Sociedad
10-01-2018
Escuchas controladas

Una resolución interna del Ministerio Público de la Acusación (MPA) fija los lineamientos para el pedido de intervenciones telefónicas por parte de los Fiscales. La decisión surgió tras algunos escándalos con escuchas que se dieron durante el 2017.

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Carina Ortiz | Cruz del Sur

 

Después de los escándalos generados con las escuchas telefónicas que un ex fiscal hizo sobre el celular de su ex novia y su entorno y las repercusiones sobre la intervención telefónica al ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, en una investigación fiscal sobre un presunto fraude con horas Ospe el Fiscal General, Jorge Baclini (foto), emitió en diciembre pasado la resolución 470/17 donde fijó una guía de actuación para los Fiscales en materia de intervención de comunicaciones telefónicas.

 

El documento restringe esta facultad para los fiscales como se conocía hasta el momento y obliga a los funcionarios a cumplimentar una serie de pasos ante el pedido de una medida de esta índole. A su vez creó un registro de solicitudes. Entre los puntos más importantes está la identificación de los titulares y usuarios de las líneas telefónicas a intervenir y la fundamentación del pedido. También la limitación en el tiempo de la medida, de entre 15 y 20 días.

 

Fernando Rodrigo se desempeñaba en la Unidad Fiscal de Violencia de Género y luego fue reubicado en la Unidad de Investigación y Juicio. También fue el presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación. Utilizaba investigaciones en curso para pinchar teléfonos de su ex novia y allegados a la chica, que también trabaja en Fiscalía, según la investigación.

 

Un compañero, que era empleado del Fiscal notó la anomalía y lo denunció ante sus superiores en agosto pasado, lo que derivó en un escándalo que termino con el inicio de una causa penal y la renuncia del funcionario. Rodrigo no aceptó el fin de la relación y su obsesión lo llevó a utilizar su cargo para conocer las charlas de su ex novia, refiere la pesquisa. Intervino 11 teléfonos, los escuchaba por un tiempo y cesaba en la intervención. Usaba investigaciones de distinto tipo que tenía a su cargo para colar algún teléfono que quería escuchar. El escándalo estalló, Rodrigo pidió licencia y se inició una investigación administrativa y penal a cargo de la fiscal Natalia Benvenuto.

 

El fiscal renunció y así sorteó la investigación administrativa que terminó archivada, pero la penal siguió su curso. Finalmente pasó al fuero Federal en octubre pasado por disposición de Benvenutto. La funcionaria entendió que el accionar de Rodrigo afectó los servicios de telecomunicaciones que es de competencia nacional y el organismo que implementa las escuchas, la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) dependiente del Estado Nacional. Rodrigo presentó certificados médicos y ,hasta donde trascendió, aún no fue imputado en aquel fuero.

 

Horas OSPE

 

Una investigación con asiento en la ciudad de Santa Fe por presunto fraude en las llamadas horas Ospe – más conocidas como adicionales – desató otro escándalo cuando se conoció que dentro de la pesquisa había escuchas al Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. En la mira del fiscal Roberto Apullán estaba el ex jefe de la Unidad Regional V de Policía, Adrián Rodríguez, además de una docena de uniformados. Rodríguez  fue detenido a principios de octubre aunque luego fue liberado por orden del fiscal regional Carlos Arietti.

 

La imputativa se prorrogó en varias oportunidades. Finalmente Apullán fue corrido de la investigación que quedó en manos de la recién creada Unidad Fiscal de Delitos Complejos, puntualmente del fiscal Ezequiel Hernández. Entre las evidencias de la causa aparecieron escuchas al ministro de las cuales presuntamente se desprende un trato preferencial hacia el policía para un ascenso y el pedido de explicaciones porque la detención se produciría después de las elecciones. El pedido para la intervención de ese número no especificó la identidad del titular de la línea, explicaron luego las pesquisas.

 

 La resolución

 

Estos escándalos parecen ser la antesala de la resolución 470/17 dictada por el fiscal general Jorge Baclini. El documento establece que la finalidad de la Guía de Actuación para Fiscales sobre intervenciones de comunicaciones telefónicas es establecer un procedimiento uniforme de actuación que garantice la transparencia y el control de las intervenciones. Explica que la medida es excepcional y requiere un riguroso análisis previo dónde explique la necesidad del pedido y su proporcionalidad, equilibrando el interés en la persecución penal y el derecho a la intimidad.

 

Fundamentación en el pedido y limitación de la medida en el tiempo son los ejes que marca el documento. Fija los lineamientos que los fiscales deberán tener en cuenta al momento de solicitar la intervención. Entre ellos informar al juez todos los datos que hayan obtenido del titular de la línea y su usuario. En caso de conocerlo, no podrá negarse esa información al magistrado que autorice la medida.

 

Recomienda a los funcionarios colectar la mayor información de la línea y cuando el dato de la titularidad es desconocido deberán solicitar información a la prestataria o a la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), incluso hacer un esfuerzo en conseguir datos cuando se trate de un chip prepago.

 

Pero eso no es todo, además deben registrar el pedido en una base de datos informática de la Fiscalía. También  la intervención autorizada por el juez, en este caso deberán llenar un formulario en 4 ejemplares: uno para el legajo fiscal, otro para el libro de registro de intervención que queda en la Fiscalía Regional, otro para DAJUDECO y el último para la prestataria que efectivizará la medida ordenada.

 

Una vez realizada la intervención la información llegara a DAJUDECO que realiza una copia para transferir el contenido y allí se debe llenar un nuevo formulario. El fiscal tiene el deber de controlar que la persona que retire la evidencia digital ponga el sello de protección de la evidencia. Finalmente establece que solo se puede transcribir aquella información que tenga relevancia para la causa y el resto de la escucha no debe salir de la esfera de custodia de la Fiscalía.

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