Sociedad
08-11-2017
San Lorenzo: tierra de trata

La Justicia federal cerró con una condena en juicio abreviado una investigación por trata y facilitamiento y explotación económica de la prostitución en ciudades de la zona norte del cordón industrial con víctimas que eran transportadas desde la ciudad de Santa Fe. En una causa similar que ya tiene a tres penados un policía de Puerto General San Martín se apresta a enfrentar un juicio oral luego de que Casación rechazara la excarcelación.

 

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Alberto Carpintero | Cruz del Sur

 

Dos recientes fallos judiciales volvieron a poner la mira sobre la ribera portuaria del departamento San Lorenzo, histórico sitio de explotación prostibularia enfocado en brindar servicios sexuales a los embarcados y también a los camioneros que llegan con cargas graneleras a los puertos de la región; las víctimas, mujeres en situación de vulnerabilidad de la ciudad de Santa Fe que eran trasladadas por la autopista y la ruta 11 hasta las playas de estacionamiento de camiones de la cabecera departamental y de Puerto General San Martín.

 

Por un lado, en juicio abreviado la Justicia federal de la capital provincial penó a una madama y un remisero que inicialmente habían sido encausados por trata de personas, aunque ahora bajo una figura penal menos gravosa: facilitamiento de la prostitución. Por otro, Casación federal ratificó que un policía seguirá preso hasta el juicio en un caso de trata que ya tiene sentenciados a dos regentes y el hijo de uno de ellas, quien transportaba a las víctimas. Para la Justicia, cobraba por hacer la vista gorda ante el delito.

 

El 2 de junio de 2014 un testigo protegido denunció que en una estación de servicios de la ciudad de Coronda, en un acceso a la autopista Brigadier López, vio a mujeres de distintas edades que se bajaron de dos autos, fueron al baño y salieron con la vestimenta cambiada. Señaló que una mujer de unos 40 años impartía las órdenes y también un hombre algo menor.

 

El fiscal federal santafesino Walter Rodríguez comenzó una investigación bajo auxilio de la Agencia de Investigaciones de Trata de Personas del Ministerio de Seguridad de la provincia. Los pesquisas establecieron que la mujer apuntada era una tal Magancha, ya bajo investigación en otro caso federal por trata de personas.

 

El 21 de octubre de 2015, el personal de Trata desplegó un operativo en el kilómetro 141 de la autopista y también sobre la ruta nacional 11, en las ciudades de San Lorenzo y Puerto San Martín, donde habitualmente los autos se detenían para que las víctimas se cambiaran de ropa. Fue detenido Carlos Hugo Vinier, de 58 años, quien viajaba con cuatro mujeres mayores de edad al mando de un Peugeot 206, donde se incautó gran cantidad de preservativos y geles íntimos.

 

Este hombre fue indagado bajo la figura de trata por el juez federal Francisco Miño, quien lo encausó como partícipe secundario de este delito y lo dejó preso. Margarita “Magancha” Ríos, de 53 años y vecina del barrio La Ranita de la capital provincial, fue apresada recién el 24 de noviembre del 2016 y procesada por trata de personas, en concurso real con promoción, facilitamiento y explotación económica de la prostitución, todos delitos agravados.

 

Según la pesquisa, Magancha se encargaba de la logística: reclutar a las víctimas y contratar el transporte de ida y vuelta a la zona norte del cordón industrial, esencialmente a las playas de estacionamiento de camiones en la zona de puertos. Y el remisero obtenía rédito económico del delito, aun bajo conocimiento de la vulnerabilidad de estas mujeres, todas de escasos recursos. Magancha les cobraba, allá por 2014, a las víctimas para su traslado y a la vez le pagaba al remisero, incluso algunas veces con pases sexuales con las propias víctimas.

 

Luego de que el 18 de octubre pasado la Fiscalía pidiera 10 años de prisión para Magancha en el requerimiento de elevación a juicio, se produjo una negociación entre el fiscal general, Martín Suárez Faisal, y las defensas de los imputados que arribó a un acuerdo homologado por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría: Magancha fue penada con 6 años de prisión y Vinier condenado a tres, bajo una figura menos gravosa, explotación económica de la prostitución ajena, agravada por la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

 

Un caso calcado

 

Tres años antes de que se desbaratara el accionar de Magancha había comenzado una investigación similar sobre otras explotadoras que cumplían con un modus operandi similar en esta zona con víctimas que también residían en la ciudad de Santa Fe.

 

Los investigadores constataron que desde el 14 de octubre de 2011 hasta el 24 de junio de 2013, cuando fueron apresadas en un operativo de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), usaban el mismo itinerario. Zunilda Godoy, de 49 años, y Mariela Sandoval, de 43, contactaban a un remisero –en ocasiones el hijo de una de ellas– que transportaba a las mujeres para que ejercieran la prostitución.

 

Según la pesquisa de la Justicia federal, paraban en una estación de servicio de la autopista Rosario–Santa Fe para que las mujeres cambiaran sus ropas y se maquillaran. El chofer las dejaba cuando anochecía en paradas cercanas a los playones de camiones en el departamento San Lorenzo. Y a las 3 de la madrugada debían volver, bajo apercibimiento de afrontar un sistema de multas.

 

El juicio oral contra las mujeres terminó el 25 de agosto de 2014. El mismo tribunal que luego condenaría a Magancha y el remisero penó con ocho años de cárcel a Godoy y Sandoval por trata de personas agravada. Y dictaminó cuatro años de cárcel para Martín Gómez, entonces de 27 años, como partícipe secundario por ser encargado del transporte de las víctimas.

 

La misma pesquisa estableció que un policía, el agente Rodrigo Delgadino, era el encargado de liberar la zona para que las mujeres se prostituyeran. El uniformado trabajaba en la comisaría 5ª de Puerto General San Martín y cobraba 800 pesos mensuales por los servicios prestados a las explotadoras, dice la acusación, también encabezada por el fiscal federal Walter Rodríguez. El efectivo había sido sobreseído por el juez federal Reinaldo Rodríguez, aunque la Cámara Federal de Rosario revocó ese fallo con duras críticas al magistrado.

 

En agosto de 2015, el agente se presentó en los Tribunales Federales de Santa Fe para poner fin a su situación de fugitivo. Delgadino está acusado de haber recibido en la vía pública a un número indeterminado de mujeres que eran trasladadas desde la ciudad de Santa Fe hacia diversos lugares en cercanías de Puerto General San Martín y San Lorenzo con el objetivo de ser explotadas sexualmente.

 

En 2016, el fiscal Walter Rodríguez solicitó la elevación a juicio y, el 22 de mayo pasado, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe prorrogó doce meses la prisión preventiva del policía, cuya defensa apeló la medida. Delgadino tuvo otro revés tres meses después, cuando el 31 de agosto último la sala IV de Cámara de Casación Penal Federal rechazó la apelación y dejó firme la preventiva del efectivo por un año o bien hasta que lleve adelante el juicio oral.

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Domingo 19 de Noviembre de 2017
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