Sociedad
14-02-2018
Intimidados

Desde el ATE, el gremio al que están afiliados la mayoría de los empleados del Instituto de Tecnología Industrial sostienen que los 250 despedidos –cuatro de Rosario– son la primera ola de un plan que tiene como objetivo desguazar el organismo y disciplinar a sus trabajadores. El diputado Luis Contigiani manifestó su apoyo al Inti y señaló que su tarea se opone al modelo “de rentismo financiero, endeudamiento y concentración económica” que promueve la Rosada.

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Orlando Chircaz | Cruz del Sur

 

Hasta fines de diciembre pasado la delegación Rosario del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) contaba con una planta de 53 empleados, pero entonces, como lo habían anunciado desde el gobierno nacional, llegó el recorte: de los 250 despidos anunciados en el organismo, que depende del Ministerio de la Producción, cuatro corresponden a Rosario y uno de ellos es un delegado sindical de ATE, lo que implica un problema legal y, en caso de concretarse la cesantía, una indemnización mayor.

 

Según contó Gerardo Maisler, empleado del Inti Rosario desde hace nueve años, a este periodista de Cruz del Sur, “hay unos 50 delegados entre todos los despedidos a nivel nacional”, y concluye: “Es increíble el dineral que van a invertir (en indemnizaciones) para achicar el Inti”. Lo que se busca es “disciplinar y amedrentar”, porque los delegados gremiales pertenecen a un sindicato mucho más crítico que el tradicional de los empleados estatales.

 

El viernes pasado, trabajadores de la delegación del Inti de Rosario, en Ocampo y Esmeralda, organizaron una radio abierta y un abrazo solidario, con el que no sólo protestaron por los despidos, también dieron a conocer las actividades que realiza el instituto en la región en apoyo a la industria y a su desarrollo tecnológico. En la jornada estuvieron presentes representantes gremiales de Amsafe, Coad, de partidos de izquierda, concejales y el diputado del Partido Socialista Luis Contigiani quien manifestó su apoyo a los trabajadores despedidos.

 

El Inti, que tiene 60 años de historia, no solo controla y garantiza que los surtidores expendan un litro de nafta o que las balanzas pesen un kilo con exactitud, entre otras tareas de control, también asesora a productores y empresas sobre el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, el año pasado sus técnicos e ingenieros asesoraron en un proyecto de energías renovables que se desarrolló en la localidad de Armstrong, que en septiembre de 2017 inauguró una planta de generación eléctrica fotovoltaica.

 

El trabajo más evidente del Inti se puede constatar en las etiquetas pegadas en balanzas y surtidores que garantizan las medidas exactas y volúmenes expendidos (metrología legal).

 

También en productos plásticos como los que se usan en juguetes para bebés y niños, así como en pinturas, donde se constata que no haya elementos tóxicos. “En Inti no sobra nadie”, dicen delegados y trabajadores, lo mismo que el hashtag que circula en redes sociales. El jueves pasado legisladores opositores, la mayoría del peronismo, entre ellos Felipe Solá, visitaron a los trabajadores del Inti en su sede central porteña, donde hay preocupación por la situación y temen que los 250 despedidos –humillados por funcionarios nacionales que los tildaron de ñoquis y vagos– sean sólo parte de una primera ola.

Desde el Inti, sus trabajadores agremiados en ATE respondieron con un documento en formato PDF que, además de dar detalles de quiénes son los trabajadores despedidos, advierten sobre “las reformas que las autoridades del Inti planean junto a la consultora europea Tecnalia: achicar el Inti, despedir 2.000 trabajadores (de acá a diciembre de 2019), privatizar las áreas de servicios y los laboratorios. Es por esto que la mitad de los despedidos alguna vez fue candidato a delegado de sector o Junta Interna”.

 

El mismo documento, que releva el nivel de asistencia de los 254 empleados despedidos a nivel nacional –más del 70 por ciento no tiene inasistencias y se amoldó al régimen de presentismo que rige desde 2016– e indica con detalles su nivel de formación, señala: “El motivo real de los despidos en el Inti es la persecución ideológica. Las autoridades están despidiendo a personas de sobrada trayectoria en la institución y perfil idóneo para los cargos que desempeñan. Se pretende echar a técnicos y profesionales que además de realizar las tareas para las cuales formaban parte de la institución, participaban de las asambleas de trabajadores y se involucraban activamente para la obtención de mejoras en las condiciones de trabajo para todos. Es por esto que el común denominador de los despidos es su afiliación gremial: nueve de cada diez despedidos están afiliados a algún gremio, mayoritariamente ATE”.

