Sociedad
12-04-2017
Quién controla los arrestos domiciliarios

En Rosario existen 228 imputados que cumplen prisión preventiva en sus viviendas. Ante la ausencia de herramientas judiciales efectivas, la policía es el único organismo de vigilancia.

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Carina Ortiz | Cruz del Sur


El arresto domiciliario durante el período de investigación que hacen los fiscales de una causa morigera la prisión preventiva. Esta medida, que involucra a sospechosos o acusados que aún no tienen sentencia, ha sembrado dudas en la sociedad cada vez que uno de sus beneficiarios volvió a infringir la ley.


La prisión domiciliaria es una herramienta legal que refleja el espíritu del nuevo sistema procesal penal, donde la restricción a la libertad de las personas debe ser la excepción y su restricción se aplica a los fines de asegurar el proceso. Actualmente en Rosario, a disposición del Colegio de Jueces de la 2° Circunscripción, existen 228 imputados en estas condiciones. En la práctica, el control del cumplimiento de estas medidas las lleva a cabo la policía y no existe un órgano que centralice dicho control.


La Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas (Omas) fue un proyecto que nació de la mano del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Fue presentado en el año 2012 a la Corte Suprema de Justicia y comenzó a implementarse en octubre de 2013 tras la firma de un convenio en el que Inecip sostuvo económicamente el proyecto hasta diciembre de 2014. Tras alguna prórroga, la oficina se mantuvo abierta hasta fines de julio de 2015 en un intento de sostener la herramienta.


El objetivo de la oficina fue intensificar el uso de medidas cautelares y controlar su cumplimiento. Omas inició esta tarea en el sistema de transición y luego, a partir de febrero de 2014, se extendió al nuevo sistema penal. Si bien la oficina era limitada en su personal –contaban con una directora que era abogada, una terapista ocupacional y una asistente social–, según la evaluación del Poder Judicial la experiencia tuvo muy buenos resultados. Llevó adelante la supervisión de 243 legajos de los cuales 149 imputados –del sistema conclusional y del nuevo sistema– contaban con arresto domiciliario. Pero al finalizar el sostenimiento del proyecto por parte de Inecip se generó una puja entre la Justicia y el Poder Ejecutivo.


Los camaristas Daniel Acosta y Alfredo Ivaldi Artacho, directores de Omas, defendieron la continuidad de la oficina y valoraron sus bondades mientras que el entonces ministro de Justicia, Juan Lewis, tuvo una mirada crítica y tildó de fallida la experiencia, tras lo cual no avaló los dos contratos que se necesitaban para mantener la oficina.


El control


Tras la desaparición de la Omas y la necesidad de absorber la tarea que esta oficina realizaba, el control de las medidas se vio abordada por varios actores aunque ninguno de ellos centralizó la supervisión de estos controles. A ello se sumó que el cumplimiento de los arrestos domiciliarios quedó exclusivamente en manos de la policía, lo que generó desconfianzas y no conforma a los operadores del sistema.


Según refirió una fuente de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de primera instancia, cuando un juez –dentro de la instrucción penal preparatoria y en el marco de la prisión preventiva– dicta un arresto domiciliario la oficina emite un oficio con la resolución, que es remitido a la comisaría con jurisdicción en el lugar del domicilio fijado para el cumplimiento de la prisión domiciliaria. Luego, la autoridad policial realiza el control en la vivienda e informa periódicamente a OGJ.


Es decir que la oficina de Gestión realiza un trabajo administrativo que consiste en acopiar la información. En el caso de un incumplimiento la OGJ da aviso a la Fiscalía. Desde ministerio Público de la Acusación informaron que la fiscalía no tiene injerencia sobre el control de la medida propiamente dicha y solo interviene en caso de violación al arresto domiciliario. En ese caso, solicita una audiencia ante el juez de trámite y requiere la revocación del beneficio.


La fuente fiscal sostuvo que tras el cierre de Omas la fiscalía presentó un proyecto al ministerio de Seguridad, por entonces a cargo de Raúl Lamberto, para hacerse cargo de los controles de las detenciones domiciliarias pero ello no avanzó y quedó en “stand by”.


Por su parte, un vocero del ministerio de Seguridad se limitó a decir que la policía es un auxiliar de la Justicia, y ésta última es la autoridad que dispone cómo llevar adelante la medida. Cabe aclarar que una vez dictada la prisión domiciliaria no corresponde al juez de garantía su control.


De lo que se desprende que no hay un órgano definido que tenga la potestad de un control estricto de los arrestos domiciliarios y queda en manos de las fuerzas policiales cómo se realiza esa inspección.


Proyecto


En noviembre de 2015 los ex directores de Omas presentaron un proyecto ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia para reflotar la oficina con personal del Poder Judicial, con la asignación de recursos humanos que prestan servicios en el viejo sistema y deben migrar al nuevo sistema penal. El proyecto implicaba un jefe de unidad a cargo de un abogado, dos trabajadores sociales, dos terapistas ocupacionales, un psicólogo, un comunicador social y cuatro empleados administrativos.


La Omas no fue solo un proyecto de una ONG que dio resultados en Santa Fe, según fuentes judiciales. Esta figura fue acogida por el Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, en su ley de implementación N° 27.150, que aún no se encuentra vigente. El digesto incorpora este instituto a través de su artículo 29 y lo ubica bajo la órbita de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. En Santa Fe se busca que esta oficina dependa del Poder Judicial. Trascendió que a principios de este año, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Erbeta, solicitó el reenvió del proyecto a la Corte aunque hasta la fecha sigue siendo sólo una buena intensión.

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Miércoles 13 de Diciembre de 2017
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