Sociedad
04-04-2018
Límite a la cuota alimentaria

Un fallo de la Cámara Civil y Comercial de Rosario estableció que después de los 21 años el sustento del hijo por parte de un padre separado es excepcional, el beneficiario tiene que demostrar que estudia y no puede mantenerse solo para extenderla.

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Carina Ortiz | Cruz del Sur

 

Tenía 10 años cuando su madre inició una demanda por alimentos contra su padre. Hoy tiene 24 y su progenitor solicitó, tres años atrás, el cese de la cuota alimentaria. El monto era descontado de su sueldo y depositado en una cuenta judicial. El juez de primera instancia aceptó el pedido del padre y dejó sin efecto la obligación. Pero el hijo apeló bajo el argumento de que aún estudiaba en la Facultad de Derecho y debía viajar 50 kilómetros diarios.

 

El caso llegó a la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de Rosario que resolvió rechazar el planteo del hijo. Los vocales entendieron que la obligación alimentaria se mantiene hasta los 21 y su finalización es automática. Si bien la ley habilita una extensión de ese beneficio hasta los 25 años, siempre que el hijo continúe sus estudios o capacitación, está a cargo del beneficiario la prueba de que aún no terminó su instrucción y no cuenta con recursos para mantenerse en forma autónoma.

 

J. nació en San Nicolás, aunque al momento de la separación de sus padres vivía en una localidad cercana a Rosario, en Santa Fe. Tenía 10 años cuando su madre, en su representación, inició una demanda contra su padre por alimentos. Ambos progenitores llegaron a un acuerdo y resolvieron fijar la cuota en el 20 por ciento del sueldo que el hombre percibía en una empresa, monto que era depositado por la firma en una cuenta judicial.

 

La obligación se cumplió. A los 18 años J. alcanzó la mayoría de edad –según la ley 25.579 que disminuyó de 21 a 18 la cifra–, aunque el Código Civil mantuvo algunas obligaciones de la vieja patria potestad, como la continuidad de la cuota alimentaria hasta los 25 cuando el hijo estudia y no puede mantenerse por sí mismo.

 

El padre continuó con el pago algunos meses más allá de los 21 años de su hijo y en 2015 realizó una presentación judicial para que la obligación alimentaria cesara.

 

La decisión

 

Si bien la demanda se presentó cuando aún regía el viejo Código Civil y Comercial, y la contestación de esa demanda se hizo bajo la misma ley, la resolución se dictó con la reforma del Código Civil y Comercial, después de agosto de 2015. Independientemente de ello y a los fines de la solución del caso, la norma no tiene grandes variaciones. El juez de primera instancia finalmente hizo lugar al pedido paterno y el caso llegó a la Cámara Civil y Comercial de Rosario.

 

El vocal Marcelo Molina refirió que el padre podría haber solicitado dentro del expediente una comunicación a la empresa notificando el cese de la obligación en lugar de hacer una demanda.

 

También el juez podía haberse limitado a cesar la retención o rechazar directamente la demanda. En cambio dio curso al planteo, corrió traslado a la madre y al hijo y llamó a una audiencia de conciliación. Para terminar dictando sentencia en marzo de 2016 dándole la razón al padre.

 

Ante la decisión del cese de la obligación alimentaria, el hijo apeló la sentencia y el caso recayó en la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de Rosario. El primer voto fue del vocal Molina.

 

La patria potestad en el viejo Código o la responsabilidad parental en el nuevo Código es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes de su hijo para su protección, desarrollo y formación integral mientras son menores de edad. El concepto en el nuevo Código –es decir, la responsabilidad parental– introduce distintos principios como el interés superior del niño, el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, o la autonomía progresiva del niño. Entre los deberes que tiene el progenitor que no convive con el hijo y la madre, está el pago de la cuota alimentaria.

 

J. alcanzó los 21 años en diciembre de 2014 y en marzo de 2015 su padre solicitó el cese del pago. Molina explicó que si bien la mayoría de edad se produce a los 18 años, lo que implica el cese de la responsabilidad parental (o la patria potestad en el viejo Código), la ley dispone la continuidad de la obligación alimentaria hasta los 21 años.

 

El fallo explica que el solo hecho de alcanzar la mayoría de edad no implica el fin de la obligación y, en caso de pretender su cese, queda en manos del progenitor que paga los alimentos demostrar que el beneficiario puede proveerse solo.

 

Ahora le ley fija un límite, esa obligación puede extenderse hasta los 25 años si el hijo estudia y no puede mantenerse en forma independiente. En este caso la fuente de la obligación ya no se basa en la patria potestad o la responsabilidad parental sino en el parentesco, y allí la carga de la prueba cambia. La norma establece que en las obligaciones alimentarias entre parientes (es decir entre ascendientes –padres, abuelos–o descendientes –hijos, nietos–, hermanos o medios hermanos o parientes por afinidad hasta el primer grado, es decir suegros, yernos o nueras) la característica es la reciprocidad, lo que implica que cualquiera de ellos puede pedir alimentos al otro. Para ello deben probar que le faltan medios económicos suficientes y no tiene la posibilidad de adquirirlos con su trabajo, dice la norma.

 

Molina explicó que la obligación alimentaria cesa a los 21 y es el beneficiario, después de esa edad, quien tiene que requerir la continuidad o extensión de la cuota siempre y cuando continúe con sus estudios o preparación profesional y ello le impida proveerse de medios necesarios para sostenerse.

 

El vocal concluyó que al momento de plantearse la disputa entre padre e hijo la obligación alimentaria había cesado “de pleno derecho” por disposición legal y estaba en cabeza de quien pretende mantener el beneficio demostrar los dos requisitos que exige la ley para mantener la alimentación.


En este caso, el hijo se limitó a decir que cursaba una carrera universitaria pero la norma habla de la “prosecución de estudios” después de los 21 años, lo que no implica una mera inscripción sino un cursado efectivo de la carrera independientemente de las calificaciones que obtenga. A lo que agregó que el hijo tampoco probó que los estudios le impidan ganarse el sustento. Con este criterio Molina junto a los otros dos vocales de la sala, Mario Chaument y Jessica Cinalli resolvieron rechazar el recurso cargando al hijo con los gastos del juicio.

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