Sociedad
21-02-2018
De puestas en escena y soluciones mágicas

Bullrich salió a capitalizar la detención del sindicado homicida de los hermanos Funes y cruzó a Bonfatti, quien había criticado la intención de Nación de saturar de efectivos los barrios rosarinos sin contemplar la cuestión social o la escasez de recursos del fuero federal. El ministro Farías sentó la postura oficial de la provincia sobre la crisis de seguridad: “No se resuelve con enviar más fuerzas sino con políticas adecuadas”. Acá el contexto en que se produce el cuarto desembarco federal en cuatro años.

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Alberto Carpintero | Cruz del Sur

 

“Ya hay un trabajo conjunto con fuerzas nacionales pero la intensificación es bienvenida”, dijo este martes el ministro de Gobierno Pablo Farías. Y de inmediato advirtió: “No hay una solución mágica, no se resuelve con enviar más fuerzas sino con políticas adecuadas”. El cuatro desembarco federal en cuatro años vinculado con la crisis de seguridad se da, como los anteriores, en un contexto no exento de controversias. Lo que Farías, como integrante del actual gobierno, asevera en un tono diplomático, lo pone en palabras rotundas el ex gobernador Antonio Bonfatti: “Se ha estigmatizado mucho a Santa Fe. (Desde el Ejecutivo nacional) hay una puesta en escena que también se da con el caso Chocobar, incluso hasta se llegó a hablar de pena de muerte, se habló de la intervención de las fuerzas armadas en seguridad interior, y creo que se equivocan si creen que ese es el camino para solucionar este problema”.

 

Montada en la captura ocurrida este martes de un sindicado sicario del clan Caminos, involucrado en los crímenes de los hermanos Ulises y Jonatan Funes ocurridos este violento inicio de año, por parte de la Policía Federal, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich salió a capitalizar el asunto: “Si Bonfatti quiere no detenemos a Cable (Enrique) Solís, si quiere que ese asesino siga libre, que siga. Pero me parece que tiene que ver positivamente lo que estamos haciendo. No estamos militarizando sino trabajando en conjunto en un comando unificado donde se decide que es necesario tener más fuerzas”.

 

Bullrich había dicho el fin de semana al diario La Capital que Nación va a “saturar los barrios más violentos”, aunque sin demasiadas precisiones sobre el nuevo anuncio de envío de más efectivos. Sin embargo, desde la provincia no dejan de recordar que el sector de zona sur en pugna, que involucra a los barrios Grandoli, Municipal, Tablada y Fonavi de Lola Mora e Hipócrates, le corresponde a las fuerzas federales como resultado de la elaboración del mapa definido por el Comando Unificado, una creación del primer desembarco (2014), revitalizado tras el segundo (a fines de 2015, ya en el macrismo) y puesto realmente en marcha en el tercero (segundo semestre de 2016, tras los cortocircuitos políticos que generó la recaptura en territorio santafesino de los protagonistas del triple crimen de la efedrina).

 

Incluso en esta última zona (Lola Mora e Hipócrates), afectada por 10 homicidios en los últimos 15 meses, los vecinos no se cansan de repetir que los gendarmes apostados en el barrio hostigan a jóvenes y adolescentes, mientras que los tiradores suelen pasear a sus anchas en esa zona ubicada al sur de Uriburu y al oeste de avenida Grandoli.

 

Todo es historia

 

Allá por abril de 2014 el entonces secretario de Seguridad Sergio Berni comandó un efectista desembarco federal en Rosario que volteó 89 búnkers y dejó desperdigados unos dos mil uniformados por algunas semanas. El efectismo fue bien concreto: en los barrios muchos vecinos dijeron haber recuperado el hábito de estar en la calle, compartiendo mates en la vereda, ante la vista de esos uniformes que reemplazaban a los de la desprestigiada Policía provincial. Pero pronto comenzaron las denuncias de apremios y torturas contra los federales.

