Economía
01-11-2017
El Estado ahorra y los jubilados pierden

Según analiza el mayor especialista en temas previsionales, Fernández Pastor, el gobierno tiene el poder de decretar modificaciones al sistema jubilatorio que lo encauzarían hacia una privatización que reduciría a la mitad los haberes. Sólo el año próximo las jubilaciones van a reducirse un 15%.

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El lunes pasado, antes de que el presidente Mauricio Macri anunciara los planes económicos que vendrán, el gran diario argentino publicó una nota en la que se anticipaba que el “plan oficial de modificación de la ley de movilidad”, recomendado por el FMI y otros organismos financieros internacionales, “implica para 2018 una reducción en torno de los $ 100.000 millones en la partida de Seguridad Social con relación al proyecto de Presupuesto del año próximo”.

 

Ese mismo día, y tras los anuncios presidenciales, Miguel Ángel Fernández Pastor, abogado y ex director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, uno de los mayores especialistas en jubilación del Cono Sur, explicó los alcances de ese proyecto en varias radios porteñas y hasta de Rosario. Entre otras cosas señaló que la Ley de Movilidad permitió que los jubilados no sólo ganaran por encima de la inflación sino que, hacia febrero de 2015, alcancen haberes que representaban el 81% de un salario mínimo de un trabajador y que lo que se espera con las modificaciones que planean desde la Casa Rosada es reducir esa relación hasta un 37%, que es el índice que cobra un jubilado en Chile donde hay un régimen de capitalización, es decir, un sistema jubilatorio privado como el que podría volver a Argentina.

 

Asimismo, el especialista indicó que el poder Ejecutivo, tras la sanción de la Ley de Reparación Histórica en septiembre del año pasado –que contó con la anuencia, entre otros, del bloque de Sergio Massa–, tiene en sus manos el poder de decretar las modificaciones sin pasar por el Congreso. “El año que viene, los jubilados van a perder el 15% de su capacidad de compra”, deduce Fernández Pastor al dividir esos 100 mil millones que anunció Clarín que ahorarrá el gobierno por los 8 millones de jubilados y pensionados que hay en el país.

 

“El tema previsional tiene dos grandes patas –señaló Fernández Pastor–, una es el ajuste de los actuales jubilados, que es lo que anunció el presidente Mauricio Macri el lunes pasado. ¿Cómo lo anuncia? Lo anuncia diciendo que buscan un sistema con mayor equidad, resguardo contra la inflación y que elimine los regímenes de privilegio. Entonces, uno es el tema de la ley de movilidad, de la que suelo decir que es el avance más importante en materia de seguridad social de la historia argentina, porque los aumentos se hacen por ley y se elimina la discrecionalidad del poder Ejecutivo en el otorgamiento de ese incremento. Y permite que los beneficiarios del sistema previsional se beneficien cuando hay un proceso de crecimiento económico por dos vías distintas: el crecimiento salarial y por el crecimiento de la recaudación impositiva con destino al sistema previsional (las jubilaciones que se aumentan por la ley de Movilidad Jubilatoria en marzo y septiembre tiene parámetros que definen el porcentaje de aumento por las paritarias, es decir, salarios, y la recaudación que tiene como destino el sistema previsional) y le da a la jubilación un aumento superior a la inflación: del 2008 a la fecha crecieron casi el doble –porque hubo un proceso de crecimiento económico– los incrementos del sistema previsional que si se hubieran hecho por la inflación”.

 

—¿O sea que desde 2008 a 2015 las jubilaciones siempre le ganaron a la inflación?

 

—Sí, con esta fórmula, salvo dos períodos que son 2014 y 2016, que es cuando se producen los dos grandes momentos de la devaluación. El sistema fue imaginado así para que cuando hubiera esos baches, esos procesos de caída, actuara el Fondo de Garantías de Sustentabilidad para empatarle a la inflación y el jubilado no perdiera. Significa que cuando hay crecimiento económico el beneficiario del sistema previsional se beneficia y, cuando viene el proceso recesivo, el fondo de sustentabilidad lo contiene para que no se caiga. Tan bien funcionaba ese sistema que cuando empezó, en 2008, la relación entre el haber mínimo jubilatorio y el haber mínimo del trabajador activo estaba en un 68, 60%, en febrero de 2015 llegó al 81%, fíjese que había crecido más que la inflación. Es decir, un jubilado llegó a cobrar el 81% del sueldo mínimo de un trabajador.

 

—Si uno ata el incremento de la jubilación a la inflación, ¿la está achatando, nunca va a mejorar el poder adquisitivo?

 

—Eso es sentido común puro. Voy a dar un ejemplo que se puede entender con facilidad. Cuando toma esta decisión el gobierno y los diarios, principalmente los hegemónicos, dicen que el ahorro va a ser 100 mil millones de pesos, ¿quién pierde ese dinero? Los jubilados. Si en Argentina tenemos entre pensionados y jubilados, etcétera, algo más de 8 millones de beneficiarios y hago la división, en promedio cada jubilado el año que viene va a perder 12.500 pesos. En otras palabras, van a perder el 15% de su capacidad de compra. Y con respecto a los regímenes especiales el presidente dice una barbaridad, que en Argentina hay gente que se jubila a los 40 ó 50 años y eso es mentira, eso no pasa. Existe en la provincia de Buenos Aires la jubilación a los 52 años para los docentes, pero no hay ningún régimen general que permita que alguien se jubile a los 40. En el país existen sólo dos regímenes de privilegio, el de los jueces y el del servicio exterior, los políticos no tiene regímenes de privilegio de ninguna naturaleza desde hace más de 15 años. Con sus palabras el presidente apunta a lo que se llaman regímenes diferenciales, algo que Carlos Menem ya hizo, el querer igualar esos regímenes diferenciales y especiales, que son aquellos en los que las actividades especiales que realizan los trabajadores le generan envejecimiento prematuro o un daño en la salud, o que tienen un reconocimiento especial como los científicos, los docentes.

