Política
11-04-2018
Saque del medio: cuenta regresiva para la reforma

Miguel Lifschitz juega el partido por la reforma de la Carta Magna. Presentó a la dirigencia política el proyecto mientras el oficialismo termina de negociar con algunos sectores de la oposición los votos necesarios para que los legisladores habiliten la elección constituyente.

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Orlando Chircaz | Cruz del Sur

 

El gobernador Miguel Lifschitz pisó fuerte el acelerador para avanzar con la reforma de la Constitución de Santa Fe. El mensaje que enviará a la Legislatura ya fue exhibido a los partidos políticos, mañana lo hará con intendentes y presidentes comunales, varios legisladores tienen el texto y el lunes se realizará la presentación formal en sociedad en una conferencia de prensa.

 

Un amplio abanico político apuesta por no tocar nada, ante la posibilidad de que Lifschitz consiga la reelección. En esa tesitura se encuentran el kirchnerismo duro, Omar Perotti y Cambiemos, incluido radicales y PRO. El Frente Progresista, varios sectores peronistas y otras expresiones provinciales pretenden la reforma y que sean los constituyentes los que definan si hay o no reelección.

 

Una fuente del oficialismo indicó que faltan dos votos del Senado (de 19 bancas) y nueve de Diputados (hay cincuenta bancas) para conseguir los dos tercios de las adhesiones, que se necesitan en las dos cámaras, para habilitar la reforma. En la Cámara alta hay conversaciones muy avanzadas con el peronismo para llegar a un entendimiento y así obtener los números que faltan para avanzar.

 

De todas formas, reconocen que existe presión desde el sector de Omar Perotti con algunos legisladores para obturar cualquier posibilidad de reforma. En la Cámara baja el variopinto escenario político e ideológico complejiza el diálogo, pero el oficialismo está convencido que hay voluntad para tratar el tema, aunque faltan madurar algunos acuerdos más específicos.

 

Respecto al proyecto de reforma, en la primera sección de la Constitución de Santa Fe se quieren modificar o incorporar una docena de temas. Por caso, aggiornar la Carta Magna local a lo que establece la Constitución Nacional y las obligaciones internacionales ratificadas por el país, como referencia normativa. También se contempla la neutralidad religiosa del Estado, ampliar el derecho a la cultura y a la salud.

 

En el texto al que tuvo acceso Cruz del Sur figura establecer la obligación de criterios de progresividad en materia impositiva, solidaridad fiscal, legalidad, reserva de ley, igualdad, no confiscatoriedad, razonabilidad, equidad, generalidad, capacidad contributiva y certeza, entre otros. Del mismo modo, adecuar el Habeas Corpus al artículo 43 de la Constitución Nacional e incorporar el juicio por jurado.

 

Un aspecto que se tiene en cuenta es ampliar el derecho a la libertad de expresión, el secreto de las fuentes de información periodísticas, el deber de los medios de comunicación de asegurar el pluralismo y el respeto a todas las corrientes de opinión. A ello se suma ampliar el derecho de reunión, a la libertad de asociación y de peticionar a las autoridades.

 

A su vez, se establece adecuar la acción de Amparo al artículo 43 de la Constitución Nacional e incorporar la Acción de Habeas Data; eliminar la referencia al trabajo infantil; darle rango constitucional a la función social del mutualismo; y no transferir la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia a la Nación ni permitir un régimen de capitalización en el Estado.

 

Representatividad y género

 

Desde la segunda sección aparecen los aspectos más políticos que se buscan reformar. Entonces aparecen la intransferibilidad del voto, el derecho al sufragio activo de los extranjeros con residencia, la eliminación del requisito de tener 18 años para ser elector (sería desde los 16 años) y el reconocimiento de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático.

 

Asimismo, la creación de un tribunal electoral independiente y con fuero propio y el requisito de contar con mayorías legislativas agravadas o especiales para la aprobación de normas en materia de partidos políticos y sistema electoral. Así se quiere evitar que una coyuntura política incida sobre el sistema a favor de una determinada mayoría partidaria.

 

En la tercera sección de la Constitución se prevé la distribución proporcional de las bancas y paridad de género, es decir, que se pretende eliminar que el partido con más votos en la categoría de Diputados provinciales se quede automáticamente con 28 bancas y el resto de las fuerzas se distribuyan las otras 22. Además se disminuye la edad para ser elegido diputado y senador.

 

Un punto caliente radica en limitar a un solo período la reelección de diputado y de senadores, y que en las listas de senadores departamentales el titular o el suplente debe ser mujer. Una vieja queja también es tenida en cuenta: ampliar el período ordinario de sesiones, que actualmente es de solo siete meses al año, mientras a nivel nacional es de nueve meses.

