Sociedad
25-10-2017
Los explotadores en su sitio

Uno de los primeros casos en los que se aplicó la ley de Trata de Personas sancionada en 2012 obtuvo una condena por explotación sexual, en la que se usó la web como canal para la atracción de clientes. Entre sus protagonistas está el hijo de un funcionario municipal.

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Carina Ortiz | Cruz del Sur

 

Los allanamientos, en septiembre de 2013, desataron un escándalo: el hijo de un funcionario municipal quedó involucrado en una causa de explotación sexual. El sitio web SuperGatitas.com quedó en el ojo de la tormenta. Las denuncias sobre el sitio que llevaba a un privado ubicado en San Juan al 1400 llegaron por distintas vías: por un lado, una denuncia al teléfono 145. El Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lo derivó a los Tribunales provinciales. Por otra parte, la denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la existencia de tres prostíbulos, uno ubicado en calle San Juan.

 

El círculo se cerró sobre cuatro personas, entre ellos “el organizador”, que recientemente aceptó su responsabilidad en el caso. Es el primer acusado en la causa en aceptar un procedimiento abreviado por promoción y facilitamiento de la prostitución y explotación económica. La sanción incluye una fianza de 16 mil pesos. El hombre, de 55 años, se encuentra en arresto domiciliario, y en esa situación terminará de cumplir su condena. En unos 6 meses estará en condiciones de solicitar libertad condicional.

 

La denuncia del funcionamiento de un privado, en un departamento de San Juan entre Corrientes y Paraguay, donde mujeres mayores de edad ejercían la prostitución, fue el eje de las denuncias. La actividad se publicitaba a través de la página Supergatitas.com, también panfletos o tarjetas bajo la leyenda de gestoría del automotor o publicaciones en un diario bajo la leyenda de “masajista”. Después de varios meses de investigación, la fiscalía de imputados no individualizados logró identificar a los involucrados en la explotación y se realizaron allanamientos en Rosario y Funes.

 

Las trabajadoras sexuales contaron que pagaban 1.800 pesos por semana para usar el lugar. Ellas limpiaban, se proveían de profilácticos y además pagaban a la seguridad. Según la Fiscalía, el cobrador era David C., en tanto Edith G. está sindicada como la madama, quien también tenía la titularidad de algunas líneas telefónicas que se usaban para la actividad. Por su parte David T. tenía a su nombre el sitio web aunque no era el único. La investigación determinó que de la IP utilizada por el administrador, surgen otros dominios propiedad del acusado.

 

El organizador

 

El último de los implicados es Luis Alberto Mantovani. Su casa, ubicada en Catamarca al 1600 de Funes, fue allanada en septiembre de 2014, lejos de amedrentarse, el hombre recibió armado a la policía. En su declaración indagatoria, la fiscalía le adjudicó explotar económicamente a mujeres que ejercen la prostitución y facilitar la actividad, organizando y dirigiendo con fines de lucro la oferta sexual vía internet y en la propiedad de calle San Juan a 1400. Para la acusación era un codeudor solidario de todas las obligaciones derivadas del alquiler del lugar, a cambio obtenía un porcentaje de las ganancias de las trabajadoras sexuales.


Las mujeres contaron que se sacaban fotos en su casa que luego eran subidas a la página. En su declaración Mantovani sólo se refirió al tiroteo que hubo en su casa al momento de su detención. También dio especificaciones sobre su salud. Dijo que seis años antes tuvo un ACV y sufría de ataques de pánico. Unos meses antes había sido víctima de un violento robo, según afirmó. Estaba con su madre, la enfermera, su hija de 10 años. Entraron a la casa tres ladrones armados. Lo llevaron a la parte superior de la casa y lo golpearon, le gatillaron en la cabeza.

 

El día del allanamiento vio por las cámaras de seguridad que le rompían el portón, no distinguió que eran policías, justificó. Se fue a la planta alta, se encerró. Cuando vio por los ladrillos de vidrio subir gente por la escalera disparó. La policía se replegó. Llamó al 911, luego a la comisaría de Funes diciendo que le estaban robando. Volvió a mirar la cámara de seguridad y vio a la policía. Comenzó a gritar por la ventana, le pidieron que levante las manos. Los uniformados llegaron hasta la habitación “me esposan y me di cuenta que no me iban a robar”, afirmó.

 

Mantovani marchó preso. Finalmente logró un arresto domiciliario, lo mismo que David T., los otros dos recuperaron la libertad. Luego los cuatro fueron procesados por la jueza Delia Paleari. En 2012 se promulgó la ley de trata de personas –la 26.842– si bien prioriza la libertad sexual, la norma expresa que la explotación sexual es penada aunque exista consentimiento de la víctima. Para la ley, la promoción y facilitamiento de la prostitución pasó a ser una forma de explotación, dice el fallo de instrucción.

 

El procesamiento explicó la amplitud de la fórmula legal, “la conducta de quien diseña una página, volante, tarjetas de propaganda, presta sus bienes e inmuebles, controla y cuida a las personas explotadas, cobra o recibe un porcentaje por ello se encuadra dentro el delito”, refirió una fuente judicial.

 

Conexiones

 

La investigación probó la conexión entre los acusados y sus roles. Mantovani era el cabecilla, Edith G. tenía 4 líneas telefónicas a su nombre que se usaban para la actividad y era integrante, junto con Mantovani, de una sociedad anónima, Rosso SA, destinada a la compraventa y alquiler de inmuebles. La mujer figuraba como fundadora y Mantovani como administrador, mientras que la hermana de David T., que es contadora, aparecía como representante de la firma ante la Cámara de Comercio. A su vez, la mujer era propietaria de un auto que tenía tarjetas azules a nombre de Mantovani y David T. Además tenía a su nombre el cable y el servicio de internet de la casa de calle San Juan al 1400 donde Mantovani era garante del alquiler.

 

Por su parte, David T. figura como administrador del sitio web y en ocasiones le sacaba fotos a las chicas. Mientras David C. frecuentaba cotidianamente los privados y llevaba lo recaudado a la casa de Mantovani. Para la jueza de instrucción y la fiscalía era quien regenteaba el comercio.


La fiscal Cristina Herrera finalmente presentó la acusación para el cuarteto y el caso pasó al Juzgado de Sentencia 3°, a cargo de Edgardo Fertita, donde recientemente se homologó un procedimiento abreviado presentado por la defensa de Mantovani y la fiscalía.

 

El abogado Juan Pablo Audisio y Herrera llegaron a un acuerdo donde Luis Alberto Mantovani aceptó su responsabilidad como autor del delito de promoción y facilitamiento de prostitución y su explotación económica. Reconoció su rol de jefe, principal operador y regente de la organización. El hombre prestó su consentimiento y el acuerdo se transformó en una sentencia condenatoria. La pena impuesta fue de 5 años de prisión y 16 mil pesos de fianza que debió hacer efectiva. Con el tiempo que lleva detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario, se estima que en unos 6 meses estará en condiciones de pedir su libertad condicional. Respecto al resto de los acusados, la causa sigue su trámite en el Juzgado de Sentencia.

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Domingo 19 de Noviembre de 2017
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