Sociedad
19-07-2017
Facturas truchas: una banda bien aceitada

Son once los detenidos acusados de vender comprobantes apócrifos a 6.500 empresas de todo el país con el fin de evadir el pago de impuestos por 2.500 millones de pesos. La operatoria fue detectada por la Afip y ahora la Justicia federal tiene en la mira a contadores, escribanos e informáticos por asociación ilícita y lavado de activos

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Alberto Carpintero


Es una práctica tan vieja como la creación de los impuestos, o incluso desde que el papel moneda empezó a reemplazar al metal: transacciones que no son tales y el dinero que, mediante un artilugio, no llega a su destino original. Algo así parece el detrás de la escena de un operativo federal destinado a desbaratar una banda compuesta por profesionales, como contadores, escribanos e informáticos, por ejemplo, que actuaba con un aceitado mecanismo destinado a armar empresas que, luego de ser inscriptas ante la Afip, eran usadas solamente para emitir facturas truchas. Claro que desde que está en vigencia la universalización del sistema de comprobantes electrónicos para compras y ventas las herramientas de control, en caso de querer utilizarse, son mucho más fáciles de implementar. Por el momento hay once personas detenidas sobre un total de ocho decenas bajo investigación como integrantes de esta organización a la que se le atribuye un desfalco al fisco del orden de los 2.500 millones de pesos en un par de años de actuación desde en Rosario y Buenos Aires. A la vez los imputados por evasión también están sospechados de lavado de activos, toda vez que ese dinero se invirtió en bienes muebles e inmuebles a nombre de terceros.


El 5 de julio pasado efectivos de Gendarmería y Policía Federal detuvieron a cinco personas investigadas por liderar la asociación ilícita. Esas detenciones se hicieron en el marco de 31 allanamientos ordenados por el juez federal Carlos Vera Barros en edificios y oficinas de distintos puntos de la ciudad, muchas de ellas en el microcentro (como Córdoba 645, 9 de Julio al 900 y Mendoza al 500). En los domicilios fueron incautadas importantes sumas de dinero (100 mil dólares y 750 mil pesos) y cheques por cuantiosos montos, además de documentación.


Según la investigación del fiscal Federico Reynares Solari y funcionarios de la Afip, la banda estaba integrada por cerca de 80 personas entre escribanos, contadores, informáticos, administrativos y vendedores. Las facturas se vendieron a más de 6.500 empresas de todo el país, de las que 2.200 son de Rosario y la región. Al menos unas 110 firmas pueden ir a juicio ya que los montos evadidos se consideran como delitos penales.


La investigación se inició cuando la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas de la Afip detectó la emisión de facturas de distintos rubros desde una misma computadora. A la vez, cada una de esas facturas se emitió luego desde otros dispositivos. Los movimientos atrajeron la atención de los agentes fiscales, que se encontraron con empresas sin empleados ni patrimonio que tenían como socios y directores a personas insolventes.


Estas firmas eran parte de una asociación ilícita dedicada a la venta de facturas truchas en todo el país. La maniobra resultó en una deuda al Estado de 2.500 millones de pesos, sin contar los intereses y las multas. Según fuentes de la investigación, facturaban con 72 Cuits y en diversas modalidades: facturas electrónicas, en papel, tickets y talonarios. Los pedidos de facturas truchas llegaban a través de correos electrónicos o por Whatsapp, eran atendidas por un equipo de vendedores y revendedores y el pago se recibía en varias cuentas bancarias creadas especialmente para este fin. Ese dinero se invirtió luego en fideicomisos de construcción, inmuebles y vehículos de alta gama a nombre de terceros, con lo cual quedó bajo sospecha de lavado de dinero.


Más de 6.500 empresas de todo el país –2.200 pertenecen a Rosario y la región– adquirieron las facturas truchas durante los últimos dos años. Del total, al menos 110 empresas pueden llegar a juicio ya que evadieron más de 400 mil pesos, lo que se considera un delito penal. Para las demás empresas habrá contravención y multas por montos a determinar.


“Se falsificaban ventas de servicios y de bienes. Eran una especie de polirrubro. Encontramos incluso tickets de empresas de combustible que no sabían que los habían duplicado”, explicó Carlos Vaudagna, titular de la dirección regional de la Afip.


Los primeros allanamientos dejaron detenidos a dos organizadores y tres vendedores, según el organigrama confeccionado por los investigadores. Los identificaron como la contadora María Cristina Ottaviano, el gestor automotor Delio Serafini, Marcelo Liporaci, el empleado Jorge Centeno y el informático Adrián Zeballos, a los que se sumó el comerciante Ricardo Astudillo (pareja de Ottaviano), quien se presentó ante la Justicia. A ellos se añadieron en operativos desarrollados una semana más tarde la también contadora Guillermina Scariglia, el escribano Fabián Tosini, Marcos Rete y Atilio Miotti. Un día después se entregó y quedó presa Nahir García. Los ocho hombres están detenidos en la cárcel de Piñero mientras que las tres mujeres quedaron alojadas en dependencias de las fuerzas federales. Todos están imputados por conformar una asociación ilícita destinada a la creación y a la comercialización de facturas electrónicas y manuales para que sus clientes evadan impuestos. El juez Vera Barros, que habilitó la feria para seguir con la pesquisa, decidirá la situación procesal en los próximos días.

 

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Viernes 18 de Agosto de 2017
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