País
12-07-2017
El Cambio contraataca: disparen sobre Gils Carbó
Un fiscal federal pidió la indagatoria de la Procuradora General de la Nación por una causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de un inmueble. La funcionaria denunció una avanzada del Gobierno de Macri para quedarse con el control de los fiscales. Desde el oficialismo avisaron que evalúan destituirla por decreto. 
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El fiscal federal Eduardo Taiano pidió la indagatoria de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en el marco de la causa por presunto fraude a la administración pública a partir de la compra de un edificio para ese organismo. Mientras el juez Julián Ercolini analiza la solicitud del fiscal para decidir si avanza con la imputación –Gils Carbó ya presentó su pedido de sobreseimiento–, desde el gobierno de Mauricio Macri no hicieron ningún esfuerzo por ocultar las intenciones detrás de esta avanzada contra esta funcionaria por su pertenencia al espacio Justicia Legítima, que vinculan al kirchnerismo y al que acusan de tener una vocación opositora. De hecho, el diputado nacional del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, confirmó que no descartan removerla de ese cargo por medio de un decreto en caso de que no prospere la avanzada judicial.


Las figuras legales que utilizó el fiscal Taiano para pedir la indagatoria de la procuradora son “presunto fraude a la administración pública, cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad” por la compra del inmueble de la Procuración General, ubicado en calle Perón 776 de la Capital Federal.


Entre las irregularidades que señala figura que el edificio habría costado 43 millones de pesos y que fue adquirida por medio de la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, firma que operó por intermedio de Juan Carlos Thill, quien recibió una comisión de 3 millones de pesos por la intervención en el trámite de su medio hermano, hombre del área de contrataciones de la Procuración, Guillermo Bellingi.


El escrito que presentó el abogado defensor de Gils Carbó, Alejandro Rúa, para pedir su desvinculación de las acusaciones afirma que “el conjunto de la prueba recibida en la instrucción ha permitido también descartar cualquier vínculo de mi asistida con los hechos del caso, corroborando la procedencia de su sobreseimiento”.


Por su parte la propia procuradora reconoció que existieron irregularidades en la compra del inmueble y que por eso separó a un funcionario de ese organismo. “Surgió en los medios que un medio hermano de este funcionario habría cobrado una comisión de tres millones de pesos por asesorar al oferente. La comisión la pagó inmobiliaria. Y no es un millón ni medio millón de dólares. Son 176 mil dólares. La mitad está en la cuenta de este señor y la otra es lo que debe investigarse, que es quién la cobró”, precisó la funcionaria al diario Página 12.


En esa entrevista Gils Carbó explicó que el Estado, o sea el Ministerio Público Fiscal, “no pagó comisiones” y que esa fue una de las condiciones, al tiempo que recordó que ya habían fracasado tres licitaciones por distintos motivos y que esa era la cuarta.


“Como Procuradora, según las reglas de la administración pública podía haber hecho una venta directa. Todo el trámite lo hicieron funcionarios que hace veinte años que estaban en ese trabajo. Fue el precio más barato inferior a la tasación judicial. Participaron 25 funcionarios de distintas áreas, planificación, arquitectura, logística, el secretario general de administración, hubo dictámenes de jurídicos, auditoría interna, auditoría externa, no hubo posibilidad de que yo tuviera conocimiento del hecho que luego aparece en los medios”, aclaró la magistrada.


La procuradora  ve en esta avanzada un intento de crear sospecha de corrupción con el objetivo de justificar su desplazamiento “por medio de modos ilegales e inconstitucionales” ante la imposibilidad de conseguir los votos y las causales para iniciarle un juicio político y le apuntó directo al gobierno nacional. “Quieren apropiarse del control de los fiscales”, dijo, y aseguró que el fiscal Taiano sufrió “brutales presiones” para imputarla. 


Como era de esperar, la noticia generó una inmediata repercusión en todo el arco político y judicial del país. Desde distintos espacios se sumaron voces opositoras que manifestaron su respaldo a la procuradora por considerar a esta medida como una maniobra  del Gobierno para removerla del cargo. Dentro del propio Cambiemos, la diputada Elisa Carrió –adversaria enérgica de la procuradora- dejó en claro su rechazo a que la destitución de Gils Carbó se lleve a cabo mediante un decreto.


“Debe respetarse la Constitución, aún ante delincuentes como Gils Carbó, a quien denuncié desde su nominación”, lanzó, fiel a su estilo, desde su cuenta de Twitter. Y para despejar dudas, reafirmó su posición con un segundo mensaje: “O cambian la ley o hay que sacarla por juicio político. Nadie me va a obligar a avalar la violación de la Constitución”, bramó.

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Domingo 19 de Noviembre de 2017
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