Sociedad
03-05-2017
Salud mental: cómo controlar la excepción

Con la ley sancionada en 2010 los jueces ya no tienen la potestad de internar de manera compulsiva a un paciente, sino que debe evaluarlo un equipo interdisciplinario en el efector sanitario. Sin embargo, existen dificultades para el control judicial. Desde Tribunales aseguran que el sistema no es aún efectivo para dar respuesta a los casos de adicciones.

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Carina Ortiz | Cruz del Sur


La ley de Salud Mental fue sancionada en el año 2010 y trajo aparejada la incorporación de nuevas bases en la materia, entre ellas la desmanicomialización y los tratamientos ambulatorios como regla. Tras esta norma, que prohibió la creación de nuevas clínicas u hospitales psiquiátricos, la internación se convirtió en la excepción que, al producirse en forma involuntaria, requiere un control judicial. En la práctica la dificultad se plasma en la escasa notificación de ésta decisión médica al juez de familia, especialmente de los efectores privados, lo que no solo dificulta el conocimiento judicial de la medida tomada sino los posteriores controles de legalidad de dicha internación.


Antes de 2010 muchas personas acudían a los jueces de familia para solicitar la internación de un familiar, ya sea por problemas de adicción o enfermedad mental. Con el devenir de la ley nacional se suprimió esta facultad, el juez ya no puede ordenar un encierro involuntario en una clínica u hospital psiquiátrico. El nuevo Código Civil y Comercial –que entró en vigencia en agosto de 2015– establece que la capacidad de una persona se presume y las limitaciones a ella son de carácter excepcional, a su vez sostiene que deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas a los derechos y libertades.


En su artículo 41 regla la internación de un paciente sin su consentimiento y para ello, la decisión debe estar fundada en una evaluación de un equipo interdisciplinario que especifique los motivos que justifican la medida. Para la norma, este recurso es la última opción y debe garantizarse el control judicial post internación.

 

La ley

 

Esta normativa se encuentra regulada por la ley nacional N° 26.657, que a su vez acoge instrumentos internacionales sobre el tema. La norma incluye a las adicciones dentro del área de salud mental y dispone un tratamiento integral de la problemática. Fija así la obligatoriedad de un abordaje interdisciplinario y un encierro por el menor tiempo posible.


La norma hace una clasificación entre internaciones voluntarias e involuntarias. Ambas son dispuestas por un equipo interdisciplinario aunque en el primer caso existe un consentimiento del paciente. Si se trata de menores de 18 años –aunque den su anuencia–, o si la internación se extiende más allá de los 60 días debe comunicarse al juez y se abre una segunda fase que es la del control judicial. También, una internación se convierte en involuntaria cuando se inicia voluntariamente y el equipo interdisciplinario considera que la persona está en riesgo.

 

La excepción

 

La internación involuntaria es de absoluta excepción, la dispone el equipo interdisciplinario cuando hay un riesgo para el paciente o para terceros y no hay un tratamiento alternativo para el caso. También, cuando hay personas con enfermedades mentales o adicciones declaradas incapaces judicialmente o cuando un juez penal declaró inimputable a un paciente. En este último caso, si el equipo médico determina su externación debe previamente notificar al juez penal.


El juez de familia Marcelo Molina explicó que las internaciones involuntarias están sujetas a un control judicial muy estricto. Sostuvo que los magistrados ya no disponen estas medidas sino que lo hace el efector de salud mental a través de su equipo interdisciplinario que tiene que comunicar la decisión al juez que efectúa un control de legalidad. La notificación debe realizarse dentro de las 48 horas de producida la internación y presentar en el Juzgado la documentación que respalde el caso, pero en la práctica ello no se hace; en especial, hay algunos inconvenientes con los efectores privados, sostuvo.


Molina explicó que previa a la internación los jueces tienen la facultad de disponer un traslado compulsivo a la clínica o al hospital cuando el paciente no quiere ir. Una vez en el lugar, es el equipo interdisciplinario quien dispone si corresponde la internación. En algunos casos, familiares de una persona que se niega a ser revisada por un profesional de la psiquiatría hacen un pedido judicial. En esos casos se presentan certificados médicos si los hubiere, aunque en situaciones de emergencia se piden informes, en forma urgente, al médico forense o policial para determinar la verosimilitud del pedido que en casi la totalidad de los casos es real, refirió. Puede suceder que se traslade a la persona y luego de la atención médica el profesional determine que no es necesaria la internación, “lo que autorizamos es que la policía, el SIES o quien corresponda, allanen el domicilio y procedan al traslado, es una situación de excepción”, explicó.


El magistrado refirió que los pedidos judiciales han disminuido mucho porque antes se necesitaba la autorización judicial para internar de modo compulsivo: era el juez el que lo decidía. Actualmente, en muchos casos se logra el traslado voluntario del paciente al hospital, por ya no es necesaria la intervención del juez para la derivación al efector.


Una vez que la persona es internada involuntariamente debe iniciarse un control de legalidad y cada 30 días la clínica o el hospital psiquiátrico debe presentar un informe sobre la evolución del paciente.

 

Adicciones

 

Molina sostuvo que el sistema está mucho más preparado para problemas de salud mental y no tanto para adicciones. Refirió que los centros que existen en la provincia para tratar estas problemáticas son de puertas abiertas y en ocasiones hay presentaciones judiciales para traslados de personas a la provincia de Buenos Aires donde hay centros de puertas cerradas. Refirió que la ley de salud mental es muy clara, el tratamiento tiene que ser en el centro de vida de la persona en tratamiento. Para que se disponga el traslado fuera de la provincia, en un caso de una internación involuntaria, tiene que haber un justificativo terapéutico válido.


El magistrado refirió que existen complicaciones cuando se combina la internación psiquiátrica con medidas excepcionales aplicadas a niños o adolescentes, porque hay dos controles de legalidad. En cuestiones de niñez hay un organismo del Estado que, a pesar de sus dificultades, funciona. En lo que respecta a la ley de salud mental el control estatal aún está en los primeros albores, detalló.


La ley nacional establece la creación de un órgano de control y en las provincias ello debe replicarse. La norma dispone el deber de anoticiar a ese órgano de control y al juez la internación involuntaria de una persona. Desde Tribunales explicaron que no hay posibilidad de conocer la decisión de internar involuntariamente si el efector público o privado no anoticia a la Justicia y los jueces no tienen poder de policía en ese aspecto. El mayor escollo se encuentra con las clínicas privadas. Por su parte, el Iapos –la obra social del personal estatal santafesino– es uno de los organismos que ha buscado controlar este tema aunque ello solo incluye a sus afiliados.

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