Sociedad
07-02-2018
Evitar los atajos para pensar la violencia

El recrudecimiento de los homicidios en la zona sur, explicado por un enfrentamiento entre grupos que se matan sólo por narconegocios, facilitado por una Justicia garantista que deja en libertad antes de tiempo a los presos o por un Ejecutivo que sería el único responsable de la seguridad –o por legisladores que nunca brindan las herramientas necesarias para la mano dura– impide diagnosticar el brote violento para intentar apaciguarlo.

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Alberto Carpintero | Cruz del Sur

 

Con los líderes de las bandas en disputa en zona sur –que en dos años dejaron cuatro decenas de muertes– tras las rejas, ¿cómo se explica este rebrote de violencia que hace recordar aquellos días de mayo de 2013, incluso cuando desde entonces la tasa de homicidios se redujo en un 40%? Es la pregunta del verano y cada quien tiene una respuesta para dar.

 

El Ejecutivo carga sobre la Justicia pero no hace hincapié en la paupérrima e histórica tasa de esclarecimiento en los casos de los llamados ajustes de cuenta –si se analiza la cantidad de sentencias condenatorias y no apenas el momento de la acusación formal–, sino en el presunto garantismo de un poder judicial caracterizado justamente por su conservadurismo, en momentos en que cada vez hay más presos, en Santa Fe, en el país y en Latinoamérica.

 

La Justicia hace fintas para esquivar los mandobles y asegura no tener algo que ver con la seguridad: sólo en off sus voceros se atreven a hablar del rol de la Policía, y del resto de las fuerzas de seguridad tanto provinciales como federales, en la producción defectuosa de pruebas o en la connivencia con las economías delictivas. Los legisladores suelen estar sentados en la tribuna comentando el partido, cada uno desde su perspectiva partidaria, más allá de que acaban de reformar el proceso penal para dar algo más de poder a los fiscales.

 

Así, la caracterización de la problemática toma atajos frecuentes: el inconveniente sería sólo el narcotráfico, una cuestión compleja a escala global, pero poco se enfoca en fenómenos particulares como la afirmación de identidad en los jóvenes de sectores populares, tal como ha estudiado la Cátedra de Criminología y Control Social de la UNR; la lógica del aguante que han descrito antropólogos al interior de las barras bravas y su proyección al resto de la tribuna; una cuestión tan vieja como el inicio de los tiempos, como la venganza, y, claro, la disputa por territorio que no sólo se pretende para el ejercicio de las economías delictivas como el narcomenudeo sino que marca también el sentido de pertenencia de quienes lo habitan.

 

Según la investigación por el crimen del ex jefe de la barra de Newell’s Roberto “Pimpi” Caminos, a fines de 2008 el sucesor en el paravalanchas Diego “Panadero” Ochoa, quien llegó a ese lugar con el aval de directivos y policías y rodeado de patovicas, debió recurrir a la contratación de gatilleros para empardar el poder de fuego del grupo asentado en el barrio Municipal. Para ello recurrió a los Quemados de barrio Alvear, pero sobre todo a la banda de los Monos, por entonces con una relación enfriada con quien había sido su aliado, Pimpi, y al clan Ungaro, capo del barrio Grandoli, y enfrentado con el Municipal desde un año antes.

 

Esa venta de protección en clave mafiosa se mantuvo a lo largo del tiempo –con algunos cortocircuitos, en el caso de la banda asentada en La Granada–, hasta el crimen, a mediados de 2016, del entonces líder de la barra Matías “Cuatrerito” Franchetti. Hoy los investigadores policiales y judiciales ven a dos grupos barriales claramente enfrentados que tributan a dos cabezas mayores: los Monos y los Ungaro. Es decir, la pelea histórica entre barrio Municipal y Grandoli, encarnada en los clanes Caminos y Funes (mudados desde el Municipal a Tablada en 2013), se propagó a otros sectores de zona sur con otros actores, como el sector de Ariel “Tubi” Segovia –también asentado en Tablada– como aliado de hijo de Pimpi, Alexis Caminos.

 

Pero cómo seguir vendiendo protección a grupos que no tienen demasiada logística ni inteligencia, pese a la sospechada connivencia con sectores de fuerzas de seguridad, cuando sus líderes (el caso de René “Brujo” Ungaro –condenado por el crimen de Pimpi–, Lautaro Funes, Carlos “Pelo Duro” Fernández y Ariel “Teletubi” Acosta por un lado, y Alexis Caminos y Ariel “Tubi” Segovia, por el otro) están presos, si no brindando datos para hallar a los enemigos en sectores muy alejados entre sí de la ciudad e incluso aportando poder de fuego para que las venganzas sean no sólo el homicidio sino el mensaje, en este caso la espectacularidad de la ejecución.

