Sociedad
06-09-2017
Más blanca que la leche
La banda comandada por colombianos que quiso enviar 40 kilos de cocaína a Europa hace dos años en el caso conocido como Narcoarroz, planeaba invertir en un puerto en Fray Luis Beltrán y en jugadores de Central, e incluso hizo un desembolso de 30 millones de pesos para un crematorio en Villa Gobernador Gálvez. Un juez porteño acaba de llamar a indagatoria a 60 personas por el millonario blanqueo.
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 Alberto Carpintero | Cruz del Sur


Si los operativos antinarcóticos midieran su noticiabilidad, como parece suceder estos días, por la cantidad de droga incautada, el secuestro de 40 kilos de cocaína embebida en granos de arroz ocurrido en Rosario en septiembre de 2015 sólo hubiera merecido alguna notita perdida en la sección policiales de los diarios. Pero, en realidad, mostraba la punta del iceberg de un complejo entramado logístico liderado por un cártel colombiano que incluía el envío de cocaína desde puertos argentinos a Europa, África o Oceanía y la creación de 30 sociedades ad hoc para facilitar el lavado de una catarata de dinero.

 

Ahora, el juez federal Sergio Torres, quien encausó a trece personas en el primer procesamiento del caso del Narcoarroz y luego sumó otro puñado de procesados, dispuso el viernes pasado la indagatoria de sesenta integrantes de la organización, en su mayoría colombianos, pero también rosarinos como el oncólogo Gabriel Zilli o Aldo Roque Corizzo, un jubilado que, según la pesquisa de la Procunar, la Procelac y el fiscal Federico Delgado, figura entregando 150 mil dólares a través de un contrato de mutuo a uno de los capos del cártel en fecha tan temprana como 2010.

 

Además, la banda debe responder por el blanqueo de unos 14 millones de dólares, que incluyen propiedades y tres emprendimientos vinculados con Rosario: la compra de futbolistas de Central, la construcción de un puerto propio en Fray Luis Beltrán que según el fallo incluyó el desembolso de 30 millones de pesos en Villa Gobernador Gálvez.

 

La causa tomó estado público el 17 de septiembre de 2015, cuando Gendarmería secuestró en el depósito fiscal Binder de Rosario 40 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de arroz que tenía como primer destino Marruecos y las islas de Guinea-Bissau, y que partiría de un puerto bonaerense en el marco del programa Hambre Cero de las Naciones Unidas. Era un embarque de prueba, sostiene la pesquisa, y si todo salía bien enviarían las cantidades usuales para los grupos narco de envergadura: alrededor de 300 kilos con destino final Europa.

 

Tanto la intervención de los imputados en las millonarias operaciones, así como las estructuras societarias utilizadas para darle apariencia de licitud a los bienes generados por el narcotráfico fueron identificadas en un trabajo del Ministerio Público Fiscal. “De acuerdo a la pesquisa desplegada, el grupo delictivo se dedicaría a la realización de actividades relacionadas con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en sus diferentes etapas y al manejo de los fondos producidos en pos de mantener viva la estructura.

 

Estas maniobras tendrían impacto tanto en el orden nacional como en terceros países, de ahí su carácter internacional y transnacional, presentando vinculaciones con otras células criminales asentadas en otros estados (como ser Bolivia, Paraguay, Uruguay, España, Portugal, Guinea Bissau, entre otros), con los mismos objetivos y respondiendo todos estos grupos a una sola organización central, de mayor envergadura, existente en la República de Colombia”, asentó Torres en la resolución.

 

Entre los procesados por Torres en la causa narco figuran siete colombianos, cuatro argentinos y dos ecuatorianos, a quienes embargó por tres millones de pesos cada uno. El rosarino Zilli, quien desde hace 16 meses tiene arresto domiciliario, también fue encausado por tenencia ilegal de arma de fuego. En aquel primer fallo, estaban bajo investigación por narcotráfico treinta personas, cantidad que en la actual causa de lavado se duplicó.

 

La tarea desarrollada por las Procuradurías implicó una lectura, sistematización y análisis de la documentación que fue incautada a lo largo de los registros domiciliarios practicados en la causa. Esto permitió sucesivamente identificar maniobras y personas involucradas en la trama económica de la organización narcocriminal, destacó el MPF en un comunicado. A su vez, el informe reconstruye el origen de los fondos empleados para realizar las maniobras que se investigan, analizando el perfil patrimonial de las personas involucradas, su actividad y relaciones jurídicas.

 

A partir de la documentación incautada en los allanamientos y otros elementos probatorios como escuchas telefónicas, además de los distintos informes de análisis efectuados por la Afip, el BCRA y la UIF, el juez amplió la investigación hasta alcanzar a 70 personas, para 60 de las cuales determinó su imputación, donde responderán por el blanqueo de unos 250 millones de pesos a través de 30 sociedades creadas a tal efecto.

 

Según escuchas que constan en la causa, uno de los detenidos en septiembre de 2015, el abogado porteño Guillermo Heisinger, quien supo ser funcionario de Carlos Menem, tramitaba tres negocios en Santa Fe: la compra de futbolistas de Central, la construcción de un puerto en Fray Luis Beltrán y un crematorio en territorio villagalvense donde se menciona a un tal “Gordo González”, que según la pesquisa era el fallecido intendente de esa localidad Pedro González.

 

En una conversación con el colombiano Carlos Yorelmy Duarte Díaz, de 43 años y actualmente prófugo, ambos mantuvieron una escueta conversación donde el abogado avisa que ya tiene listos a “los jugadores de Central, los de Primera”, aunque la transacción no prosperó. Tampoco el puerto en Beltrán, aunque el fallo da por hecho que se produjo el desembolso para la construcción, frustrada, del crematorio San Lorenzo en Villa Gobernador Gálvez a través de una mutual llamada Provincias Unidas.

 

Según Torres, la banda pagó en 2013 dos millones de pesos al municipio como canon, a cambio de ingresos generados por su explotación y luego desembolsó 28 más. El primer pago serían los 150 mil dólares que figuran en un contrato de mutuo entre Duarte y Corizzo, en 2010.

 

Según el fallo de Torres en la causa narco, los jefes de la organización son los hermanos Williams y Erman Triana Peña, quienes desembarcaron en la Argentina en 2010 y adquirieron propiedades en el norte del Gran Buenos Aires, incluido el barrio Nordelta de Tigre. Los Triana Peña lideran el clan Úsuga, antes conocido como el cártel del Norte del Valle (del Cauca) o Los Urabeños, heredero de la operatoria del cártel de Cali.

 

Williams fue detenido en su patria natal un año atrás y en los últimos días, según publicó este martes el diario La Nación de Colombia, la Corte Suprema de ese país concedió su extradición a la Argentina, aunque esto depende de la decisión del presidente Juan Manuel Santos.

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Miércoles 13 de Diciembre de 2017
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