 

Un año y medio después, aún en la gestión kirchnerista, el segundo desembarco apuntó a blindar el centro y copar de efectivos el corredor que conecta la zona norte con el macrocentro, en un intento por cortar un presunto desplazamiento de asaltantes desde el sur, el sudoeste y el noroeste hacia las zonas donde viven los vecinos más acomodados, dejando al resto, incluidos los de la región metropolitana, librado a su suerte. Por entonces las entraderas parecían el problema principal.

 

El tercer desembarco se dio después de las marchas Rosario Sangra, ocurridas en agosto de 2016. Después de semanas donde se barajaron números de efectivos, Nación definió que la intervención en el territorio no pasaba ya por la “saturación” –que ahora Bullrich vuelve a mentar– sino en la llegada de efectivos especializados, detectives, abocados a la inteligencia criminal en el Comando Unificado.

 

Un año y medio más tarde el conflicto Funes-Caminos ha escalado hasta las cuatro decenas de muertes, y la novedad que trae Bullrich es la creación de un “equipo multiagencial”, que según promete funcionará en paralelo con el Comando Unificado reuniendo información criminal a partir de analistas de las cuatro fuerzas federales.

 

Cable a tierra

 

Este martes por la madrugada, la Policía Federal detuvo a Enrique Adrián Solís Esquivel, alias Cable y de 33 años, mientras caminaba por el extremo sur de Rosario. Estaba desarmado. La captura permitió a Bullrich contestar los dichos del ex gobernador, con dureza, en declaraciones a LT8: “Si hubiéramos hecho una puesta en escena no tendríamos resultados Pregúntenle a la gente de Alto Verde si es una puesta en escena haber bajado los homicidios y robos en la provincia. Creo que Bonfatti está discutiendo una interna de su partido”. Y le dijo a Radio Dos: “No vamos a permitir un Monos II”, tras ratificar que enviará más efectivos y que el miércoles de la semana próxima estará en Rosario.

 

Los efectivos federales han cobrado mayor protagonismo en los operativos ordenados por la Justicia provincial en los últimos años y especialmente en los meses recientes. Los fiscales santafesinos se cuidan mucho de decir que es por desconfianza en los efectivos provinciales.

 

Aunque voceros judiciales no dejan de apuntar recientes hechos que pueden explicar esta forma de trabajar: “La ofensiva del Ejecutivo contra los fiscales Apullán y Martí en Santa Fe y el hostigamiento de los senadores de todos los colores políticos contra Narvaja y Mac Cormack en Rosario es un dato a tener en cuenta.

 

Pero sobre todo el reciente cambio en el sistema de remoción de fiscales y defensores, que los deja a expensas del humor del poder político, es algo que no van a dejar pasar. Porque además el Ejecutivo no vetó la decisión exprés de la Legislatura. Así que la tendencia a volcar pesquisas ordinarias en detectives federales no parece que vaya a terminar”.

 

Recursos judiciales

 

Este martes el ministro de Gobierno Farías también habló de otro punto que no suele ocupar las tapas de los diarios, al apuntar a la exigua dotación de recursos de la Justicia federal en la provincia, y especialmente Rosario: “Tenemos una estructura que es la misma de 3 o 4 décadas atrás con una situación muy diferente”. Algo similar había expresado Bonfatti un día antes a Radio 10: “Hay que poner Justicia federal en Santa Fe, porque son muy pocos los jueces federales que existen”.

 

En este fuero –atiborrado como en todo el país por causas de tenencia de drogas para consumo personal pese al fallo Arriola de 2009– están pendientes juicios orales sobre grandes bandas desde hace más de un lustro y la mora en dictar sentencia es aún mayor que en los Tribunales provinciales.

 

Ya en la tarde de este martes Bonfatti repitió sus dichos, aunque bajó el tono vía Twitter: “Ministra @PatoBullrich: bienvenida la coordinación y presencia de fuerzas federales en #Santa Fe. Señalamos preocupación ante anuncios de «militarización» de la política de seguridad. Insistimos con más inteligencia para combatir narcotráfico y profundizar medidas sociales”.

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