Sociedad
09-05-2018
Inédita hiperactividad en el fuero federal
Como si fuera una devolución de gentilezas por las fuertes críticas del Ejecutivo al fuero federal tras el juicio a Los Monos, el juez Bailaque desempolvó una vieja causa para indagar al comisario Druetta por supuesta connivencia con un narco. Es sólo una de las múltiples acciones que en el último mes la Justicia nacional local emprendió para intentar dar muestras de que sus investigaciones no están estancadas
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Alberto Carpintero

A un mes del histórico fallo en el juicio a la banda de los Monos en el fuero provincial parece haber pasado un siglo. A diferencia de la sentencia que hace un año absolvió a los acusados por el crimen de Claudio “Pájaro” Cantero, lo que disparó durísimas críticas del oficialismo santafesino contra el tribunal, en el caso del debate que terminó con condenas al clan de La Granada por asociación ilícita y cinco homicidios los jueces, en todas las instancias, no se corrieron ni una coma en lo sustancial de la cuestionada instrucción del magistrado Juan Carlos Vienna que los fiscales, y su jefe (el procurador Jorge Barraguirre), sostuvieron en sintonía. Entonces, tras conocerse las duras penas contra Ramón Machuca, alias Monchi Cantero, su hermano Ariel, conocido como Guille, y un puñado de policías, la munición se dirigió desde casi todo el arco político, incluyendo a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, con un blanco bien determinado. “Ahora le toca a la Justicia federal”, dijo la funcionaria de Mauricio Macri. “La gran deuda pendiente que tiene la Justicia federal con la sociedad santafesina es avanzar en las cusas por narcotráfico”, remató su par local Maximiliano Pullaro. A la par de la inauguración del demorado Juzgado Federal de Venado Tuerto, que permitirá descomprimir la labor del fuero en Rosario, los jueces y fiscales nacionales emprendieron una hiperactividad que no tiene parangón, con megaoperativos, procesamientos, elevación de causas de juicio, determinación de fechas para debates orales y críticas a la iniciativa frenteprogresista de desfederalizar la persecución del narcomenudeo, que tiene su propio capítulo entre el Ejecutivo y la Corte provincial. Además, como si fuera poco, concretó una postergada declaración indagatoria que en los actores del sistema penal tienen olor a devolución de gentilezas.

Este martes, el juez federal Marcelo Bailaque indagó al comisario Alejandro Druetta, un oficial de alto perfil que se desempeñaba como jefe de Contrainteligencia de la Policía de Investigaciones, tras haber sido titular del área de Inteligencia de la ex Drogas Peligrosas (Digedrop) en la zona sur de la provincia. Su oficina, igual que su vivienda y otros dos domicilios, fue allanada el pasado viernes 13, tras lo cual fue separado del cargo. La investigación, que ahora está en manos del fiscal Claudio Kishimoto, se desprendió de otra, encabezada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en 2012, la que desbarató la llamada banda de Ojito, por su sindicado jefe Ignacio Actis Caporale, quien tras mantenerse prófugo varios años cayó a bordo de un vehículo de carreras en el Autódromo porteño, donde competía bajo un alias e incluso posaba para las fotos y daba declaraciones a los medios especializados.

Según fuentes federales, se le reprocha a Druetta connivencia con Actis Caporale a partir de escuchas. Los peritajes de voz, según esta versión, dieron por cierto que Druetta avisó que se mudaba de Villa Constitución a Venado Tuerto, como jefe regional en ambos casos de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones, la ex Digedrop. Apenas mudado a General López, Druetta detuvo en Villa Cañás a Carlos “Vasco” Ascaíni, en un controvertido operativo en que se dejó constancia del secuestro de un kilo de cocaína que, al ser analizada, se descubrió que en un 96 por ciento era azúcar. El procedimiento fue declarado nulo. Algo similar ocurrió con la detención en Aldo “Totola” Orozco en Firmat, en un recordado sainete del que participaron dos abogados: el procedimiento fue declarado nulo en primera instancia, aunque luego siguió viaje rumbo a una condena. En aquellos días agitados, el hoy ministro Pullaro, entonces diputado, salió en defensa del oficial y protagonizó recordados cruces con Ascaíni. Hoy éste y Orozco están a las puertas de escuchar otra sentencia en el juicio que se le sigue también al ex jefe de la Policía provincial Hugo Tognoli, acusado de connivencia con ellos y sobre quien pesa un pedido de 15 años de prisión. En ese contexto fue reactivada la causa contra Druetta, quien tras declarar continuó en libertad.