 

Algo de eso parece haber ocurrido este lunes pasado, con el asesinato de Jonatan “Bam Bam” Funes en el cruce de la ruta A012 con la 14, apenas salió de visitar en la cárcel de Piñero a sus hermanos presos, Lautaro, alias Lamparita, y Alan. El padre de ellos, Jorge, fue localizado y herido de gravedad en la localidad de Alvear el primer día del año.

 

Un mes antes del crimen de Jonatan, otro hermano Funes, Ulises, fue asesinado a tiros en barrio La Lata, en el mismo lugar donde vivían dos de las tres víctimas fatales de un reciente triple crimen: a mediados de noviembre último, también en la previa al inicio de las audiencias por el juicio a la banda de los Monos, el auto en que viajaba un convicto que había salido con una transitoria fue rociado a tiros cerca del cruce de rutas en que fue luego asesinado Jonatan Funes.

 

El factor impune

 

El lugar común de “se matan entre ellos”, “no les interesa que haya justicia sino venganza”, parece exculpar al Estado de su falta de eficacia en el esclarecimiento de los llamados ajustes de cuenta, que sólo escalan en los medios cuando se producen en la zona de los bulevares o cuando su repetición de espectacularidad hace que se ponga la lupa en ellos.

 

Que el crimen del chico Walter Cáceres, quien viajaba en un micro de la barra de Newell’s rociado a balazos frente al barrio Las Flores un mes antes del crimen de Pimpi, haya terminado impune en un juicio donde el material probatorio –por impericia o connivencia– era más que endeble, o que el debate por el asesinato del líder de los Monos Claudio “Pájaro” Cantero que derivó en la saga sangrienta de mayo de 2013 –también con escasas pruebas– haya terminado de la misma manera, tal vez sea una de las explicaciones de por qué estos grupos refuerzan la histórica necesidad de la venganza.

 

Según un relevamiento de la referida Cátedra de Criminología sobre casos ocurridos entre 2008 y 2012, o sea antes de la implementación del nuevo sistema penal, sólo el 22 por ciento de los homicidios en dos de los barrios de zona sur más castigados por la violencia terminó en condena. Las estadísticas policiales y judiciales suelen hacer hincapié en otros datos: cuántos casos llegaron a una audiencia de acusación (indagatoria en el viejo sistema e imputativa en el nuevo).

 

Desde la implementación de la reforma procesal, el 10 de febrero de 2014, los números en este sentido apenas superan el 50 por ciento: que hoy los máximos referentes de los grupos enfrentados estén presos no garantiza que esas pruebas alcancen en un juicio.


Barrios y barras


La afirmación de identidad entre jóvenes de sectores populares que crecen en entornos violentos, y el cruce de estos códigos con la lógica del aguante que prima en las canchas de fútbol, no parecen explicaciones que puedan dejarse de lado a la hora de analizar por qué recrudecen los ataques, y cómo es que en esos lugares se legitima la violencia.


“La construcción de identidad tiene que ver con hablar sobre qué sos: una identidad que te permite prestigio entre tus pares. Un cartel que aparece sumamente regulado, a lo contrario de imágenes de una violencia que se desparrama como una mancha de petróleo. La víctima que te da prestigio no es cualquier víctima. Eso se da con otro par, con otro que anda a los tiros. Si no, sos un sin código o un atrevido. No generás cartel. Más allá de que suceden estas muertes y los jóvenes construyen explicaciones de por qué suceden. Pero comparten los criterios de victimización que hay en la sociedad: aparecen como víctimas matables ellos mismos para estos mismos jóvenes. Se han ido sedimentando generaciones de pibes que andan a los tiros”, sostiene la criminóloga Eugenia Cozzi, quien ha trabajado la problemática en barrios periféricos de Rosario y la capital provincial.


“Cuando analizamos la lógica del aguante, nos damos cuenta de que tienen muchos valores compartidos con el resto de la sociedad. Hablamos de dos lógicas que se cruzan todo el tiempo. Una parte de la lógica tiene que ver con la fidelidad y el fervor, que es la lógica que expresan mayoritariamente pero no solamente los espectadores que no son parte de la barra brava, y otra que tiene que ver con el aguante violento, que es la que expresan los miembros de la barra brava, mayoritaria pero no únicamente; para ellos no hay otra forma de ganar aguante que no sea peleándose, y eso lo diferencia del resto de los espectadores, pero no siempre, porque a veces el resto de los espectadores también se pelea; pero para el resto que a veces se pelea lo más importante es mostrar la fidelidad y el fervor, que por más que no se salga campeón se alienta, que en las malas siempre está; en cambio para las barras bravas lo que señala la pertenencia es pelearse”, describe el antropólogo José Garriga, especializado en el tema.

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