Provincia
16-05-2017
El lado oscuro de la red

La denuncia de delitos contra la integridad sexual –a través del modo tradicional o del uso de internet–, crecieron un 50 por ciento en los últimos tres años. La mayoría de las víctimas son menores de edad. Desde el ministerio de la Unidad Fiscal de Rosario se trabaja en la investigación y clasificación de estos crímenes, y reclaman una legislación que contemple las nuevas modalidades surgidas en años recientes, como la “pornovenganza”.

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Carina Ortiz | Cruz del Sur

 

Las denuncias diarias por delitos contra la integridad sexual casi se duplicaron en los últimos tres años. En el 60 por ciento de los casos se trata de abusos sexuales y, dentro de este último índice, son niños y adolescentes las víctimas del 80 por ciento de los ataques. Por lo general el perpetrador pertenece al círculo familiar o más cercano a la víctima.


Asimismo, en la provincia se denuncia un caso por día del delito de pornografía infantil. También existe un alto número de casos de grooming (cuando un adulto busca ganarse la confianza de un menor de edad con el fin de disminuir sus inhibiciones y poder abusar de él).


Si bien se avanzó en recursos humanos y tecnológicos para enfrentar al ciberdelito sexual, la realidad apunta a la necesidad de nuevas figuras legales. El jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, Matías Ocariz, explicó la existencia de algunos proyectos de ley para incorporar, por ejemplo, la pornovenganza.





En cuanto a la explotación o facilitamiento de la prostitución, el mismo Ocariz sostuvo que en la ciudad es un delito que fue atomizado. En ese sentido, refirió que las estadísticas hablan de la existencia de unos 400 privados que, en un gran porcentaje, se encuentran cooperativizados.

 

Codificación

 

El Código Penal le dedica un capítulo a los delitos contra la integridad sexual. Estas conductas están reguladas desde el artículo 119 al 133. Abuso sexual en sus diversas variantes, corrupción de menores, explotación o facilitamiento de la prostitución, pornografía infantil, ciberacoso o grooming (en inglés, el término refiere el aseo, por lo general de animales, y alude al acto de acicalar –”franelear”, según nuestro lunfardo– a una mascota), exhibiciones obscenas o el antiguo estupro, son parte del abanico de los delitos que son condenados por la normativa. Desde 2014, con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, la política de persecución que fijó el Ministerio Público de la Acusación para la provincia determinó la creación de unidades especializadas, entre ellas la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, cuyo titular es Matías Ocariz.


Según los datos que brindó el funcionario, en los últimos años hubo un incremento importante en las denuncias. Explicó que en 2013 había 1.4 denuncias diarias por delitos contra la integridad sexual, hoy el promedio es de 2.2, es decir que hubo un aumento de un 50 por ciento. El fiscal sostuvo que en el verano hay un mayor caudal de denuncias, llegan casi 3 presentaciones por día.


Ocariz refirió que hay varios factores que llevaron al incremento de las denuncias, no estima que el alza se deba a una mayor consumación de este tipo de delitos ya que siempre hubo “una cifra negra enorme, cercana al 90 por ciento”, dijo refiriéndose al número de casos que no llegan a conocerse en ningún despacho. Entiende que hay factores que incidieron en el mayor caudal de denuncias: “tiene que ver con los medios de comunicación”, señaló.


“Se empezó a visibilizar mucho más la problemática –continuó el funcionario– tanto por las noticias como por campañas de concientización, son cuestiones que hay que denunciar no silenciar”. A ello sumó el abordaje integral, interdisciplinario, de este tipo de conducta, así como la existencia de una unidad especial para afrontarlos y los resultados que se obtienen en las investigaciones, lo que genera más confianza para denunciar, detalló.

 

Privados

 

En lo que se refiere al delito de explotación o facilitamiento de la prostitución, el funcionario refirió que trabajan con la agencia de trata provincial que depende de la Policía de Investigaciones (PDI). Y en lo que atañe a la prostitución, el fiscal sostuvo que no es un delito en sí mismo, como tampoco una contravención. Pero cuando existe explotación o facilitamiento para su ejercicio, el caso ingresa a las arenas del derecho penal.


El fiscal sostuvo que tanto la explotación como el facilitamiento de la prostitución es violencia contra la mujer y refirió que en Rosario, por lo general, no se encuentran fenómenos de trata de personas. Se refería a la captación de personas para que ejerzan como meretrices. Sostuvo que las rutas de trata –que es un delito federal–, en algunas oportunidades llegan a la ciudad personas captadas en otros lugares, pero no integran el mayor caudal de meretrices de la urbe. Explicó que en Rosario, en general, no hay fenómenos de ejercicio de violencia psíquica, física o económica, tampoco se encuentran muchos casos de menores de edad explotadas aunque aclaró que este panorama cambia totalmente en el norte provincial.


El fiscal explicó que, en la ciudad, es una problemática que hoy está atomizada y las estadísticas demuestran que actualmente existen en la jurisdicción alrededor de unos 400 privados (departamentos o domicilios que disimulan su condición prostibularia). Ello significa que los lugares donde se ejerce la prostitución no son visibilizados desde el exterior, generalmente son casas o edificios. De ese fenómeno, un gran porcentaje son cooperativas de mujeres que se juntan para realizar trabajos sexuales y cobrar por ello.

