Provincia
04-10-2017
Comienzan a implementarse las tobilleras en la provincia
El dispositivo de control en tiempo real se utiliza en Santa Fe y Rosario. Si bien el convenio se firmó por 400 tobilleras, la implementación será paulatina y hoy sólo hay 90. El Poder Ejecutivo recibió 40 solicitudes en lo que va del año, muchas por restricciones de acercamiento.
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Carina Ortiz | Cruz del Sur

A fines del 2016 la provincia firmó un convenio con la Nación para la implementación de tobilleras electrónicas para el control de arrestos domiciliarios. De 400 dispositivos otorgados, sólo 90 llegaron a la provincia. En principio, el programa se implementó en la ciudad capital y Rosario aunque esta última fue la que más pedidos hizo. En ambas ciudades hubo 40 solicitudes: 27 se aceptaron, 8 se encuentran en trámite y 5 fueron rechazadas. Desde el Poder Ejecutivo explicaron que el número se irá incrementando a medida que aumente la demanda.


En agosto se avanzó en una segunda etapa. La implementación de tobilleras electrónicas para casos de prohibición de acercamiento. Actualmente hay una prueba piloto con 5 tobilleras. Finalmente, el Poder Ejecutivo propuso el uso de esta herramienta para las madres detenidas con hijos dentro del penal.

 

El subsecretario de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lisandro Martínez Gorostiaga explicó que este proyecto se hizo realidad a través de un convenio que la provincia firmó con la Nación. En el primero de estos documentos se acordó, a través de una empresa privada, la llegada de 400 tobilleras para el control de las prisiones domiciliarias en Santa Fe.


El requisito local fue que la empresa adaptara el servicio a la tecnología de la provincia, de esa forma se puede realizar un monitoreo en forma conjunta. A través de un sistema espejo, la provincia tiene acceso a la misma información que la prestadora del servicio. Esos datos se reflejan en la central de monitoreo que existe en el 911 donde hay personal especializado para este seguimiento, dijo el funcionario.

 

Martínez Gorostiaga explicó que el arresto domiciliario tiene dos modalidades: “para condenados, donde un juez de ejecución dispone la medida y se aplica, ya sea en el nuevo o el viejo sistema, y para aquellos que obtuvieron una morigeración a la prisión preventiva –es decir que están sujetos a una medida cautelar mientras se tramita el proceso–, en estos casos hay un fiscal que pide las tobilleras, un defensor que acepta y un juez que lo dispone por orden judicial”, refirió.

 

Para ambos casos la tobillera cuenta con un dispositivo que funciona a través de un teléfono que puede ser fijo o celular. Se instala una base en el domicilio del beneficiario y se fija un radio que fue determinado por un juez. Luego se le coloca la tobillera. Este último dispositivo funciona con un detector de flujo corporal, especialmente de movimiento y cualquier modificación o vulnerabilidad dispara una alarma a la Central de Monitoreo ubicada en la sede operativa del 911 que activa un protocolo donde el último paso es el envío de un móvil.

 

Previo a ello, existen otros ítems a cumplir como llamar al domicilio o contactar a un familiar. Si a los 15 minutos no hay respuesta se envía el móvil, de acuerdo a la explicación del funcionario. Puede haber diversos motivos que activen la alarma, hubo casos de alergia o malestar que obligaron a quitar el dispositivo o, también, la muerte de la persona que tenían una tobillera, que en este caso deja de trasmitir.

 

Los rechazos al uso de la tobillera pueden tener distintos orígenes. Como el dispositivo funciona a través de una línea telefónica, si no hay teléfono –ya sea fijo o celular– o no hay luz en el domicilio, el servicio no puede brindarse. Aunque Martínez Gorostiaga aclaró que ante un corte de energía el dispositivo tiene autonomía por un lapso prolongado.

 

El funcionario dijo que el Poder Ejecutivo implementó una modalidad de requerimiento para la instalación de una tobillera. El objetivo es que se conozca, antes de la audiencia de medida cautelar, si existe disponibilidad y si es viable su aplicación. Afirmó que buscan un diálogo interpoderes para lograr mecanismos más efectivos de aplicación.

 

Tobilleras geolocalizables

 

El subsecretario explicó que tras la implementación de las tobilleras, en agosto pasado se firmó un segundo convenio. Esta vez destinado a la obtención de tobilleras para el control de las órdenes de prohibición de acercamiento. Si bien la empresa que provee las tobilleras es la misma, el documento se firmó con otro área del Ministerio de Justicia de la Nación. En este caso, con la Subsecretaría de acceso a la Justicia a nivel nacional.

 

Este programa piloto tiene dos diferencias esenciales: la cantidad de dispositivos que se utilizan y el tipo de contralor que se hace. En las tobilleras geolocalizables los aparatos que se utilizan son tres. Uno de los dispositivos lo lleva la persona que tiene la restricción de acercamiento, la tobillera, y el otro se le entrega a la o las víctimas, según el caso.

 

Martínez Gorostiaga refirió que cinco de estos dispositivos llegaron a la provincia y a principios de septiembre se realizó una capacitación no solo para el fuero penal, también para el de Familia, porque la mayor cantidad de medidas de prohibición de acercamiento provienen de este fuero.

 

Aunque en la práctica no se activó ningún dispositivo aún, el funcionario explicó que hicieron hincapié en la capacitación –con operadores civiles y policiales– porque en las prohibiciones de acercamiento tiene que haber un trabajo con las víctimas y con el agresor. Si bien la víctima puede observar en su dispositivo que el agresor violó la restricción –es decir que está a una distancia menor de la fijada judicialmente–, se brinda una contención y se comunica la situación. También se trabaja con el agresor para que cese en su actitud, de acuerdo con el funcionario.

 

El subsecretario aclaró que no se trata de un sistema infalible. “No cumple el rol de evitar o cercenar la voluntad de las personas. Es un sistema de control”, dijo. Pero señaló que brinda certeza de lo que sucede en tiempo real y la persona que incumple da un paso atrás en la morigeración que obtuvo. “Con estos dispositivos la persona está controlada las 24 horas y no es un control aleatorio”, refirió.

 

Madres detenidas

 

Finalmente, Martínez Gorostiaga dijo que la Subsecretaria de Asuntos Penales tomó la iniciativa de proponer el uso de tobilleras, en forma prioritaria, para madres detenidas con sus niños en la unidad penitenciaria. “La propuesta fue para las defensas y los jueces, para que tengan en cuenta esta herramienta al momento de resolver sobre este aspecto. Desde el Poder Ejecutivo tuvieron en cuenta un doble abordaje: la persona en situación de vulnerabilidad que está en una institución criando a su hijo y, obviamente, el interés superior del niño”, refirió.

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