Política
12-07-2017
Reparto desigual

Autoridades provinciales y dirigentes del FPCyS acusan a la Nación de discriminar a la provincia de Santa Fe porque manda menos obras y recursos en relación a otros distritos. También critican a los funcionarios y candidatos de Cambiemos que tratan capitalizar políticamente un cumplimiento, exigido por un fallo de la Corte, cuando en realidad están obligados.

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Orlando Chircaz | Cruz del Sur

Con año y medio de gestión en la Nación, existen elementos objetivos como para medir cuál es el nivel de respuesta del gobierno de Mauricio Macri para con las provincias. Autoridades locales dejaron en claro que hay enormes diferencias entre los aportes y obras que reciben distritos alineados al PRO y la provincia de Santa Fe. Lo mismo ocurre hacia dentro de la jurisdicción.


El primero de esos conflictos arrancó cuando se conoció que a mayo pasado la ciudad capital, donde gobierna el radical macrista José Corral, recibió el 43 por ciento de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Esos fondos nacionales que llegaron a la provincia, y se distribuyen a dedo por parte de Cambiemos, apenas fueron del 3,4 por ciento para Rosario.


Esa fuerte discriminación, que perjudica a más de 300 pueblos y ciudades de la provincia, se consagró a lo largo de 16 meses. Pero a ello, ahora hay que sumar el reparto de las obras públicas donde datos aportados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública dejan en off side al supuesto de federalismo, diálogo y equidad con la que se trata a las provincias.


Fue el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Antonio Bonfatti, el que espetó: “Nada cambió. Yo recorro el país y veo autopistas, autovías, en muchísimas provincias donde la densidad de tránsito es mínima. Santa Fe tiene los corredores nacionales más importantes del país y aquí solo hay anuncios; solo están haciendo un tramo de la ruta 34 y hoy está parada”.


“También podemos hablar de la deuda que se tiene con Santa Fe. Con el fallo de la Corte a nuestro favor (por la indebida detracción del 15 por ciento de coparticipación) nos deben 50 mil millones de pesos; nadie les pide la plata constante y sonante, estamos pidiendo títulos, bonos al año 2030 o cuando sea, sin embargo ni siquiera reconocen de cuánto es la deuda”, agregó.


Además, existe malestar en el Frente Progresista porque en el marco de la campaña hay candidatos de Cambiemos que tratan de capitalizar decisiones judiciales. La aclaración le cabe al diputado del PRO, Luciano Laspina, quien valoró que la Nación pague el 15 por ciento de coparticipación que se le descontaba a la provincia, cuando es un fallo de la Corte lo que obliga a cumplir.


Para el oficialismo provincial no hay ninguna decisión política de la Casa Rosada de devolver el 15 por ciento de coparticipación, lo que hay es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia para que no descuenten lo que constitucionalmente corresponde a Santa Fe. O sea, el gobierno del presidente Macri cumple parcialmente porque no paga la deuda que se generó con ese descuento ilegal.


El diputado nacional y ex gobernador Hermes Binner salió este martes a criticar al gobierno nacional por nula “voluntad política” para saldar la deuda que mantiene con Santa Fe. “La provincia espera que se cumpla con la resolución de la Corte Suprema. Fuimos al último recurso, de aquí en más no hay más que cumplir con el fallo.  No hay otra instancia, si no hay cumplimiento en 45 días debería haber un nuevo fallo en el que la Corte reasigne directamente los recursos”, dijo el referente del socialismo.


De acuerdo a un estudio actualizado de la deuda que mantiene la Nación con los santafesinos, unos 50 mil millones de pesos es lo que la provincia debiera cobrar; existe predisposición oficial de aceptar cuotas, títulos y/o bonos para no condicionar presupuestariamente a la Nación. Miguel Lifschitz ya anticipó que si no aparece un plan de pagos podría presentar un nuevo juicio.