 

Otra idea es facultar a la Asamblea Legislativa a dictar acuerdo para la designación del jefe de Policía. Propuestas legislativas de igual tenor nunca resultaron aprobadas hasta el momento. Por otra parte, se pretende establecer la posibilidad de la iniciativa popular de leyes y suprimir la doble vuelta entre cámara de origen y revisora para agilizar el trámite legislativo (de cinco a tres pasos).

 

Reelección, Justicia y gobiernos locales

 

En la sección cuarta de la Constitución de Santa Fe se habilitan algunos de los temas más polémicos, como la reelección inmediata y por un solo período para el gobernador y el vicegobernador; y la incorporación de un sistema de doble vuelta electoral (conocido también como balotaje) para la elección de gobernador y vicegobernador de la provincia.

 

El PRO, los radicales macristas, el kirchnerismo y Omar Perotti coinciden en criticar la modificación de la Constitución con dos excusas similares: que no es momento para cambiar nada porque los temas importantes son otros y el gasto innecesario que la reforma acarrearía. En cualquiera de los casos no quieren habilitar la constituyente por temor que la reelección favorezca a Lifschitz.

 

La necesidad de un sector de la oposición de que el Frente Progresista no tenga un candidato bien posicionado y con chances reales de ganar es inversamente proporcional a la necesidad del oficialismo de aprovechar la imagen positiva que tiene el actual mandatario. Así las cosas, cada cual hace su juego y busca masa crítica para lograr su cometido reformista o antireformista.


También se quiere limitar las arbitrariedades de los institutos del indulto y la conmutación de penas que tiene el Poder Ejecutivo, adecuándolo a lo que establece la Constitución Nacional. Y se habilita la discusión para fijar las competencias del Procurador General y el establecimiento de un número impar en la composición de la Corte Suprema.

 

Luego se prevé que los jueces sean designados por el Poder Ejecutivo en base a una propuesta del Consejo de la Magistratura (que tendrá rango constitucional) con acuerdo de la Asamblea Legislativa. Y que se modifique la edad de inamovilidad de jueces, procurador general, fiscales y defensores, estableciéndose cese automático una vez alcanzada la edad que se determine.

 

A todo ello se incorpora un nuevo procedimiento de remoción de jueces de tribunales inferiores por medio de un Jurado de Enjuiciamiento y suprimir la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia en materia contenciosa-administrativa, juicios de expropiación y juicios de responsabilidad civil contra magistrados judiciales de la provincia de Santa Fe.

 

Una necesidad manifiesta que queda en el mensaje es el otorgamiento del rango constitucional de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa. Entre otras cosas, se trata de consagrar su autonomía funcional, autarquía y un método adecuado para la designación de sus respectivos órganos directivos.

 

Institutos modernos

 

En otro orden de cosas, se busca incorporar al vicegobernador, al fiscal general y al defensor general como sujetos pasibles de ser sometidos a juicio político. Y, como un gesto siempre reclamado por intendentes y jefes comunales, se pretende establecer el alcance de las autonomías de los municipios y la ampliación del período de duración del mandato -a cuatro años- de las comisiones comunales.

 

El texto que lleva la firma del gobernador prevé la inclusión de varias decenas de nuevos derechos y garantías que hoy no figuran en la Constitución de Santa Fe y en Tratados Internacionales; la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y ejecución de políticas públicas; y en el armado de todas las listas electivas provinciales, municipales y comunales.

 

Después aparecen los mecanismos de democracia semidirecta, tales como la Consulta Popular, Revocatoria de Mandato e Iniciativa Popular, además de la incorporación del Consejo Económico y Social como un instituto de diálogo y vertebrador de las relaciones civiles en la provincia de Santa Fe. No menos importante es declarar la “instranferibilidad” de las empresas de servicios públicos.

 

Se trata de un paraguas constitucional que permitiría evitar la privatización de la EPE y Assa, entre otros servicios, aunque también se prevé un régimen de audiencias públicas para discutir tarifas y otros aspectos en la gestión de dichas empresas. El acceso a la información pública en los tres poderes del Estado, en los municipios y las comunas es otro compromiso constitucional.

 

Lo mismo ocurre con la obligación, en caso de salir la reforma de la Carta Magna de Santa Fe, de que todos los funcionarios públicos tengan que presentar sus declaraciones juradas. Con esos elementos objetivos y otros que tienen que ver con el diálogo político es que el gobernador Miguel Lifschitz quiere avanzar con un viejo anhelo del Frente Progresista.

 

Queda claro que hay una intención reeleccionista, pero el propio mandatario le dijo a diputados y senadores, intendentes y jefes comunales de todos los partidos, que no atará a la suerte de la reforma su voluntad de seguir otro período. Y si se tiene que renunciar a esa posibilidad está dispuesto a hacerlo en aras de favorecer la actualización de la Constitución de Santa Fe.

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