 

Los niños primero, lamentablemente

 

El abuso sexual es una problemática difícil de investigar, en especial cuando tiene como víctima a un niño o un adolescente. El fiscal Ocariz explicó que dentro de los delitos contra la integridad sexual, el 60 por ciento de las denuncias son abusos sexuales. De ellos, en el 80 por ciento de los casos, las víctimas son niños o adolescentes.


En cuanto al delito “pornografía infantil”, el fiscal Ocariz sostuvo que hay reportes que llegan todas las semanas, y afirmó: “A nivel provincial podemos estar hablando como mínimo de un caso por día”. El reporte identifica el ingreso a la red social por el IP de la computadora. A través de las empresas proveedoras de internet, se puede determinar a qué domicilio fue designado ese IP, aunque aclaró que no todas las empresas tienen la posibilidad de identificarlo. Generalmente, este delito que consiste en hacer circular, publicar, facilitar o divulgar imágenes de menores de edad en actividades sexuales explícitas o cualquier representación de sus partes genitales con fines sexuales, se reproducen en cibers y no todas las veces puede recuperarse el material.


Esos reportes llegan a través de la organización conocida como Missing Children, la que tiene un convenio con el gobierno estadounidense, avalado por el Congreso de ese país, y obliga a las redes sociales a reportar a esta organización la aparición de publicaciones relacionadas con pornografía infantil, detalló el funcionario. Luego de identificar la IP, desde la ONG notifican a la fiscalía de Buenos Aires que remite a la autoridad local la información, en este caso el Ministerio de la Acusación.

 

Ciberdelito y pornovenganza

 

El delito de grooming o ciberacoso se incorporó a la legislación en 2013 y se consuma cuando, por medio de comunicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, se contacta a un menor con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual.


El fiscal refirió que es abundante el caudal de denuncias de este tipo de delitos, incluso hay condenas, a través de juicios abreviados, por grooming. Sostuvo que es una figura “muy bienvenida” aunque refirió que aún faltan algunas figuras penales vinculadas al ciberdelito sexual: “Hay algunos proyectos de ley que están avanzando, como el denominado pornovenganza”.


Refirió que se trata de imágenes, videos o fotos que se toman en un primer momento de manera consentida entre personas que mantienen relaciones sexuales. Pero después, por algún tipo de conflicto, una de las partes exhibe públicamente ese material, que termina viralizándose. Hoy esa conducta puede encuadrarse en una injuria, que no es un delito contra la integridad sexual. Esas imágenes por lo general van acompañadas de calificativos despectivos, por lo que se puede echar mano a la injuria, que es de instancia privada, es decir que no lo persigue la fiscalía y debe impulsarlo la víctima, según Ocariz.


El ciberdelito es una modalidad de comisión que avanza a niveles súper acelerados, sostuvo el fiscal. Lo que obliga a los investigadores a estar innovando casi a diario en la investigación y a la busca de nuevas tecnologías. También sostuvo que hoy la fiscalía cuenta con herramientas para afrontar este tipo de investigaciones que son provistas por la provincia, aunque refirió que más recursos implicaría un mayor caudal de investigaciones.

 

Ángel Guardián

 

En noviembre pasado, en un operativo coordinado entre diferentes provincias, se llevó adelante la operación Ángel Guardián. La fiscalía de la ciudad autónoma de Buenos Aires determinó la existencia de un pedófilo que tenía 90 víctimas de grooming en Argentina y otras tantas en otros países como Perú, Colombia, México y Uruguay. El hombre, de nacionalidad peruana, utilizaba la red social Facebook con distintos perfiles falsos. Tenía un modus operandi: la misma forma de presionar y obtener fotografías y videos de producción casera. En ellas, las victimas aparecían desnudas, en posiciones o actividades explícitamente sexuales. Luego de lograr el material dejaba de contactarlas.


En aquella oportunidad se coordinó un operativo entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Chubut, Santa Cruz, San Luis, Chaco, Catamarca, Misiones, La Pampa y Salta. En Rosario, Ocariz explicó que hubo 12 víctimas y cuando la fiscalía logró acceder a las casas de los menores, sólo en un caso los padres o tutores conocían el hecho.


En cuanto al victimario, el fiscal sostuvo que los agresores son siempre hombres relativamente jóvenes, de entre 30 y 45 años, aunque puede haber casos de delincuentes más jóvenes y mayores. Normalmente son personas instruidas y con conocimiento de tecnología. También con trabajos estables.

 

Prevención

 

Para el fiscal lo fundamental es la prevención. También el rol de la escuela. Sostuvo que algunos establecimientos están convocando a la fiscalía para brindar charlas sobre el tema. Insistió en que, dependiendo de las edades, es importante controlar lo que los niños hacen en internet, fijar filtros y mantener un diálogo abierto para que, ante cualquier duda, los más chicos consulten.

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Lunes 25 de Septiembre de 2017
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