil millones con bonos.

 

El legislador radical advirtió que esos títulos de deuda son “no transferibles” y no contienen ningún esquema de actualización. La idea es no aceptar bonos que no se puedan negociar en el mercado nacional o internacional, o que no sirvan de garantía para tomar financiamiento externo. Mucho menos si no se pueden ajustar atendiendo el proceso inflacionario.

 

La oposición santafesina (el kirchnerismo y el perottismo principalmente) ya paró las antenas y esperan que el entendimiento entre los estados sea refrendado por la Legislatura; una forma de controlar el acuerdo político. Así como hasta 2015 criticaron el juicio que inició Santa Fe en la Corte por el presunto “desfinanciamiento” del gobierno de Cristina, hoy pretenden imponer condiciones.

 

Esa deuda, que originalmente era de 23.479 millones, se produjo durante la gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández porque se quedaron (sin ningún tipo de aval) con el 15 por ciento de coparticipación para financiar Ansés y con otro porcentaje del Fondo de Autarquía de Afip. La deuda, con una tasa de interés del Banco Nación, fue calculada en unos 50 mil millones por Santa Fe.

 

La Casa Rosada utilizó otro mecanismo de cálculo, mucho más beneficioso para la gestión de Mauricio Macri, y el monto claramente es menor. Por ahora las partes utilizaron la muñeca política para tratar de llegar a un entendimiento y que prime el acuerdo pero el tiempo juega en contra de las pretensiones de Santa Fe de hacerse con los recursos y una victoria para mostrar.

 

Otro aspecto que también llama la atención y genera malestar es que en materia de infraestructura federal, en el primer cuatrimestre de 2018, el gobierno del presidente Mauricio Macri devengó 582 millones de pesos de obras ejecutadas en Santa Fe. Siendo que el presupuesto de este año asciende a 5.590 millones de pesos, apenas ejecutaron el 10 por ciento.

 

Parece difícil que en siete meses por delante que tiene 2018 se ejecute el 90 por ciento restante, y esa subejecución provoca todo tipo de lecturas políticas y económicas. Desde la lentitud del gobierno macrista para materializar los proyectos, por ineptitud técnica, hasta un ajuste encubierto con la lentificación de obras públicas para utilizar esos recursos en otros gastos.

 

Del gradualismo al ajuste

 

La Casa Rosada intentó nacionalizar la existencia de un plan “gradual” para acomodar la economía como eufemismo para no hablar de recortes. En esa carrera por contar con la opinión pública incluye temas que buscan inducir sobre la toma de decisiones en las provincias, cuando no, compartir algunos costos políticos de determinaciones que tienen que ver directamente con un ajuste.

 

Uno de esos “temas” pasa por la reducción del déficit fiscal a partir de bajar el peso específico del Estado: despidos, retiros voluntarios, paritarias con techos del 15 por ciento y exigir a las provincias un esfuerzo por podar el empleo público, ni hablar de congelar la obra pública nacional porque –se dice– esos recursos irán a contener el gasto social. Ojo, no hablan de crisis sino de turbulencias.

 

En paralelo, alcanza con recorrer los foros virtuales de Cambiemos (y su ejército de trolls así lo demuestra) para ver que ese conjunto de medidas tienen un denominador común: hay mucho gasto porque hay que mantener subsidios y programas sociales. Una cosa es lo que se puede pensar para la clase media de ciudad de Buenos Aires, y multiplicarlo; otra es la reacción en el interior.

 

De hecho, hasta gobernadores de Cambiemos indicaron que sería un error congelar la obra pública y no están dispuestos a ningún ajuste fiscal que implique echar empleados estatales. A un año de la contienda electoral no quieren atravesar semejante trauma, pero además, dejaron un claro mensaje al propio Mauricio Macri: la Nación tiene un déficit muy superior al de las provincias.

 

Según lo expresado por dirigentes peronistas –no alineados al kirchnerismo–, la diferencia es del 6 al 1 por ciento del PBI. A su vez, de acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo nacional (en base al Sistema Integrado Previsional Argentino), la provincia de Santa Fe es uno de los distritos del país donde hay porcentualmente menos empleados públicos.

 

En Santa Fe el 69 por ciento de los trabajadores registrados pertenecen al sector privado y el otro 31 por ciento al Estado (21 por ciento son provinciales, 6 por ciento municipales y 3 por ciento nacionales). Buena porción de los estatales santafesinos son docentes, con lo cual tratar de reducir en ese rubro es imposible y muestra hasta dónde están dispuestos a presionar desde la Casa Rosada.

 

Formosa, Jujuy, Catamarca y La Rioja tienen más empleados públicos que privados. Con esos casos se intenta imponer el criterio de que se debe achicar el gasto, aunque en términos federales y nominales ese número de trabajadores es ínfimo en relación a las provincias más grandes y la Nación. Seguramente, el presidente igual pedirá “un esfuerzo más” para que cierren los números.

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