Sociedad
16-05-2018
Cuando regentear un privado es parte de la vida
Fue absuelta por la Cámara Penal una mujer que durante una década fue encargada de un departamento donde se ejercía la prostitución con la anuencia de las trabajadoras sexuales y había sido condenada a 4 años de cárcel. Una reforma a la ley penal encuadró su accionar en un delito.
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Carina Ortiz

Lucía es correntina, tiene 50 años. Regenteaba un privado donde trabajaban chicas mayores de edad. El Juzgado de Sentencia de la 1° Nominación la condenó a cuatro años de cárcel por promoción, facilitamiento y explotación económica de la prostitución. Pero la Cámara Penal decidió absolverla. Entendió que el delito se cometió antes de la ley 26.364 sobre prevención y sanción de la trata de personas, que modifica artículos del Código Penal. Esta ley fijó agravantes como el engaño, la intimidación o violencia, entre otros, y determinó como figura básica la promoción o el facilitamiento aún con el consentimiento de las otras trabajadoras. Así, el acuerdo con ellas pasó a ser incriminante. La Cámara entendió que la mujer realizó dicha actividad por más de una década. A lo que sumó el nivel cultural, la modalidad de trabajo y la relación que tenía con las personas que ejercían la prostitución. Lo que acreditó la posibilidad de que Lucía no entendiera que la actividad que había desarrollado por años ahora fuera un delito.

Durante más de una década el privado funcionó en un departamento de calle Suipacha al 900, en un segundo piso. Lucía era la encargada desde el 2002, cobraba, se ocupaba de las contrataciones, publicitaba el lugar. Tenía un acuerdo con las trabajadoras sexuales y a cambio obtenía un beneficio económico. Se quedaba con el 50 por ciento de los “pases” o servicios que prestaran las trabajadoras.

En marzo de 2013 entró en vigencia una reforma a la ley que penalizó la conducta a pesar de la existencia de un consentimiento de la trabajadora sexual. Se abrió una investigación sobre el lugar, se hicieron tareas de campo, dos policías se hicieron pasar por clientes y constataron que Lucía era la que ofrecía el servicio y las tarifas. También un cliente agregó información sobre la actuación de la mujer en el lugar. Un año después se produjo un allanamiento, dónde además de encontrar una mujer trabajando, hallaron preservativos, consoladores y elementos que hacían presumir que en el departamento se ejercía la prostitución.

Lucía enfrentó una causa penal en el viejo sistema, y luego de transitar todo el proceso fue condenada por el Juzgado de Sentencia de la 1° Nominación, a cargo de Ismael Manfrín, a 4 años de cárcel por los delitos de promoción, facilitamiento y explotación sexual. La defensa de la mujer apeló el fallo que fue revisado por los vocales Carina Lurati, Javier Beltramone y Gustavo Salvador.

La norma

El artículo 125 bis del Código Penal prohíbe la promoción y facilitamiento de la prostitución mientras que el 127 sanciona la explotación, es decir las ganancias que una persona obtiene con el ejercicio de la prostitución de otra. Lurati explicó que promueve quien engendra en el otro la idea del ejercicio de la prostitución, lo impulsa a que se mantenga en ella, o lo persuade para no abandonarlo, es decir que puede ser objeto de este delito una persona que ya se prostituía.

La facilitación en cambio se limita a complacer o acceder a las necesidades de la persona que se prostituye, a poner a disposición la oportunidad o los medios, allanar obstáculos, ayudar o contribuir para que se prostituya.

Mientras que la explotación tiene que ver con la utilización abusiva en provecho propio del trabajo ajeno. Es decir, servirse u obtener alguna utilidad de contenido económico cosificando o usando a la persona como un instrumento. Por lo que no es lógico aceptar que una persona consienta que la exploten, dijo la vocal. Concluyó que la explotación sexual y el consentimiento se excluyen entre sí.

La ley 26.842 sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las víctimas incorporó el concepto que el delito existe a pesar de la existencia de un consentimiento y se agrava cuando se utilizan medios como: amenaza, uso de fuerza, coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o vulnerabilidad, también cuando se paga a la persona que tiene control sobre la víctima, dice el fallo.

Para Lurati es incongruente que el consentimiento sea un elemento cargoso y debe ser interpretado según las reglas del derecho civil incluso en relación al artículo 19 de la Constitución Nacional que habla de la vida privada de las personas.

En el caso puntual entendió que no hay una certeza de la existencia de los tres delitos en el caso, es decir promoción, facilitamiento y explotación, que le fueron imputados a Lucía en la indagatoria. Entiende imposible la comisión de estos tres delitos al mismo tiempo porque se excluyen.

Explicó que no se demostró cuáles fueron las conductas de Lucía para promover la prostitución de mujeres que trabajaban con ella desde hacía mucho tiempo. Aunque sí se acreditó que facilitó la prostitución. La mujer acercaba clientes, ofrecía los servicios y publicitaba la actividad en un periódico. La pericia que se realizó a su celular determinó que era la encargada y organizadora, también seleccionaba a las chicas y se hacía llamar Caro. Figuraba como inquilina del departamento de calle Suipacha. Además les cobraba un porcentaje del 50 por ciento de los servicios prestados por las trabajadoras sexuales en el privado.

Pero para ello, había un acuerdo previo entre las trabajadoras y Lucía, que se mantuvo a través de los años y con posterioridad a la reforma. Lurati analizó que ese acuerdo, que al principio no la incriminaba, sumado a su nivel cultural, la modalidad de trabajo y la relación que tenía con las personas que ejercían la prostitución, influyeron para que Lucía no entendiera que la actividad que había desarrollado por años ahora fuera un delito. Máxime cuando lo que lo tornó ilegal fue precisamente el consentimiento que las unía a las trabajadoras sexuales.

Para Lurati, en este cuadro de situación no puede exigírsele la comprensión del cambio de paradigma legal y concluyó que ese error en el que estuvo inmersa desde la reforma de la ley hasta los allanamientos no le es imputable. Los fundamentos expuestos por Lurati fueron sostenidos por los otros dos camaristas y por voto unánime resolvieron absolver a Lucía.



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