La monada

Otra causa que reactivó el juzgado de Bailaque es la que investiga si la banda cuyo liderazgo se adjudica al titular del sindicato Soeme y dueño del diario platense Hoy, Marcelo Balcedo, lavó dinero proveniente de Los Monos en una concesionaria atribuida a un testaferro. Es un expediente distinto del que en 2015 impulsó en el juzgado de Carlos Vera Barros la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre el clan Cantero, que aportaba la información que provenía del fuero provincial: 23 personas que tienen 46 autos, unas pocas propiedades y ninguna sociedad comercial. Este caso no tiene movimientos conocidos. El próximo 21 de mayo serán indagados Guille Cantero, su madre, Celestina Contreras, y su lugarteniente, Jorge “Ema” Chamorro, en el inicio de un desfile que también prevé la declaración de la mano derecha de Balcedo, Mauricio Yebra.
También en vinculación con el clan Cantero, Bailaque elevó a juicio la causa Los Patrones, que en noviembre de 2015 golpeó la operatoria de la célula de Los Monos atribuida a Guille, quien estará en el banquillo con otras 31 personas por liderar una organización que comercializaba cocaína y traía marihuana paraguaya para abastecer cuatro bocas de expendio. Fue la primera investigación federal que puso en jaque, más allá de casos puntuales de tenencia para comercialización, el accionar del clan de La Granada en el fuero federal local. El fundador del clan, Ariel “Viejo” Cantero, cumplió condena a cuatro años y medio de cárcel en una causa originada en Corrientes dos décadas atrás por el transporte de marihuana desde esa provincia a Rosario.

Los adversarios

La Justicia federal también golpeó estas últimas semanas la operatoria de dos clanes enfrentados con grupos aliados de Los Monos. En conjunto con los fiscales provinciales, la Procuradoría de Narcocriminalidad (Procunar) y el fiscal Kishimoto avanzaron con la venia del juez Vera Barros contra los clanes Ungaro y Funes. Si bien por el momento sólo fueron indagadas cinco personas, entre ellas Daniela Ungaro,  ex pareja del sindicado narcoempresario Luis Medina, asesinado en 2013 junto con su novia, trascendió un organigrama confeccionado por la Procunar que ubica entre los mandos superiores a tres familiares directos de esta mujer, que no fueron hallados en el megaoperativo del pasado 26 de abril. Daniela, su padre y otras cuatro personas ya estaban bajo investigación por lavado en una causa que tramita ante el propio Vera Barros, que también impulsa la UIF, y que pone la lupa en cuatro sociedades, incluida la que propulsó el fallido desembarco de la disco Esperanto en Rosario, allá por 2012.

Asimismo la Justicia federal fijó fecha, el próximo 16 de mayo, para el inicio de un postergado juicio, el del clan Zacarías, el único grupo que en aquellos días de 2013 no pagaba por protección a Los Monos, al decir de detectives policiales. Se trata de la famosa cocina de cocaína en la que la esposa de Delfín Zacarías, conocido por ser el primero en importar la costosa variedad conocida como alita de mosca peruana a Rosario, transformaba 300 kilos de pasta base en clorhidrato. Son 14 las personas que se sentarán en el banquillo, incluido el policía federal José Luis Dabat, y el provincial Diego Comini, quien era jefe de la Brigada Operativa de la ex Digedrop en la capital provincial. También el clan Zacarías está bajo la lupa por lavado: 15 personas a quienes se investiga por un patrimonio de 52 autos, 30 inmuebles y dos sociedades comerciales.

También se conoció el procesamiento de otro grupo que hace un lustro operaba fuera de la órbita de Los Monos, aunque tributando su correspondiente peaje. Se trata del clan Popea, cuyo líder, el joyero y varias veces condenado como estafador Leonardo Popea regenteaba una cocina de cocaína en Ugarte al 700, en barrio Tango, al momento en que la operatoria fue desbaratada, en mayo de 2013. Este hombre aceptó en juicio abreviado una pena de ocho años de cárcel; igualmente fueron condenadas otras once personas. Ahora, según publicó La Capital, acaba de ser procesado junto con tres familiares directos por lavado de activos.

La séptima

Como si fuera poco, la Cámara Federal de Rosario acaba de dejar a un paso del juicio a 18 policías acusados por la desaparición y muerte del joven bonaerense Franco Casco en la comisaría 7ª, en octubre de 2014, incluidos dos efectivos de la Dirección Provincial de Asuntos Internos, en su caso por encubrimiento.


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Miércoles 23 de Mayo de 2018
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