Provincia
02-08-2017
Salvar empleos en tiempos de crisis

En un contexto crítico para las pymes locales, el ministerio de Trabajo provincial firmó 134 procedimientos preventivos de crisis en lo que va del año. Eso permitió asegurar 15.500 empleos. Desde esa cartera enumeraron las herramientas que utilizan para actuar a tiempo y evitar que estallen los conflictos. Desde que asumió Macri la respuesta de Nación es casi nula y los Repro brillan por su ausencia.

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Sebastián Stampella | Cruz del Sur


En lo que va del año el ministerio de Trabajo de Santa Fe aprobó 134 Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), lo que permitió asegurar la continuidad laboral de 15.500 trabajadores en empresas de distintos rubros que acusaron los golpes de las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. La mayoría de las firmas que apelaron a este mecanismo que permite flexibilizar algunas condiciones laborales para evitar despidos y suspensiones pertenecen a las industrias metalúrgicas, del calzado y de la carne. Según estiman, a este ritmo, la cantidad de PPC firmados en la provincia superará holgadamente en diciembre la marca de 2016, que fue de 175. Desde esa cartera aseguran que los procedimientos forman parte de la caja de herramientas que viene utilizando esa dependencia del Estado provincial para buscar una alternativa al cierre o la sangría de puestos de trabajo en un contexto desfavorable para la actividad fabril.

 

“A diferencia de otras provincias, en Santa Fe hemos podido trabajar, junto a las empresas y los sindicatos, manteniendo el empleo con cierta ingeniería, buscando todas las alternativas a nuestro alcance para contener situaciones críticas”, afirmó a este diario el director de Relaciones Laborales, Mario Gaggioli.

 

El funcionario destacó que la premisa es una intervención preventiva que consiste en activar audiencias antes de que se hagan efectivos los despidos o las suspensiones. De ese modo –dijo–  se consigue saltar del reclamo en la calle al diálogo en la sala de audiencias.

 

“No tenemos conflictos resonantes porque los tenemos encarrilados en el ámbito propio del ministerio. Cuando tenemos la información de que hay complicaciones en alguna empresa convocamos de oficio para que vengan las partes y analizar alguna alternativa. Así, un caso como el de PepsiCo es impensado en la provincia. Al margen de que, por una cuestión de concepción de base, este gobierno nunca mandaría a la policía para desalojar a los trabajadores a los garrotazos”, acotó.

 

Alternativas

 

Aunque se siguen registrando casos de acuerdos espontáneos de desvinculaciones, en muchos casos la intervención estatal logró que se compensen con mantenimiento y con ingresos en otros puestos de trabajo.

 

El “crédito de banco horario” (horas que el empleado cobra sin trabajar y que después devuelve una vez que es otro recurso que viene poniendo sobre la mesa el ministerio de Trabajo provincial para que las empresas en crisis no recurran a los despidos o suspensiones. Se trata de una remuneración que percibe el trabajador desafectado y que devuelve con horas una vez que retoma la actividad.

 

También se utiliza con frecuencia una figura del artículo 223 bis de la Ley de contrato de trabajo para que el empleador pague un sueldo no remunerativo a un trabajador permitiendo una merma en sus contribuciones (a excepción del aporte a la obra social) a cambio de que no haya cambios en la planta laboral.

 

“El conflicto forma parte de la naturaleza de toda relación laboral. Pero el sentido común y la voluntad de intervenir rápido para sentar a las partes son clave para encontrar soluciones. En lo que va del año se firmaron unas 30 conciliaciones obligatorias. Son pocos los conflictos que no se terminan resolviendo porque los gremios y las empresas respetan; se levantan las medidas de fuerza y dejan de lado los despidos o suspensiones para conversar”, aseguró Gaggioli.

 

Conflictos recientes como los de la fábrica de llantas MefroWheels o los talleres ferroviarios de Pérez llevaron a que el ministerio de Trabajo articule acciones con otras carteras provinciales como la de Producción o incluso la de Desarrollo Social.

 

El rubro que más conflictos laborales presentó fue el de la industria metalúrgica, con pymes afectadas de lleno por los tarifazos, la baja en la demanda por parte del mercado interno y la importación sin freno. Detrás de ese sector sigue el sector del calzado, el lácteo y el de la carne.  

 

Como contraste de la ajetreada agenda de estas áreas del Ejecutivo provincial para contener las bajas laborales, el Estado nacional viene manteniendo una posición distante, con una escasa injerencia. Una muestra de ella es la retirada de los Programas de Recuperación Productiva (Repro).

 

Esos subsidios que garantizan la continuidad de los trabajadores en empresas en crisis por el lapso de un año y que el Estado otorga mediante una suma fija mensual no remunerativa por trabajador brillan por su ausencia y, en el mejor de los casos, sólo aparecen en forma de promesas.

 

Esa herramienta que tanto utilizaron los gobiernos kirchneristas –con un pico de 2.774 firmas subsidiadas durante la crisis internacional de 2009– no forma parte del kit de soluciones del ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca. De hecho, sus pares del área en la provincia ya ni los gestionan porque saben que, a diferencia de los tiempos de Carlos Tomada, hay un canal roto entre ambas administraciones que impide trabajar en forma conjunta. 

 

El economista rosarino Carlos Crucella subraya que estos contrastes en la forma de intervenir por parte del Estado en materia laboral se explican por la misma concepción de los proyectos económicos en juego y la concepción política que los guía.

 

“La discusión es si el Estado asume un rol central tomando nota de una situación y, en consecuencia, decide intervenir para evitar que eso se agrave, o –como hace hoy el gobierno nacional– deja todo en manos del mercado y en el peor de los casos recomiendan a las empresas que se reconviertan en otra actividad”, afirmó.

 

“Acá hay un proyecto económico que responde a un proyecto político que consiste en desarticular  todo lo que se había conseguido hasta 2015, con un claro énfasis en la producción y el consumo interno. Y para este proyecto, que es político, no apoyar con Repro a las empresas que se ven afectadas es coherente. ¿Para qué lo van a dar si por otro lado abren las importaciones? Sería contradictorio. Para el gobierno de Macri la intervención no corresponde, no lo conciben porque sus únicos intereses son la política monetaria y el mercado. ¿Por qué invertirían en mantener empleo en una fábrica de zapatillas si dejan que entren a competirle a un precio más bajo?”, graficó.

 

El economista vaticinó que, de no haber un cambio de rumbo en las medidas macroeconómicas, en el Gran Rosario se profundizarán los conflictos en la industria y el comercio. “Todo lo que es línea blanca o metalmecánica se vio afectado y la crisis puede empeorar a este paso. El panorama no es alentador”, concluyó. 

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