Sociedad
02-05-2018
Hasta que la muerte los absuelva

El domingo pasado se cumplieron 15 años del desborde del río Salado que inundó gran parte de la ciudad de Santa Fe algo que, según investigaciones y pruebas presentadas en Tribunales, era evitable. La causa, que tiene a Reutemann como principal acusado (el ex intendente falleció en 2017), data de mayo de 2003, pasaron una veintena de jueces y fiscales y está en veremos.

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Ezequiel Nieva*

 

El domingo pasado se cumplieron 15 años del desborde del río Salado que inundó gran parte de la ciudad de Santa Fe algo que, según investigaciones y pruebas presentadas en Tribunales, era evitable. La causa, que tiene a Reutemann como principal acusado (el ex intendente falleció en 2017), data de mayo de 2003, pasaron una veintena de jueces y fiscales y está en veremos.

 

La Justicia mantiene viva la causa por la inundación de 2003 en Santa Fe, pero al mismo tiempo no hace nada para que avance hacia la sentencia. El proceso iniciado en mayo de 2003 aún no ha ingresado a la etapa de alegatos. Uno de los imputados, el ex intendente Marcelo Álvarez, falleció el 9 de abril. Álvarez había presentado cuatro planteos de prescripción: los cuatro fueron rechazados.

 

La Corte Suprema de la provincia ordenó que el expediente vuelva a los tribunales inferiores para su resolución, pero según el actor civil de la causa “nadie quiere hacerse cargo”. Los inundados –y buena parte de la sociedad– esperan que alguna vez la Justicia ratifique lo que ellos ya saben: la inundación no fue un fenómeno natural sino una catástrofe evitable con responsables políticos identificables.

 

La causa penal comenzó el 5 de mayo de 2003 a partir de la denuncia presentada por Isabel Zanutigh. En marzo de 2004, Jorge Castro y su esposa Milagros Demiryi se constituyeron como actores civiles en la causa (en aquella época aun no existía la figura de querellante) y acusaron a la provincia, al municipio y “a todos los terceros que resultaren responsables” por los daños ocasionados por la inundación. Entre 2003 y 2005, una veintena de funcionarios declararon en tribunales.

 

En abril de 2006, el juez Jorge Patrizi procesó a Álvarez, al ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli y al ex director de Hidráulica Ricardo Fratti por el delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas. En ese mismo movimiento, Patrizi exculpó al ex gobernador Carlos Reutemann al señalar que “no existen elementos suficientes como para sospechar que ha participado de los hechos”.

 

El ex fiscal de la causa, Norberto Nisnevich, pidió la elevación a juicio en marzo de 2008. A partir de allí, comenzaron las apelaciones y las maniobras dilatorias, todas encabezadas por Álvarez. A lo largo de 15 años, desfilaron por la causa alrededor de 20 jueces y fiscales. Ninguno le dio un verdadero impulso al proceso.

 

Muchos se excusaron de seguir las actuaciones, otros fueron recusados. Para el actor civil y para el movimiento de inundados, la falta de resolución de la causa obedece a los vínculos entre la cúpula del Poder Judicial –la Corte Suprema– y el poder político. O, en otros términos, al parentesco entre el juez de la Corte Rafael Gutiérrez y el ex gobernador Carlos Reutemann.

 

La misma lectura hizo recientemente el concejal del Frente Progresista Leandro González: “La Justicia tiene una deuda enorme con los santafesinos. Hubo una decisión político-judicial de Carlos Reutemann para que hoy estemos hablando de impunidad. No hay avances en la causa porque premeditadamente se llevaron acciones desde el Estado provincial, cuando le tocó gobernar a Reutemann, y en paralelo desde la Justicia santafesina, por acción u omisión, para que hoy nos encontremos en este marco”.

 

La Justicia y la política

 

La causa penal no está prescripta y tiene que avanzar hacia los alegatos. La propia Corte Suprema señaló en agosto de 2017 que los tiempos procesales están correctamente corridos y tanto el actor civil como la defensa hicieron uso correcto de sus plazos de acusación y defensa.

 

En sus últimas declaraciones sobre el tema, Rafael Gutiérrez recordó que el expediente estuvo cuatro meses en la Corte (en 2017) y la orden fue que vuelva a primera instancia: “Acá hay un expediente apelado en un proceso penal y nosotros creemos que puede estar prescripto ¿Qué hacemos? Lo devolvemos abajo para que lo resuelvan. Nosotros no podemos resolver la prescripción porque somos un órgano de contralor constitucional. Tiene que ir abajo”.

 

Jorge Castro entiende que es una “causa eminentemente política” y tiene su propio análisis sobre las palabras del juez de la Corte y primo político del ex gobernador Reutemann: “Como en todo el país, la Justicia en la provincias está cooptada por el trasfondo político. Esta es una Corte directamente relacionada con Reutemann. Nosotros no conocemos a nadie del aparato judicial que saque los pies del plato. Cada vez que Rafael Gutiérrez habla y nombra una instancia legal a favor o en contra, el juez que está abajo decide de esa forma. Ahora él dice que el juez de primera instancia tiene que definir la prescripción: le está dando una orden”.

 

* Fuente: Pausa.com.ar

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