Sociedad
21-02-2018
El último que apague la luz

El 9 de enero pasado se promulgó la ley 13.699 que dio la estocada final al viejo sistema procesal penal de la provincia. La norma, que entró en vigencia con su publicación el 16 de enero, dispone que a partir de esa fecha el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa intervendrán en las causas penales.

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Carina Ortiz | Cruz del Sur


En cuanto a unas dos mil causas en trámite, que iniciaron con anterioridad al 10 de febrero de 2014 y aquellas que se encuentran en proceso de ejecución de sentencias –y su origen sea anterior a esa fecha– se regirán por el viejo Código Procesal Penal y la ley de Transición aunque la norma fija 90 días para que el imputado o condenado elija qué norma quiere que lo tutele. En caso de que el caso llegue a juicio, el trámite se hará en forma oral y no escrita. También pueden aplicarse a estos casos medidas alternativas.

 

Recursos Humanos

 

Este cambio no solo se aplica a la cuestión procedimental, también se extiende al personal, funcionarios y jueces del viejo sistema. Actualmente hay un juez correccional para los diez juzgados que existen en esa materia, uno para los quince juzgados de instrucción y tres para los ocho de sentencia y uno para el juzgado de ejecución penal. A ello se suma una decena de secretarios, seis fiscales de primera instancia y tres defensoras oficiales. Una defensora y una fiscal de Cámaras cierran el número.

 

Traspaso

 

La ley dispone que los empleados, funcionarios y magistrados deben pasar al nuevo sistema salvo excepciones. Pero la ley no es tan clara como aparenta. El dictado del decreto 65/2018 reglamenta en parte la norma y dispone la apertura de una instancia de dialogo.


Para el Poder Ejecutivo la complejidad que trae aparejada la concreción efectiva y eficiente del traspaso, las cuestiones presupuestarias, de administración financiera y fundamentalmente la necesaria colaboración y coordinación que deben darse entre los diferentes actores involucrados


Por ello se consideró indispensable generar una instancia formal de diálogo y coordinación por 60 días corridos a los fines de lograr consensos. Tras este plazo comenzarán a correr los fijados por la ley para realizar las distintas opciones.

 

Opciones

 

Los fiscales de cámara y de primera instancia del viejo sistema pasan al Ministerio Público de la Acusación como fiscales, deben tener acuerdo legislativo y se les mantiene la remuneración y las condiciones de trabajo. Lo mismo pasará con los defensores, ellos pasan al Servicio Público de la Defensa y se les respeta las mismas condiciones. Si no logran tener acuerdo legislativo –defensores o fiscales– se les asignará otro cargo con remuneración afín a ese trabajo, explica la ley. Mientras que una fuente fiscal dijo que el acuerdo legislativo es indispensable para que los fiscales puedan trabajar en causas del nuevo sistema, mientras ello ocurre estarán a cargo solo de los trámites de las viejas causas.

 

Los secretarios y pro secretarios pasarán en un 20 por ciento a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y en un 80 por ciento al Ministerio Publico de la Acusación. Si deciden ser fiscales lo harán como adjuntos con la venia legislativa. En cuanto a los peritos y forenses que hasta ahora dependían de la Corte Suprema de Justicia, pasan a la órbita del MPA, también toda la estructura del cuerpo médico forense: funcionarios, empleados, profesionales, instalaciones y equipamientos. Su superior será el Fiscal General, actualmente Jorge Baclini.

 

Trámite

 

Si bien las causas pasan al nuevo sistema, el trámite se rige por el viejo código –si los imputados o condenados no realizaron la opción– pero, como ya no habrá jueces lo harán ante la OGJ –que continuará dependiendo de la Corte– y el Colegio de Jueces de primera instancia –a cargo de la parte jurisdiccional del nuevo sistema–, quienes además estarán a cargo el control de ejecución de sentencias.

 

Una fuente fiscal consultada explicó que las causas del viejo sistema se encuentran en un cuello de botella porque muchas de ellas ya han llegado a la etapa de sentencia pero casi no hay jueces que las dicten. Al pasar al nuevo sistema puede que ello se destrabe o todo lo contrario. El decreto reglamentario vino a zanjar algunas cuestiones de una ley contradictoria y confusa, explicó.

 

Mientras que la defensora de Cámaras Marcela de Luca y el defensor regional del nuevo sistema Gustavo Franceschetti firmaron un acuerdo donde estipularon que De Luca se quede con el remanente del viejo sistema. A su vez se encargará de las cuestiones extrapenales, contravencionales, de menores y pupilares.

 

El ministerio

 

El MPA no está exento de cambios. El movimiento de fiscales no se hizo esperar e hizo mella en unidades sensibles. La decisión se conoció mediante una resolución dictada por el fiscal Regional Patricio Serjal que entrará en vigencia a partir del próximo 26 de febrero.

 

Los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack enfrentaron varios cuestionamientos, entre las más conocidos se encuentra una denuncia por el direccionamiento de un testigo durante una declaración en Fiscalía presentada por un defensor dentro de la causa que investigó el accionar de la Seccional 19° entre marzo y agosto de 2014, que llegó a juicio y terminó con condenas.

 

Narvaja –que ya había pedido un cambio de rol– además soportó fuertes embates en las causa con fraudes inmobiliarios que involucra a profesionales y empresarios de alto rango, dónde terminó desplazado. Mientras que su compañero Adrián Mac Cormack fue apartado –a pedido de la defensa– en la causa por estafas con viajes al exterior dónde recientemente imputaron a Luis Paladini.

 

Según la explicación fiscal la decisión de reestructuración tiene fundamento “en la necesidad de articular recursos a los fines de lograr mayor efectividad en la persecución penal y promover investigaciones más estratégicas y pro activas”.

 

Mac Cormack saldrá de las unidad con causas de alto impacto y se ocupará de ejecución penal en el sistema conclusional mientras que Narvaja tendrá una labor más retorica, como fiscal coordinador de litigación oral. Les quedará solo la tarea de seguir con las causas de la unidad que tengan en trámite y cuenten con imputados. La Unidad Fiscal de Delitos Complejos quedara a cargo de David Carizza (que presta servicios en flagrancia), Natalia Benvenutto (responsable de la fiscalía de Cañada de Gómez) y Valeria Pedrana (de Villa Constitución). Las últimas dos, además, coordinarán las Unidades Fiscales del Interior.

 

A su vez movieron de lugar al entonces jefe de la Unidad de Delitos Sexuales, ahora pasará a coordinar la Unidad Fiscal de San Lorenzo.


Finalmente afectó al fiscal Gustavo Ponce Asahad a la Unidad Fiscal de Autores no Identificados dónde presta servicios Verónica Caini a los fines de reforzar la unidad aunque el funcionario continuará con su tarea en la Unidad de Flagrancia.

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