Rosario
03-10-2017
Procesan a 30 policías por la desaparición y muerte de Franco Casco

El juez federal Carlos Vera Barros dio por probado que la comisaría séptima fue el último lugar donde estuvo el joven que apareció muerto, 22 días después, en aguas del río Paraná. 25 policías de esa dependencia fueron procesados como coautores de la desaparición forzada. Al comisario le sumó el delito de torturas seguida de muerte. 5 agentes de Asuntos Internos figuran como autores de encubrimiento agravado.

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El juez federal Carlos Verra Barros procesó a 30 policías provinciales por la desaparición y posterior muerte de Franco Casco, el joven de 23 años y oriundo de Florencio Varela que en octubre de 2014 vino a Rosario y, tras quedar detenido en la comisaría 7º, apareció muerto en el río Paraná 22 días después.

 

El magistrado entendió que está probada la coautoría de desaparición forzada por parte de 25 efectivos de esa dependencia. Entre ellos figura el entonces comisario a cargo, al que sumó el delito de torturas seguida de muerte. Cinco agentes de Asuntos Internos figuran como autores de encubrimiento agravado.

 

En la resolución del juez consta que existen elementos que permiten asegurar que la noche del 6 de octubre Franco Casco fue torturado en su calabozo de la seccional 7º, de Cafferata al 300.

 

Asimismo expresa que los policías que prestaban servicios en esa dependencia fueron responsables de la “detención irregular” de Casco y de no aportar información sobre su paradero. Es por eso que Vera Barros los procesó como coautores la desaparición forzada y a otros como partícipes secundarios.

 

En su resolución, el juez impuso un embargo de 20 mil pesos a cada uno de los policías procesados y ordenó que 19 de ellos continúen con prisión preventiva alegando “peligrosidad procesal”.

 

El 4 de septiembre pasado la causa Casco dio un giro cuando tras una serie de allanamientos ordenados por Vera Barros terminó con la detención de 30 policías y cinco civiles acusados de participar y encubrir la desaparición y posterior muerte del joven.

 

Una semana antes, la querella había solicitado al juez que se indague a los policías de la comisaría donde estuvo alojado Casco como responsables de una privación ilegítima de la libertad agravada por homicidio, que es la carátula que prevé el Código Penal para la desaparición forzada. Asimismo, pidió que dos agentes de Asuntos Internos sean indagados por encubrimiento, ya que se presume que presionaron y coaccionaron a los presos al momento de tomar las testimoniales.

 

En el escrito presentado al juez, los querellantes pidieron que se acuse al forense Félix Rodríguez, del Instituto Médico Legal (IML); a dos odontólogos que habrían falseado una pericia; a una médica que revisó a Franco en la seccional sin constatar lesiones; y a un vecino que habría mentido para sostener la versión policial.

 

Según detallaron, en el IML se informó que a Casco le faltaban tres dientes que había perdido post mortem y producto de la putrefacción por permanecer en el agua. Sin embargo, una pericia federal constató que los perdió en vida y en forma traumática.

 

Casco fue visto con vida por última vez en la comisaría 7ª entre el 6 y 7 de octubre de 2014 y no se supo nada más de él hasta que su cuerpo fue encontrado 22 días más tarde en el río Paraná por agentes de Prefectura Naval.

 

Había viajado desde Florencio Varela a visitar a unos primos en Empalme Graneros y el día 6 abordaría un tren de regreso a Retiro donde su madre, Elsa, lo esperó sin éxito. El caso se empezó a investigar entonces como averiguación de paradero.

 

Al día siguiente su papá viajó a Rosario y se presentó en la comisaría 7ª, donde le dijeron que Franco había estado el 6 a la noche, pero le negaron toda otra información. Más adelante les dijeron que Franco había sido detenido por resistencia a la autoridad y que al ser apresado "estaba drogado, como perdido".

 

En la Fiscalía les exhibieron fotos de su hijo en las que se lo veía muy golpeado y un acta de otorgamiento de la libertad. Tras el hallazgo del cuerpo, la familia y la Multisectorial promovieron el traspaso de la investigación a la Justicia federal por desaparición forzada de persona, lo que se concretó en diciembre de 2014.

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Miércoles 13 de Diciembre de 2017
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