Una alta fuente del gobierno provincial dijo: “Es increíble que (en Cambiemos) quieran capitalizar una sentencia que los obliga legalmente a cumplir. Incluso en el gobierno de Cristina Kirchner se dejó de hacer esa detracción”. El speech que se aprendieron y repiten los dirigentes del PRO cae mal y no se termina de ajustar a la realidad, pero peor cae cómo se distribuyen recursos.

 

Datos objetivos

 

El ministro de Economía, Gonzalo Saglione, contó que según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, en los primeros cinco meses de 2017 la Nación “habría transferido aproximadamente 25 mil millones de pesos para ejecutar obras públicas en las provincias. A Santa Fe llegaron 170 millones de pesos: lo que es menos del 1 por ciento”.


Queda en evidencia que difícilmente se pueda plantear que se beneficia a la provincia. Un contraste entre lo que aporta y recibe Santa Fe es que tiene algo menos del 10 por ciento de la población total del país y representa entre el 8 y 9 por ciento de la producción nacional; por lo cual, asignar el 1 por ciento de obras no se condice con ningún tipo de criterio -más o menos- objetivo.


El ministro de la Producción y precandidato a diputado nacional, Luis Contigiani, invitó al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a mostrar “los números reales” de la inversión que hace la Nación en Santa Fe. De hecho, solicitó que el funcionario nacional lo haga público y que no incluya los anuncios sino las concreciones y lo que está en ejecución. “Si no, son discursos de campaña”, indicó.


Otro elemento objetivo salió a la luz a partir de los dichos del diputado del PRO, Luciano Laspina, quien remarcó que la Nación compensó el déficit del organismo previsional de Santa Fe. Consultado sobre este tema, Saglione explicó: “En 2016 el déficit de la Caja de Jubilaciones fue de unos 2.500 millones de pesos y el último día hábil del año recibimos de Nación 810 millones”.


“El dinero que se remitió representa una tercera parte del déficit, mientras que a Córdoba le dieron por el mismo concepto 5.000 millones de pesos; o Entre Ríos, que es tiene una caja bastante más chica que la nuestra, recibió 750 millones de pesos”, añadió el ministro de Economía de Santa Fe. A su vez, recordó que esos aportes están obligados por la ley Nº 27.260.


“La inversión real directa más la transferencia de capital que hizo la Nación en la provincia entre enero y mayo de 2017 asciende a 2.185 millones de pesos. En tanto que los gastos de capital ejecutados por el gobierno de la provincia en ese mismo período de tiempo es de 5.489 millones de pesos”. Con esa frase, el ministro Saglione ejemplificó cuál es el impacto de la inversión propia.


Al desagregar la información, contó que el primer semestre de 2017 cerró con una inversión en obras públicas de 4.500 millones de pesos sobre un total de 7.200 millones de gastos de capital. Eso representa un aumento del 113 por ciento respecto de igual período del año anterior, pero además, tiene un efecto contracíclico en un momento de detracción del mercado interno.


En el Ministerio de Economía subrayan que lo presupuestado en el 2016 ya había significado un aumento de más del 50 por ciento respecto al año anterior y que se ejecutó el 90 por ciento de los montos. Así se alcanzó un porcentaje récord en cumplimiento de plazos y de obras; por eso la insistencia del gobierno de Miguel Lifschitz para conseguir financiamiento.


Según datos del último informe del IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción), de abril pasado, Santa Fe registró la tasa más alta de puestos registrados en la construcción con el 14,4 por ciento, el doble del promedio país. Por debajo de Santa Fe se ubicó Mendoza, con el 14,3; Entre Ríos, con 13,4 por ciento; y Ciudad de Buenos Aires, con el 10.5 por ciento.


Por último, otra variable que muestran en Economía para exponer el dinamismo en el sector responde al despacho de cemento que en Santa Fe creció un 25,8 por ciento anual en marzo mientras que en el país se registró en un 16 por ciento. Ahora bien, en el gobierno provincial tienen para publicar cómo se gasta y en qué, y por eso exigen a la Nación que sea más ecuánime en la distribución de fondos.

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