Sociedad
13-09-2017
Mientras el sistema conclusional agoniza
El viejo sistema judicial continúa su transición a los juicios orales. En Rosario se tramitan 2.800 causas en los juzgados Correccionales y de Instrucción, donde sólo hay dos magistrados. Hay otras 2.155 en los tribunales de Sentencia. Los expedientes sin elementos para llegar a juicio o con un responsable, se archivan.
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Carina Ortiz | Cruz del Sur

 

Actualmente unas diez mil causas penales se tramitan aún en el sistema conclusional (el viejo sistema). De ellas, casi cinco mil tienen su trámite en los Tribunales de Rosario, la mitad de ese número en los Juzgados de Sentencia. Los plazos se acortan y si bien hay un proyecto de ley sobre el traspaso de causas y personal al nuevo sistema que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, no salió todavía de la Cámara alta.

 

En la práctica, el número de causas se achica. Una alta fuente judicial refirió que solo seguirán en actividad los expedientes que tengan elementos para llegar a una imputación o acusación. Todos los demás casos deben archivarse. Circunstancia que acelerará el traspaso de personal al nuevo sistema.

 

El bastión inquisidor del país era la provincia de Santa Fe y el proyecto de reforma del sistema escrito llevó su tiempo. En 2007 se logró la sanción de la ley que reformó el Código de Procedimiento Penal que vino acompañado de leyes indispensables para su funcionamiento como la del Ministerio Público de la Acusación, la ley del Servicio Público de la Defensa, la norma que dispuso la creación y funcionamiento de la Oficina de Gestión Judicial y la ley de Transición, dedicada a las causas anteriores al nuevo sistema. Esta última fijó en tres años a partir de la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, el plazo para agotar causas anteriores al proceso oral.

 

Finalmente, después de varias prórrogas y tras la firma de un acta acuerdo entre diferentes actores –Poder Judicial, Ejecutivo y representantes de las nuevas figuras del sistema– se fijó una fecha de inicio. Un decreto del Ejecutivo dispuso su puesta en marcha para el 10 de febrero de 2014. A partir de ese día comenzaron a correr los tres años que fijó la ley de Transición respecto al sistema de conclusión de causas.

 

En la práctica el sistema penal ordinario se dividió en dos. Parte de los recursos materiales y humanos con que contaba el fuero penal pasaron al nuevo sistema y parte quedaron en el viejo. El trajinar del nuevo sistema fue generando el traspaso de más y más funcionarios judiciales y personal a la nueva era procesal. A medida que la actividad en el viejo sistema disminuía aumentaba el requerimiento en el nuevo esquema.

 

Si bien la estructura de los juzgados del viejo sistema se siguió mantenimiento, actualmente existe un solo juez correccional, un magistrado de instrucción y un puñado de jueces de sentencia donde el trámite sigue siendo escrito mientras que los recursos de apelaciones de las viejas causas se realizan con el nuevo trámite, es decir en audiencias orales y públicas.

 

Cumplidos los tres años, el sistema conclusional sigue vigente. Ante la imposibilidad material de agotar el viejo sistema el Poder Ejecutivo dictó el decreto 67/2017, que prorrogó por seis meses el viejo engranaje penal. Plazo que se agotó en agosto pasado.

 

En abril el poder Ejecutivo envió un proyecto de ley sobre el tema. Tanto el personal como las causas del viejo sistema pasarán a tramitarse bajo la órbita del nuevo proceso. En junio pasado el proyecto tuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

 

Con la aprobación de esta ley la persecución penal quedará en cabeza del fiscal general del nuevo sistema. Mientras que el personal que realiza tareas en el viejo sistema pasará al nuevo. En su mayoría los recursos humanos serán derivados al Ministerio Público Fiscal. Pero hasta el momento este proyecto pasó a la Cámara de Senadores y no hubo más novedades.

 

En la práctica

 

En este vacío legal que existe en la actualidad el viejo sistema sigue funcionando. Hoy existen unas 10 mil causas en toda la provincia. En Rosario 1.299 causas se tramitan en los Juzgados Correccionales a cargo de un único juez, 1.540 causas pertenecen a los Juzgados de Instrucción con una magistrada al mando tras la renuncia de la jueza Alejandra Rodenas y 2.155 se encuentran en los Juzgados de Sentencia.

 

Este número, sumado a las causas con asiento en las localidades del sur de la provincia –Cañada de Gómez, San Lorenzo, Villa Constitución y Casilda–, nuclean más de 6.300 causas, de acuerdo a una fuente judicial.

 

No se van a poder sostener las causas virtuales, refirió una alta fuente judicial consultada. Solo van a seguir en actividad las causas con elementos para llegar a una imputación o a una acusación. Todo lo demás deberá archivarse. La fuente explicó que independientemente de la ley que se está tratando en la legislatura existe un criterio de razonabilidad. Se baja una barrera donde sólo quedarán causas que sostengan una acusación o puedan ir a juicio y ello acelerará el traspaso del personal.

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