Provincia
15-03-2017
“Merecemos saber qué ocurrió con el Banco de Santa Fe”
En esos términos el gobernador Lifschitz anunció que la provincia será querellante en la causa por la privatización de la entidad y desclasificará el Informe Nogueras. El mandatario remarcó que “al menos para la historia, deben quedar escritos los nombres de los responsables”.
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El gobernador Miguel Lifschitz dijo a periodistas santafesinos que la Justicia Federal dio una oportunidad al gobierno que encabeza para que se presente como querellante en la Causa Banco de Santa Fe, que lleva 20 años, nunca avanzó demasiado y prácticamente estaba cerrada. Ahora, gracias a un fiscal de Santa Fe y la Cámara Federal de Rosario la causa se va a reabrir.


“Esto –destacó el mandatario– nos da una oportunidad de volver sobre el tema. Quizás no podamos encontrar responsables penales pero los santafesinos merecemos saber con claridad qué es lo qué ocurrió con nuestro Banco de Santa Fe”.


Además, Lifschitz agregó: “La provincia será querellante en la causa. Esto nos va a permitir movilizar la causa y avanzar hasta donde sea posible. También, dispusimos la desclasificación del informe de la comisión Nogueras. Vamos a poner este informe a disposición de la Justicia y de los santafesinos. Todos podremos recuperar esta parte de la historia santafesina que tantas consecuencias nos dejó en el presente. Hoy el Estado provincial no puede estimular con créditos a las industrias o productores agropecuarios porque no tenemos un banco como otras provincias”.


Finalmente, el gobernador de Santa Fe remarcó que “al menos para la historia, los nombres de los responsables tienen que quedar escritos y todos debemos saber quiénes fueron”.


El gobierno del Frente Progresista hizo un minucioso informe sobre el contexto espurio que se pergeñó en los 90 para vender la banca pública, y la Justicia –a pesar de las presiones– investiga las irregularidades entre 1984 y 1999.


En abril pasado, la Cámara Federal de Rosario (sala A) anuló un fallo de 2013 del juez federal Reinaldo Rodríguez que había declarado “extinguida la acción penal” contra los 44 imputados. De esa forma se reactivó la investigación –que involucra a ex directores de la entidad y varios ex ministros de Víctor Reviglio– y, recientemente, un pedido de la fiscalía para incorporar el dossier que hizo una comisión investigadora del caso en 1997.


Historia de un fraude


La causa figura bajo los autos Altieri, Carlos Edgardo-Alzueta, Julio Cesar, s/ infracción Ley 20.840 – Denunciante: Vellio, Alberto Raúl”, fue descripta por dirigentes de la Coalición Cívica-ARI como un “triste símbolo de la impunidad que hasta el día de hoy pone en crisis el funcionamiento de las instituciones de un Estado de derecho”.


Una parte del Informe Nogueras fue también utilizado por el Ministerio de Economía de la provincia, durante la gestión de Ángel Sciara, para determinar cuál fue el costo financiero real que tuvo la privatización. De allí surgió un número: 1.000 millones de dólares; pero también la metodología que se utilizó para dejar al Estado sin una de las “grandes joyas de la abuela”.


“Esos 1.000 millones de dólares (al momento en que Sciara y su equipo presentaron el estudio en 2014) equivalían en aquel entonces a la construcción de 2.653 centros de salud o 337 escuelas o 35 hospitales de alta complejidad”, expresaron.


Pichón Nogueras había dicho en 1997: “Hay dos formas de vaciar un banco, desde afuera (asaltándolo) o desde adentro, pero es esta última (la de desde adentro) la más fácil”. De esa manera resumió la conclusión de la investigación, que la Justicia no tuvo en cuenta y que la política desechó sin más explicaciones en aquellos años. A tal punto llegó la desidia, que lejos de romper con la corrupción en la entidad para sanearla se optó por privatizar.


“En otras palabras, en la práctica la privatización significó la transferencia de dinero del conjunto de la población santafesina a favor de grupos de interés privado. El proceso de regularización, saneamiento, privatización y liquidación del Banco Provincial de Santa Fe, significó para la provincia una pérdida neta final estimada de más de 1.000 millones de dólares estadounidenses”, dice el documento del Ministerio de Economía.


Los cuestionados hermanos Carlos y José Röhm, a través del Banco General de Negocios SA, se quedaron con la entidad al invertir 57.246.000 pesos (dólares, porque existía el uno a uno). “El Estado provincial incurrió en cuantiosos gastos a los fines de instrumentar la privatización. Más aún, asumió el pasivo contingente constituido por juicios seguidos contra el banco”, dice el informe del Ministerio de Economía.


Además, suma como dato que “el nuevo banco (en 1998) estaba compuesto por activos «buenos»: disponibilidades, títulos, bonos y valores por 472.193.000 pesos (todos fondos líquidos); cartera de préstamos por 68.845.000 pesos (clasificadas en categorías 1 y 2 por el BCRA); inmuebles por 20.000.000 de pesos; otros créditos realizables por 452.589.000 pesos, depósitos de terceros por 655.710.000 pesos; y otras obligaciones por intermediación financiera por 297.917.000 pesos”.

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Viernes 18 de Agosto de 2017
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