Sociedad
08-11-2017
Piden pan, no le dan

Los anuncios sobre la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional generaron alarma entre muchos profesionales de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario explican las implicancias de esta posible reforma como una quita de derechos de los trabajadores.

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Carina Ortiz | Cruz del Sur

 

Transitar la vida en una sociedad con derechos adquiridos puede llevar a olvidar lo que costó conseguirlos. Hoy, la clase trabajadora se enfrenta a una nueva reforma laboral que se conoció a través de anuncios del Gobierno Nacional. Si bien el proyecto de ley no se oficializó, el borrador enciende chispazos por donde pasa, como reguero de pólvora, y generó escozor en los sectores que defienden los derechos de los trabajadores.

 

Hay una fuerte crítica al retroceso que esta ley generará en caso de implementarse. “Licua la regulación legal y las limitaciones que se establecían para que los trabajadores conserven derechos”, resumió Juan José Galera, integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas de la ciudad, quien hizo un repaso por los principales puntos del proyecto del oficialismo nacional, que afecta especialmente las condiciones laborales de los trabajadores y su bolsillo.

 

El borrador que se conoce cuenta con unos 142 artículos y modifica el régimen de contrato de trabajo, la regulación del empleo no registrado con quita de multas para los empleadores que blanqueen al trabajador en el plazo de un año. También se sumerge en las contribuciones y aportes, evasión, y crea un fondo de cese laboral entre otros temas. “Más que reforma es una contra reforma –explicó Galera–, porque no alude a una modificación propiamente dicha sino que es una pauperización laboral”.

 

De acuerdo al abogado, se tocan ejes fundamentales que resultan hoy molestos para el empresario. Para Galera el fin confesable de la reforma es “precarizar derechos de la mayoría”. Y plantea: “Se intenta legitimar diciendo que es una lucha contra la mafia de los juicios laborales, una liberalización de las fuerzas productivas, se busca bajar la litigiosidad pero el fin último es dar beneficios a una minoría empresaria en detrimento de la gran mayoría de la clase trabajadora”.

 

Galera arguye que la reforma “va sobre históricas conquistas de la clase trabajadora”. Y afirma: “Desde el vamos arranca con la modificación del artículo 1 de la ley de contrato de trabajo y habla de ‘cooperación’ entre el trabajador y el empresario. No hay cooperación, hay subordinación”, detalló. En su génesis, el contrato de trabajo no tiene un equilibrio entre las partes: de un lado está el obrero poniendo lo único que tiene, su fuerza de trabajo para su sustento. En el medio una masa que lo necesita y en el otro lado un empresario que elige.

 

Normas supranacionales

 

El contrato de trabajo ya tiene base constitucional. En el artículo 14 bis hay una serie de derechos establecidos como: igual remuneración por igual tarea, protección contra el despido arbitrario, condiciones dignas y equitativas de trabajo. Toda una serie de derechos cuyas reglamentaciones están en la ley de contrato de trabajo (LCT). “Estamos a 40 años de la noche de las corbatas, donde asesinaron a Norberto Centeno uno de los principales redactores e impulsores de la ley de Contrato de Trabajo”, observó Galera.


Estos derechos constitucionales siempre molestaron profundamente y se vieron ampliados en el año 1994 con la reforma constitucional. Allí se incorporan tratados de derechos humanos. También convenios de Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobados. Para el abogado laboralista con este borrador de anteproyecto se intenta desconocer ésta base normativa.

 

La reforma

 

La jornada máxima es una conquista. El primer convenio de OIT es de 1919 y habla sobre las horas de trabajo en la industria, fijando una limitación. La reforma que impulsa el gobierno nacional plantea la posibilidad de establecer un banco de horas a través de la negociación colectiva para fijar una jornada máxima mayor a la que se permite. “De esta manera se logra el aumento de horas diarias y no pagar horas extras. La indemnización por antigüedad se modifica por un fondo de cese, que se fija también a través de la negociación colectiva, para reemplazar la indemnización por despido”, señala Galera.

 

La indemnización por antigüedad tendrá un nuevo cálculo. Establece una base de cálculo menor. El actual artículo 245 de la LCT fija un mes de sueldo por año de antigüedad o fracción mayor a tres meses. Y se toma la remuneración “mejor, mensual, normal y habitual”. Con la reforma a esta fórmula le sacan ítems, de modo de menguar la base de cálculo al máximo posible. “Restringen y sacan el sueldo anual complementario (SAC) que estaba discutido pero en muchas provincias de aplicaba. También horas extraordinarias, premios, comisiones, bonificaciones, compensaciones de gastos”, enumera el abogado laboralista.

 

Y agrega: “Incorpora a los trabajadores autónomos en la ley de contrato de trabajo donde se regula el empleado en relación de dependencia, lo que se traduce en fraude elemental. Licua totalmente las multas que antiguamente eran incremento indemnizatorio por despido de un trabajador no registrado. Mantiene solo tres tipos de multas en forma muy menguada que, encima las percibe el Estado y no el trabajador. Es decir que el despido de un trabajador en negro es prácticamente lo mismo que el de un trabajador en blanco”, ejemplifica.

 

Esta limitación a la responsabilidad del empleador es, según Galera, gravísima, no solo es un problema para el trabajador sino que desfinancia el sistema de la Seguridad Social. Deroga la duplicación indemnizatoria y deja unas pocas multas que no van al bolsillo del trabajador. Otro punto neurálgico para el abogado es la tercerización: “prácticamente la promueve”, detalló.

Tercerización

 

La tercerización es un fenómeno de desconcentración productiva que afecta mucho a los trabajadores. Hay grandes empresas que contratan múltiples empresas mucho más chicas y muchas veces insolventes para múltiples tareas. Cuando el trabajador reclama por derechos generalmente va contra el empleador y el responsable solidario. “Al limitar esta responsabilidad está dejando a su suerte a muchos trabajadores. No van a tener a quién cobrarles”, sostuvo Galera.

 

Otro ítem es la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo “licua la regulación legal y las limitaciones que se establecían para que los trabajadores conserven derechos”, no se habla de contrato individual de trabajo, la mejor condición pactada entre el trabajador y el empleador se suprime. También hay un anuncio sobre las limitaciones a la cantidad de gremios existentes lo que indefectiblemente llevará, como consecuencia, a la limitación de los convenios existentes aunque aún no se sabe con exactitud sobre este punto, “no se vieron borradores”, refirió.

 

En cuanto a la prescripción, establece el plazo de un año para reclamar rubros indemnizatorios. “Antes era mucho más largo”, dijo Galera. Con la primera gran reforma de la ley de Contrato de Trabajo, durante la dictadura, se redujo a dos años. “Es muy difícil que un trabajador reclame durante la vigencia del contrato de trabajo, especialmente en el régimen privado. Generalmente se reclama al fin de la relación laboral y con la reforma sólo se podrá exigir el último año.


Decir que se va a crear empleo de calidad con una reglamentación laboral precarizada es inentendible, ilógico y contradictorio”, concluyó.

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