Política
20-12-2017
La aplicación del ajuste
Sólo diputados macristas y radicales santafesinos votaron a favor de la ley de reforma previsional. En enero cobrarán aumentos de jubilaciones nacionales quienes aportaron 30 años, que en la provincia son 132 mil personas (de un total de más de 500 mil beneficiarios), los demás deberán esperar a marzo.
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Orlando Chircaz | Cruz del Sur

 

La sanción de la ley que modifica el cálculo de las jubilaciones y pensiones va más allá de esa nueva fórmula: habilita elevar hasta los 70 años la edad jubilatoria. La norma establece que esa variable sea de modo optativo, tanto en hombres como en mujeres, ya no caben dudas que genera mayor discrecionalidad y puede llegar a obturar el crecimiento del empleo en los jóvenes.

 

Discutir todos esos temas con tiempo y más precisión técnica fue imposible. El macrismo y sus aliados apuraron la votación y a libro cerrado consagraron la media sanción que venía del Senado. Gobernadores peronistas como el salteño Juan Manuel Urtubey y el chaqueño Domingo Peppo, entre otros PJ, suscribieron los términos de la llamada reforma previsional y ahora solo queda esperar su implementación.

 

Los nueve diputados santafesinos de Cambiemos que votaron la norma fueron Luciano Laspina (PRO), Lucila Lehmann (Espacio Carrió), Gisela Scaglia (PRO), Gonzalo Del Cerro (UCR), Lucas Incicco (PRO), Jose Carlos Núñez (PRO), Hugo Marcucci (UCR), Albor Cantard (UCR) y Astrid Hummel (PRO). Laspina, que quiere ser gobernador de Santa Fe, defendió el proyecto en el recinto con un fallido que no se detuvo a corregir: “Para los jubilados que nos están viendo, les mienten cuando les dicen que les vamos a bajar inflación, no tengan miedo, eso no va a pasar. Es parte de una mentira”, dijo.

 

De ahora en más, se calculará el reajuste de manera trimestral: marzo, junio, septiembre y diciembre. Se tomará como base al índice de inflación calculado por el Indec (70%) y al coeficiente de la variación de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, el RIPTE (30%) que calcula la Nación. La promesa oficial es que el haber siempre supere a la inflación.

 

Todavía exultante por el resultado de la votación, el diputado santafesino por el PRO-Cambiemos, Luciano Laspina, aseguró que en enero habrá aumento de las jubilaciones nacionales en un 7,5%. Solo lo van a cobrar los que aportaron 30 años, que en la provincia son 132.000 personas (sobre un universo que ya superó a los 500.000 beneficiarios) y los demás deberán esperar a marzo.

 

Oposición y puntos de vista

 

Los diputados santafesinos de la oposición votaron en contra, con argumentos más o menos parecidos. Los justicialistas Marcos Cleri, Silvina Frana, Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti, Alejandro Ramos, Agustín Rossi y Josefina González; los massistas Alejandro Grandinetti y Vanesa Massetani; y el socialista Luis Contigiani. Este último, es el único dirigente del FPCyS en el Congreso.

 

En un repaso por sus apreciaciones, Rodenas indicó que como ex magistrada puede observar que la ley sancionada “nace inconstitucional porque viola el derecho de progresividad”. O sea, cuando se alcanzó un determinado nivel en materia protección de estos derechos no es posible que una medida gubernamental redunde en algún tipo de menoscabo del alcance de un derecho.

 

Otra que se quejó fue Silvina Frana, quien acusó al Gobierno Nacional y a Cambiemos de haber escondido durante el proceso electoral reciente este tipo de reformas y sus consecuencias a la población. “No les dijeron (a jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y ex combatientes de Malvinas) que con esta ley van a cobrar menos”, criticó.

 

“No les dijeron (a los beneficiarios) que con esta ley se perjudicaba a 17 millones de personas, no les dijeron que con esta ley va a haber jubilados de primera y de segunda, no les dijeron que con esta ley se van a tener que jubilar a los 70 años con poca posibilidad de generar puestos de trabajo para los jóvenes. Eso es un atentando contra el sistema previsional argentino”, evaluó.

 

Dicha definición está en sintonía con el pensamiento de varios constitucionalistas, los que sostienen que la nueva fórmula de actualización de haberes jubilatorios no puede ser aplicada retroactivamente a los actuales beneficiarios pues ello implica una seria violación al principio respectivo y a la seguridad jurídica en que se asienta el derecho de propiedad.

 

Entre los más enérgicos oradores estuvo Luis Contigiani. “Esta reforma previsional viene con defecto de origen: salen desde la planilla de un Excel, salen desde un relativismo práctico, desde la racionalidad tecnócrata, salen desde las necesidad que impone el eficientismo económico, que perdió el rumbo y no encuentra una mirada integral para resolver los problemas de la Argentina”.

