Sociedad
28-03-2018
La justicia a la que le Falta una reforma

Las declaraciones de inconstitucionalidad de sus leyes son cada vez más habituales, su procedimiento viola normas de diversos tipos que en los casos particulares son enmendados por la Cámara Penal.

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Carina Ortiz | Cruz del Sur

 

Fernando lo arrestaron por “actos turbatorios”, se trata de una contravención que se encuentra regulada en el Código de Faltas provincial. En su artículo 64 explica cómo la incitación a pelear, insultar, molestar, perturbar o provocar de cualquier forma tiene como consecuencia un arresto de 15 días. Pero esta rama del derecho está fuertemente cuestionada por la cantidad de garantías constitucionales que viola. Junto con el derecho penal juvenil, son las ramas del fuero penal que esperan reformas.

 

En el caso del expediente abierto contra Fernando, la causa se tramitó sin fiscal y su defensora criticó la ausencia. El planteo llegó a Cámara Penal, que obligó al Ministerio Público de la Acusación a intervenir y garantizar un debido proceso. La reforma sobre esta materia se viene pidiendo a gritos, lo que se acentuó tras la aparición del nuevo Código Procesal Penal de la provincia que estableció un sistema oral, público y acusatorio.

 

La falta es una infracción o contravención que no llega a configurar un delito, son hechos menores pero no por ello menos importantes en la vida de una comunidad, por ejemplo en materia de violencia menor en espectáculos públicos o conflictos entre vecinos, entre otros temas. Para estos casos se establecen sanciones que van desde el decomiso, la clausura, inhabilitación o multa hasta el arresto. Pero el procedimiento al que son sometidas estas faltas tiene grandes falencias. El Código que las regula ha tenido innumerables parches pero no llegan a subsanar la cuestión y los planteos de inconstitucionalidad no se hicieron esperar.

 

El vocal Alfredo Ivaldi Artacho explicó que hace unos 10 años la Cámara Penal viene planteando este dilema, si bien fueron muy prudentes a la espera de una reforma legislativa que subsane todas las irregularidades, aún no ha llegado y la reforma del Código Procesal Penal de mayores marcó un punto de inflexión del que no hay vuelta atrás.

 

Falencias

 

El procedimiento de faltas carece de algunas figuras básicas que no pueden pasar desapercibidas, entre ellas Ivaldi Artacho señaló: “La falta de un fiscal en la actuación –el juez contravencional investiga y juzga– o la ausencia de un defensor, especialmente durante la audiencia de descargo, es decir en el momento en el que el presunto infractor conoce la falta que le imputan”.

 

Hay antecedentes jurisprudenciales emitidos por la Corte Suprema de Justicia que ya han zanjado esa cuestión y ha dicho que un juez no puede investigar y juzgar, por ejemplo en el caso del ex juez Carlos Fraticelli y su mujer Graciela Dieser, enjuiciados por la muerte de su hija Natalia en mayo de 2000, en Rufino, o el conocido caso AMIA.

 

Si bien Santa Fe está a la vanguardia en materia de delitos. Esa impronta no llegó a la Justicia contravencional. “Las faltas se consideran contravenciones menores y quedan en la competencia de las provincias, tanto su determinación –qué es una falta o cuáles son las infracciones– como sus procesos de tramitación. La sanción del Código de Faltas data de 2003 y desde entonces ha sufrido parches para intentar enderezar las falencias que tiene pero nunca se retocó la estructura del procedimiento que tiene bastantes inconsistencias”, explicó Ivaldi Artacho.

 

En la última década la Cámara evitó la declaración de nulidad integral e inconstitucionalidad de la norma, porque ello implicaría quedarse sin Código. Las quejas ante segunda instancia se amontonan. “Por ejemplo, han llegado causas dónde una persona es condenada a 5 o 10 días de arresto por violar una clausura preventiva de un local o no tener habilitación comercial y nunca intervino un defensor, lo que vulnera cualquier tipo de garantía”, explicó el magistrado.

 

Primer antecedente

 

Tras la reforma al CPP que entró en vigencia en febrero de 2014, llegó a la Cámara un caso que marcó el primer precedente. Habían clausurado un local donde presuntamente se realizaban apuestas clandestinas mediante computadoras. Su defensor planteó ante el juez de Circuito de Vera, que también tiene competencia en Faltas, la ausencia de fiscal en el caso y reclamó la presencia de uno para tener con quién debatir, discutir, defenderse, explicó el vocal. Pero el problema surgió cuando los fiscales del nuevo y viejo sistema se negaron a intervenir.

 

El juez notificó la situación a la fiscalía del sistema conclusional, que rechazó la intervención en base a una instrucción general del Procurador de la provincia, del 30 de agosto de 2010. En ella le ordenó a sus subalternos que no intervengan en procesos de Faltas porque no estaban facultados por ley. Entonces remitió el caso al Ministerio Público de la Acusación (MPA) que dijo lo mismo.

 

Esta vez, escudándose en una instrucción del Fiscal General que decía que la intervención del órgano de la acusación estaba limitado a procesos donde se aplica el Código Procesal Penal de mayores.

 

Entonces se trabó entre ambas Fiscalías una cuestión de atribución –lo que no pasó con las Defensas del nuevo y el viejo sistema, ambas estuvieron siempre dispuestas a intervenir– y el caso fue directo a la Corte que ordenó la intervención del MPA en los casos producidos a partir del 10 de febrero de 2014. Este antecedente es conocido como el caso “Pighin”.

 

El segundo precedente es de octubre de 2016, esta vez se trato de una mujer rosarina que tenía un local de venta de garrafas y violó la clausura del comercio. El caso llegó a manos del vocal Ivaldi Artacho con el mismo argumento, no había fiscal en el caso. En base al antecedente Pighin dispuso la intervención del MPA pero el órgano acusador volvió a ampararse en la disposición interna del ministerio. El caso fue a la Corte provincial que reafirmó la competencia del MPA, que volvió a negarse. Finalmente el alto tribunal remarcó la obligación del fiscal interviniente y las responsabilidades funcionales y penales que le caben ante su inobservancia.

 

Esta discusión, con idas y vueltas frenó la tramitación del fuero de faltas por algunos meses. Las causas se paralizaron a la espera de la resolución de este caso conocido como “Riquelme”.


Finalmente se fijó una audiencia en la Cámara para revisar el caso y el MPA envió un funcionario. Ivaldi Artacho declaró la nulidad de parte del proceso y envió el caso nuevamente al juez contravencional para que el trámite se lleve adelante con la actuación de un fiscal.

 

A partir de allí fueron muchos los casos que llegaron a la Cámara. Uno de los últimos fue el de Fernando: se lo acusó de cometer actos turbatorios. La defensa oficial del pibe quedó a cargo de Florencia Chaumet. Ivaldi Artacho dispuso la nulidad del llamado audiencia de descargo y la continuación del trámite con la intervención de un fiscal. A su vez, pidió que se adecue el procedimiento y se apliquen supletoriamente las normas del CPP evitando así dictar la inconstitucionaldad de la norma.

 

El funcionario remarcó la necesidad imperiosa de una reforma a este Código “que choca con la Constitución Nacional, las convenciones y el nuevo código de procedimiento penal de la provincia sin ponerse en ultragarantista”, refirió. Para el vocal es atendible la posición del MPA que va asumiendo distintas competencias sin recursos para hacerlo, por lo que entendió que la necesaria reforma a la Justicia de Faltas debe ir acompañada con la asignación de recursos materiales y humanos.

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