 

Iluminados por el fuego

 

En paralelo a las protestas por los despidos en el Inti, el rol de este organismo en beneficio de la industria nacional cobró notoriedad la semana pasada cuando se ventiló –en un informe periodístico de Alejandro Bercovich publicado en Diario BAE y en Cruz del Sur– que el gobierno de Mauricio Macri benefició a empresas vinculadas a su familia y a la de Marcos Peña con la licitación para proveer luminarias LED importadas desde China para el llamado Plan de Alumbrado Eficiente.

 

Es que el INTI determinó mediante un informe que 14 fábricas del país contaban con los requisitos técnicos nacionales e internacionales para cumplir con los objetivos de ese proyecto, que aspira a reemplazar las luces de Buenos Aires y otras localidades del interior para ahorrar hasta un 50 por ciento de energía. Este informe del organismo sirvió de sustento al Plan Nacional de recambio de Alumbrado Público por 4 millones de luminarias LED que, como contrapartida, presentó la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL). Esta iniciativa, con eje en la producción nacional, aseguraría 4 mil puestos de trabajo directo y 12 mil indirectos.

 

Vocación destructiva

 

En el abrazo simbólico al Inti que se llevó a cabo en Rosario el viernes pasado, uno de los oradores que acusó con vehemencia el verdadero interés de la administración Macri en aplicar un ajuste en el organismo fue Luis Contigiani. Para el legislador nacional por el socialismo, además de una “vocación por destruir el tejido social que tiene este gobierno nacional con los despidos”, hay una dimensión que es política: “Enfrentamos una reforma del Estado que se impulsa sin legitimidad y que no está destinada a lograr mejores servicios y desarrollos, que no tiene conciencia crítica, que es impulsada por un odio a lo público, por una visión de que el Estado no tiene que intervenir y que lo privado es mejor”, dijo, y remarcó que eso es lo que motiva “el congelamiento del aparto científico argentino y los despidos en el Senasa, el Inta o el Inti”.

 

Contigiani subrayó que este último organismo tiene la particularidad de simbolizar una política de desarrollo industrial que se opone al modelo “de rentismo financiero, de endeudamiento y concentración económica” del gobierno nacional. “En esa concepción política el Inti sobra”, fustigó. Por último, consideró que lo que mayor polémica genera es que a caballo de los despidos “están pagando fortunas en dólares en consultorías privadas tratando de reemplazar lo que tendría que generar el INTI en términos de funciones. “Eso está asociado a los amigos del poder”, sentenció.

 

Control privado

 

A fin de la semana pasada, el diario Buenos Aires Económico (DiarioBae.com) informó que “fuentes gubernamentales adelantaron que la intención oficial es ‘ceder la facultad de los controles en ciertas áreas de la industria para que se complementen con el Inti que mantendrá las mismas funciones’. Extraoficialmente, hay entre cinco y diez laboratorios interesados en tener contratos con el Estado para realizar tareas de certificación y homologación, admitieron desde un ministerio”. Lo que significa que lo que antes hacían empleados estatales cuya mayor aspiración era el prestigio de la institución, ahora será una actividad privada, sujeta a los vaivenes de la demanda del mercado.

 

Las cifras astronómicas en indemnizaciones que el estado deberá desembolsar por los despidos en el Inti, según reflexionó Maisler consultado desde este medio, tampoco permiten prever que se invertirá en las actividades, equipamientos y proyectos que se desarrollan en el Inti Rosario donde, a primera vista, no parece haber aún laboratorios privados en lista para realizar ese trabajo.

 

El año pasado, en una medida que pasó inadvertida, el Gobierno habilitó también el ensayo de laboratorios extranjeros para productos de medición importados, con el argumento de una saturación de tareas en el INTI. El decreto 960/2017, de Simplificación del Sistema Métrico Legal Argentino, estableció que se busca agilizar la aprobación de los instrumentos de medición para favorecer la creación de empleo y el cuidado del consumidor. Y agregó que a fin de seguir cuidando al consumidor pero sin generar trabas innecesarias, se permitirá que la Secretaría de Comercio habilite a otros laboratorios públicos (de universidades, por ejemplo) o privados para realizar los estudios.

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