Sociedad
05-04-2017
Megaestafa: piden duras penas y embargos millonarios

Los fiscales Narvaja y Haurigot presentaron la requisitoria de elevación a juicio para once personas acusadas de cinco casos de fraude inmobiliario, ocurridos con propiedades en Villa Amelia y Rosario, además de lavado de activos, entre otros delitos. Los pedidos alcanzan los 14 años de cárcel y multas por 530 millones de pesos.

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Penas de hasta 14 años de cárcel y multas por 530 millones de pesos son las cifras que se destacan en la presentación de la acusación contra once personas que hizo el pasado lunes la Unidad de Delitos Complejos y Económicos ante la Oficina de Gestión Judicial en el marco de la megaestafa, como se conoce el fraude llevado adelante con cinco propiedades por parte de una banda integrada por profesionales y empresarios que estalló en octubre del año pasado. En la misma causa, este martes la Cámara Penal rechazó la pretensión del Estado provincial de presentarse como querellante en este caso, luego de una apelación de las defensas a la admisión a la que había hecho lugar una jueza de primera instancia.


La presentación de la requisitoria de elevación a juicio corrió por cuenta de los fiscales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot. Los pedidos de millonarias multas alcanzan a los considerados organizadores de la asociación ilícita dedicada al fraude inmobiliario y al lavado de dinero, según la acusación. Allí figuran el contador y dueño de una clínica de implantes dentales Marcelo Jaef; el propietario de concesionarias de autos Leandro “Lelo” Pérez (involucrado en una causa por lavado en el fuero federal a partir de su agencia Reina Automotores, vinculada con el narco Luis Medina), y el dirigente sindical Maximiliano González de Gaetano, para quienes los funcionarios judiciales pidieron multas de 73.036.000 pesos y penas de siete años de cárcel para cada uno. 


En una escala inferior se encuentran el desarrollador inmobiliario (conocido por la torre Aqualina) y operador bursátil Jorge Oneto; el también dueño de concesionarias Juan Roberto Aymo, y los escribanos públicos Juan Bautista Aliau, Luis María Kurtzeman y Eduardo Torres (éste un ex convicto por irregularidades profesionales). Para ellos hubo un pedido de multas por 54.777.000 pesos a cada uno. El empresario enfrenta expectativa de condena por cuatro años y seis meses mientras que para el comerciante la solicitud fue de 14 años. Igual pena fue pedida para Torres, mientras que sus dos colegas pueden ser sentenciados a 5 años y 6 meses. Igualmente estos tres notarios enfrentan una inhabilitación especial por diez años para ejercer su profesión.


Para el gerente general del diario La Capital y operador inmobiliario Pablo Abdala hubo un pedido de multa por 36.518.000 pesos y de cuatro años y seis meses de prisión. La mujer de Aymo, Ramona Rodríguez, y el ex chofer de este último, Jonatan Zárate, enfrentan solicitud de multa por 100 mil pesos y expectativa de pena de tres años y medio. El caso tiene un prófugo, Tránsito Manuel Portillo Retamar, quien según la acusación fungía como testaferro en el grupo cercano a Aymo.


La operatoria


Según la acusación la banda falsificaba poderes de los legítimos propietarios para iniciar una cadena de compras y ventas truchas con el fin de ingresar el bien al circuito legal. Para ello era fundamental el fronting, la fachada, o sea la capacidad patrimonial y los contactos sociales para aparentar la licitud de esas operaciones en algunos de los integrantes de las tres células –divididas por capacidad económica-financiera y estrato social– que conformaban la red.


Asociación ilícita, lavado de activos, estafa y falsedad ideológica son algunos delitos que les imputaron en el fuero provincial a los detenidos, a quienes les atribuyen vínculos con el narcotráfico, tras una pesquisa de dos años. Para la Fiscalía, Aymo era el encargado de ubicar inmuebles para la operatoria delictiva, además de conseguir prestanombres y contactar al escribano Torres para los movimientos iniciales del fraude, del que se presume que pudo haber participado algún empleado del Registro de la Propiedad. En la célula intermedia González de Gaetano –titular de la mutual del ignoto Sindicato Único de Monteros Argentinos– y Pérez eran según la acusación organizadores y financistas de parte de la operatoria y en el caso de este último el nexo con la cima de la pirámide social de la gavilla. Allí operaban Jaef, Oneto y Abdala con los bienes lícitos y los contactos sociales como para actuar como fronting, con el notario Kurtzemann como facilitador de las maniobras de alta gama, describe la acusación.


Los campos de Villa Amelia


La pesquisa tomó impulso luego del desapoderamiento de un campo de 124 hectáreas que era propiedad de la viuda del ex camarista penal Ernesto Navarro y es conocido como caso Luppi, donde los acusados se proponían montar un parque industrial. Ana Luppi, viuda del ex camarista Navarro, detectó la venta apócrifa en mayo de 2015, cuando le pidió a su hijo que revisara por la web los impuestos porque ya no le llegaban. Allí su hijo descubrió que el Cuit que figuraba no era el de su madre. Al día siguiente solicitaron informes al Registro de la Propiedad y descubrieron que el 13 febrero de 2014, en la escribanía de Torres, se había firmado un poder de la dueña del campo a Aymo para concretar la venta.


Este documento apócrifo, según la Fiscalía, se utilizó el 31 de marzo de ese año cuando Aymo vendió la propiedad a González de Gaetano por 3 millones de pesos en la escribanía de Aliau, que luego inscribió la compraventa a sabiendas de que era un fraude. Este lo vendió a Jaef y Abdala en 3.200.000 pesos, en la escribanía de Aliau y con intermediación de Pérez, y estos en mayo de 2015 se lo vendieron a Oneto por 3.500.000 de pesos, transacción que documentó Kurtzemann, aunque no se pagó en efectivo sino que se cambió por tres propiedades, dos de ellas en la torre Aqualina.


Luego se produjo una nueva venta, esta vez por boleto de compraventa a un tercero, quien al parecer no sabía de la operatoria ilegal. Según la viuda de Navarro, ella jamás había firmado poder alguno y desconocía a quienes figuraban como dueños. Ella dijo haberse contactado con Jaef al descubrir que el Cuit de éste figuraba en el Registro y que el empresario le dijo: “Si usted es mala conmigo yo voy a tener que ser malo con usted”.


En un campo lindero con éste se produjo según la Fiscalía una maniobra similar, conocida como caso Achaga, en la que Portillo Retamar figura como testaferro. Según la denuncia, el heredero del lugar, un primo del titular, explicó que en el campo había un cuidador que fue golpeado por una patota que llegó armada en dos autos importados. Cuando el vigilador volvió a los dos días aparecieron de nuevo y lo amedrentaron. Finalmente vinieron con un camión y demolieron la construcción. El fraude se produjo, según la acusación, en la mitad de esa propiedad.


También figuran en esta investigación los casos Marelli (frustrada compraventa fraudulenta de los inmuebles de Presidente Roca 8 y 20 de Rosario), Giménez, maniobra similar con un predio de Córdoba 7654, y Coman, en Viamonte 5390.


Querellante rechazado


En la misma causa, ayer el camarista Daniel Acosta decidió revocar un fallo de primera instancia por el cual la jueza Mónica Lamperti había aceptado, en diciembre pasado, al Estado provincial como querellante en la causa. Según la Cámara Penal, no están dadas las condiciones para esa pretensión.


De todos los imputados, sólo hay tres que siguen detenidos, Pérez, Aliau y Jaef, cuyas prisiones preventivas se debatieron también ayer, aunque la resolución se postergó, al igual que el fallo por las fianzas de Kurtzemann y Oneto.

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