 

Para el legislador del PS-FPCyS, lo aprobado por Cambiemos está “muy lejos de tener en cuenta el termómetro social de nuestra gente”. Por su parte, la diputada del Movimiento Evita Lucila De Ponti indicó: “Nosotros sabemos muy bien que este proyecto está orientado a hacer caja. Y es a los sectores más postergados de nuestra sociedad al que le estamos recortando recursos”.

 

Cuadro de situación

 

Según información pública brindada por Ansés en diciembre de 2015, en la provincia de Santa Fe había 471.020 jubilados y pensionados nacionales. El dato no volvió a actualizarse desde que asumió el presidente de la Nación, Mauricio Macri, por lo cual es difícil de determinar cuál es el número real de beneficiarios que sufrirán recortes con el cambio del cálculo jubilatorio.

 

No obstante, y a modo indicativo, de ese total había 424.206 jubilados nacionales. Luego, se sumaban 267.769 beneficiarios de AUH (Asignación Universal por Hijo). Bueno es aclarar que ni en diciembre de 2015 ni ahora está en claro cuántos eran –y hoy son– los ex combatientes de Malvinas de la provincia de Santa Fe con pensión honorífica.

 

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calcula que en diciembre de 2019 la nueva fórmula generaría un haber mínimo real (o sea, teniendo en cuenta la inflación) un 8% más bajo que el que se lograría con la fórmula vigente hasta hoy. Además, sostiene que la propuesta generaría un ahorro fiscal sólo en 2018 de $72 mil millones, equivalente a 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI).

 

Por esta pérdida real en los haberes jubilatorios por el cambio de la fórmula, Mauricio Macri hará un pago único en marzo para compensar la transición. Estos bonos serán de $400 para los beneficiarios de la AUH, de $375 para quienes se jubilaron mediante las moratorias y cobran menos de $10.000, y de $750 para jubilados con aportes que cobren menos de $10.000 mensual.

 

Hasta ahora, las jubilaciones nacionales se modificaban dos veces al año (en marzo y en septiembre) por la llamada “ley de movilidad jubilatoria”. Se trataba de una norma que se aprobó en 2008 en el Congreso de la Nación, con alto respaldo legislativo. Antes de esta ley, el Gobierno Nacional decidía discrecionalmente cuánto iban a aumentar las jubilaciones.

 

Con dicha norma, desde marzo de 2009, las jubilaciones aumentarán a partir de una fórmula elaborada por la ANSES que toma en cuenta principalmente dos variables: los recursos tributarios que recibe el organismo (como lo que se recauda por el impuesto a las Ganancias, entre otros) y la evolución de los salarios de los trabajadores que están en blanco (privados y públicos).

 

Todos esos indicadores con mediciones del Ministerio de Trabajo de la Nación y el Indec. En ese contexto, desde su aplicación en 2009 hasta el final del kirchnerismo en 2015 las jubilaciones mínimas aumentaron un 20% su poder adquisitivo, comparadas con el IPC-9 Provincias, índice que calcula el Centro CIFRA del sector de la CTA que lidera el sindicalista docente Hugo Yasky.

 

Pasado, presente, ¿y futuro?

 

En diciembre de 2016, el primer año de gestión de Mauricio Macri en la Casa Rosada, el poder adquisitivo de la jubilación mínima cayó entre un 6% y un 7%, según cómo se la mida. Fue el tercer año desde la aplicación de esta ley en el cual la jubilación mínima aumentó por debajo de los precios (lo mismo había sucedido en 2010 y 2014).

 

La ley sancionada por el PRO, la UCR, Espacio Carrió y diversos sectores del peronismo en la madrugada de este 19 de diciembre establece que la movilidad jubilatoria se base, a partir del año que viene, en la inflación medida por el Indec. La semana pasada renunció una funcionaria del organismo por las presiones que recibió al dar a conocer el número de pobres en la provincia de San Juan.

 

Es decir, la sospecha sobre amañar los números a conveniencia del gobierno de turno es concreta. De todas formas, de acuerdo a lo previsto en la norma aprobada por Cambiemos, los aumentos en las jubilaciones y pensiones nacionales, en la AUH y a ex combatientes de Malvinas se aplicarían trimestralmente, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.

 

Además de la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el texto oficial prevé agregar un bonus atado al crecimiento de la economía nacional, que dará un incremento adicional del 5% de la variación porcentual real del Producto Bruto Interno (PBI). Igual, se aclara que “en ningún caso la aplicación de dicha fórmula podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario”.

 

El periodista de Clarín Ismael Bermúdez aclaró que este bono por el crecimiento de la economía sería mínimo. En caso de que el año próximo el PBI aumente un 4% (previsión que supera la proyección oficial para 2018 y 2019), los jubilados nacionales tendrían una mejora del 0,002%, por lo que una jubilación de $10.000 apenas lograría un adicional de $20.

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