 

—El minero de la mina de carbón se jubila antes porque lo paga en salud.

 

—Sí, y para que algunos años de vida más o menos saludable los pueda disfrutar jubilado. Ese es el sentido teleológico de esa decisión. Querer modificar eso es condenar a esa gente a que se muera trabajando. Y habría que ver el tema de los trabajadores del campo, que en su mayoría no llegan a jubilarse antes de los 70 años porque están muertos. Pero lo más cínico es que en los regímenes de privilegio, el servicio exterior y los jueces, nadie se jubila antes de los 65 años.

 

—¿Cuál es el destino que usted le ve a ese fondo de sustentabilidad de la Ansés?

 

—Hay una tablita que desarrollaron en febrero de este año desde el Consejo de Garantías del Fondo de Sustentabilidad, donde ya hubo denuncias por el uso que se hicieron de esos fondos –entre ellas contra el ministro de Hacienda Nicolás Caputo por seis millones de dólares que se usaron para la compra de Lebacs–, esa tablita, decía, prevé el consumo del Fondo de Garantías casi en su totalidad en los próximos diez años. Y lo utilizarían como gastos corrientes para financiar el sistema previsional. En otras palabras, en vez de tomar un crédito en el extranjero van a usar el Fondo de Garantías para financiar gastos corrientes. Es un problema muy grave, yo presenté un amparo ante la Justicia que en este momento está en manos de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría.


Bueno, y este es el ajuste para los actuales jubilados, falta aún el ajuste para los que vienen. Los que hoy están jubilados podrán ganar un poco menos pero ya están jubilados. Toda esta pérdida de poder adquisitivo que tienen los jubilados repercute en aquellas personas que le faltan diez años para jubilarse de manera directa, porque de la misma forma que se indexa la jubilación, o se actualiza la jubilación, se actualiza el haber sobre el que le van a hacer el cálculo para el futuro jubilado. Es el mismo índice: si un jubilado va a perder el año próximo 12.500 pesos, esa misma cifra va a perder un trabajador activo al que le faltan diez años para jubilarse y va a cobrar menos jubilación al final. Pero hay dos intenciones del gobierno que en realidad corresponden a las del Fondo Monetario Internacional, según la revisión que hizo en noviembre pasado, que le deja estrictas indicaciones de modificar la tasa de sustitución de las jubilaciones (que es la diferencia entre lo que ganaba un jubilado cuando estaba en actividad y cuando pasa a ser pasivo), esa diferencia está hoy en el 62%, el FMI propone que se baje al 37%, que es lo que paga Chile en el régimen de capitalización, y si pasáramos a un régimen así seríamos sustentables. Y la otra cuestión es generar un régimen jubilatorio de tres patas: uno para pobres de pobreza absoluta, que son las personas que no tienen aportes –incluidas en el último gobierno en el plan de inclusión jubilatoria–, a quienes les van a pagar el 80% del haber mínimo jubilatorio y sin derecho a pensión (eso ya está incorporado en la mal llamada Ley de Reparación Histórica), el segundo régimen es el régimen general, como lo conocemos hoy pero actualizando la tasa de sustitución al 37%, es decir, reduciendo casi a la mitad las jubilaciones, y un tercer régimen que llamo de privilegio para ricos, de un haber aproximado de unos 25-28 mil pesos actuales que iría a un régimen de capitalización y se le permitiría que aquellos que tengan excedente de ganancias destinarlos a esta cuenta de capitalización y eximirlos del pago de ganancias. Por lo tanto, esa exención de pago de ganancias lo pagaría el conjunto de la sociedad. Es decir, le vamos a dar a una mejor jubilación a los más ricos pagada por todos nosotros.

 

—Y el famoso 82% móvil?

 

—Perdiste alpiste.

 

—¿Cree que va a ser fácil implementar todo esto?

 

—Sí, creo que sí. Cuando se votó la Ley de Reparación Histórica, en septiembre de 2016, la que votó Sergio Massa, presenté un amparo que iba hacia el artículo 2 de esa ley, que es la gran trapisonda (fue redactada por el Banco Mundial, cuyos delegados se instalaron como asesores en la Anses): declara una emergencia previsional por el término de 3 años, esa emergencia es la transferencia del poder Legislativo al Ejecutivo de legislar por el tiempo determinado y en la materia determinada en ese artículo, por lo tanto hoy el Ejecutivo tiene la facultad de resolver vía decreto cualquier modificación del sistema que quiera impulsar. Los que votaron esa ley que se hagan cargo ahora. Es probable que desde el gobierno intenten una ley y, si no pasa, que vayan por decreto.

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Domingo 19 de Noviembre de 2017
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