Sociedad
13-09-2017
Crónica de una guerra fría entre la Justicia y el Ejecutivo

El ajedrez entre poderes que han desplegado este año el gobierno y los Tribunales sumó en los últimos días nuevas movidas que terminaron con decenas de policías presos, incluido, este martes, el ex jefe de la fuerza provincial Rafael Grau. Así, las causas judiciales aparecen como peones en la estrategia de los jugadores, donde cada cual atiende sus piezas.

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Alberto Carpintero | Cruz del Sur

 

“Nos sorprendió, y creo que no solamente a mí sino a toda la ciudadanía, que esperaba una condena ejemplar”, ya que “había elementos” para juzgar a los acusados y “la fiscal del caso, la doctora (Cristina) Herrera, había trabajado mucho en los últimos meses para arrimar pruebas y fundamentar la acusación, y realmente nos sorprende”. Lo dijo el gobernador Miguel Lifschitz en marzo pasado, tras la absolución de los procesados por el crimen del jefe narco Claudio “Pájaro” Cantero. Y pronto el Poder Judicial hizo saber su desagrado por estas declaraciones a través del Colegio de jueces en lo Penal de Rosario: “Resultan inapropiadas sin conocer los verdaderos fundamentos del fallo”.

 

El malestar se mostró con mayor evidencia unas semanas más tarde, en la inauguración del año judicial en Rosario: cuentan que Lifschitz se fue ofuscado del almuerzo cuando el titular de la Corte, Daniel Erbetta, le comunicó que el único orador sería él. Alguien interpretó que el vocal del máximo tribunal Rafael Gutiérrez se lo había sugerido al penalista rosarino, pese a que su pareja, Jaquelina Balangione, acababa de ser nominada por el gobierno como titular de la defensa pública.

 

Es en esa línea de chisporroteos donde parecen inscribirse las últimas declaraciones en off y en on de funcionarios del gobierno y la consiguiente y contundente respuesta judicial. Los chispazos venían de antes, como cuando en febrero un bochazo masivo dejó en pie en un examen sólo a cuatro fiscales adjuntos (sobre 316) que aspiraban a ascender en el Ministerio Público de la Acusación y desde el Ejecutivo torpedearon con sorna a los bochados.

 

El pasado lunes el ministro de Gobierno Pablo Farías pidió “prudencia” ante las detenciones masivas de policías. “Con la generalización de la idea de que están involucrados muchos agentes, pone en riesgo de que haya una estigmatización negativa de la fuerza policial”, reflexionó.


Claro que un día antes había trascendido el llamado a declaración imputativa para decenas de jefes policiales en el marco de una investigación por fraude con horas extra, las llamadas Ospe, a lo cual la fiscal del caso sugirió este lunes que la filtración había surgido del Ministerio de Seguridad, informó que investigaría cómo esa información había llegado a la prensa y dijo que había recibido presiones por esta pesquisa, aunque no identificó la fuente y señaló que no lo había denunciado.

 

Así, este martes apareció un nuevo e inmediato ingrediente al ajedrez de la conflictiva relación a menos de seis semanas de las elecciones de medio término: fue detenido el ex jefe de la Policía provincial Rafael Grau en el marco de una investigación por fraude con la reparación de vehículos, que en mayo del año pasado había provocado el desplazamiento de seis uniformados del departamento Logística (D4) de la Jefatura provincial.

 

Los últimos días fueron tras las rejas decenas de policías en causas diferentes e incluso de fueros distintos. Todo comenzó con la detención de 31 uniformados en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Franco Casco, el joven bonaerense cuyo cuerpo fue hallado en el río Paraná en octubre de 2014, luego de que el muchacho estuviera detenido en la comisaría 7°.

 

Entre los detenidos figura el jefe de la Dirección de Asuntos Internos. Poco después, 18 uniformados marcharon presos, aunque en la Justicia provincial, por la persecución que acabó con dos hombres acribillados en la zona sur de Rosario, David Campos y Emanuel Medina. Para el jefe de los fiscales de Homicidios Adrián Spelta las víctimas fueron fusiladas y los policías fraguaron la escena del doble crimen.

 

Fue en ese marco que el pasado fin de semana se conoció que familiares de estos últimos efectivos marcharían en protesta frente a los Tribunales en la mañana de este martes –finalmente lo hicieron–, lo que iba a coincidir con un episodio previsto en la capital provincial: 40 jefes policiales de la Unidad Regional I serían imputados por defraudación al Estado durante 2015 y 2016 con las Ospe, las horas extra, a instancias de la fiscal María Laura Martí, la misma que había hecho detener unos días antes a los jefes de la comisaría 2° santafesina y al subjefe del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé por maniobras delictivas con vehículos secuestrados.

 

Pero la audiencia imputativa por el caso Ospe en la capital provincial fue suspendida. El domingo el fiscal regional Carlos Arietti confirmó la investigación por defraudación a la administración pública, falsificación de documento y mal desempeño de funciones, y el lunes su subordinada advirtió que quienes filtraron información deberían responder por ello. Sin embargo, negó que ese haya sido el motivo de la suspensión y en su lugar argumentó que tienen “mucho trabajo superpuesto”.

 

“Cualquier filtración de información entorpece”, dijo Martí, quien explicó: “Cuando se entorpece la investigación no se llega a la verdad como se debe”. A través de un portal santafesino había trascendido que esta pesquisa surgió a instancias del propio Ministerio de Seguridad. La fiscal Martí reconoció que “no es fácil llevar adelante esta clase de investigación”.

 

Y si bien afirmó que cuenta con el apoyo incondicional de sus superiores, remarcó que es una ciudadana común, sin fueros, que vive como puede. “Han llegado comentarios, presiones, por así decirlo”, asumió la funcionaria, pero enseguida aclaró que no denunció porque no fueron concretas; tampoco dijo cómo fue que se produjeron.

 

Y este martes la Justicia movió una nueva pieza. Rafael Grau, ex jefe de la Policía provincial entre septiembre de 2015 y marzo de 2016, fue detenido junto con otros dos altos oficiales, según trascendió en la capital provincial. Lo apresó la Policía de Seguridad Aeroportuaria a instancias de la Fiscalía Regional Santa Fe en su vivienda de Castelli al 4400.

 

A partir de información oficial, pudo saberse que el procedimiento se hizo en el marco de la pesquisa por fraude en el Departamento Logística (D4), investigación a cargo del fiscal Roberto Apullán, precisamente quien acompaña a Martí en la investigación por el caso Ospe.

 

“A nosotros nos llega información de que pudiese existir un procedimiento ilícito en el cual privados y personal policial del D-4 (como se conoce al departamento Logística) realizaban arreglos de las unidades, que los cuales no se realizaban, pero por los mismos se presentaban las facturas correspondientes. Ante ese escrito y en función de lo que siempre planteamos, que no vamos a tolerar la corrupción institucional en ninguno de sus ámbitos, y como había policías involucrados y existían también privados involucrados, llevamos esta denuncia al Ministerio Público de la Acusación y pusimos a disposición a la Secretaría de Control de las fuerzas de seguridad”, había explicado el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro en mayo del año pasado tras relevar a seis policías de Logística.

 

Fue luego de que Apullán pidiera a Asuntos Internos allanar y secuestrar varios vehículos del D4 (tanto de la regional como de la provincia) y también se produjeran operativos en negocios de autopartes de Santa Fe y Rosario. Es la pesquisa que acaba de detonar con la detención de Grau. Nada menos que un ex jefe provincial.

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Martes 19 de Septiembre de 2017
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